EscucharLo que resulta una herejía para los turistas extranjeros es una realidad para los italianos en el verano: pagar para estar en la playa pues la mitad son privadas, un negocio redondo y oscuro que el gobierno desea regular.
Presionado por la Unión Europea, el jefe de gobierno italiano, Mario Draghi, decidió poner las cosas en orden. A partir del 1 de enero de 2024, los llamados "establecimientos balnearios" -porciones de playa dadas en concesión a particulares- serán otorgados a través de una licitación pública prevista para 2023.
Tanto en las encantadoras costas de Liguria como en las bahías de la isla de Cerdeña es necesario mucho tiempo para encontrar una franja de arena con acceso libre y gratuito.
Miles de tumbonas y sombrillas en las kilométricas playas mediterráneas, divididas por secciones y colores, son operadas por un propietario diferente.
En algunos lugares, una sombrilla y dos tumbonas para la jornada llegan a costar hasta 100 euros (106 dólares), según la asociación de consumidores Codacons.
Mientras los operadores ganan fortunas, el Estado, al que pertenecen las playas, otorga concesiones a bajos precios y con oscuros criterios.
Esa política ha generado elevadas pérdidas al Estado y ha sido denunciada por favorecer la corrupción, la falta de competencia, el clientelismo y lo que es peor, la infiltración de organizaciones mafiosas para el lavado de dinero.
El caso de las concesiones a largo término y su renovación automática desde 1992 ha sido puesto en entredicho por la directiva Bolkestein del 2006 de la Unión Europea, que limita el tiempo de las concesiones y establece la obligación de la licitación pública.
La agencia italiana que gestiona los activos confiscados al crimen organizado (ANBSC) lanzó una licitación pública el mes pasado para la gestión de un balneario incautado a la mafia calabresa, el Lido Calajunco, en el sur de Italia.
El gobierno aún no ha decidido los mecanismos. No se sabe si el privado que obtiene el derecho a explotar un tramo de playa con un establecimiento balneario ya existente deberá indemnizar al concesionario saliente.
Una incertidumbre "inaceptable", sostiene Maurizio Rustignoli, presidente de Fiba-Confesercenti, representante de los establecimientos.
Para Fabio Di Vilio, de 38 años, del histórico establecimiento y restaurante La Scialuppa de Fregene, fundado en la década del 60 en el litoral romano, "la ley podría ser justa si se aplica con inteligencia, dando garantías a quienes históricamente han tenido la concesión".
Los italianos se han acostumbrado a través de los años a que las playas se conviertan en espacios privados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los 7.500 km de costa marítima, ha sido concedido a privados.
"Sería bueno que hubiera más playas libres, pero con la condición de que no se conviertan, como ocurre a menudo, en basureros. Deben ser controladas, tener contenedores para la basura", comenta un cliente de La Scialuppa, Luca Siciliano, de 71 años, pediatra jubilado, mientras toma el sol.
Los gestores de los establecimientos practican tarifas elevadas mientras que pagan cifras decididamente bajas.
El costo de una licencia es de unos 2.600 dólares al año desde 2021. Pero en realidad pagan mucho menos.
Por ejemplo, en 2020, las 59 concesiones del municipio de Arzachena, ubicado en la muy elegante Costa Esmeralda de Cerdeña, generaron al Estado 19.000 euros (20.000 dólares) y pagaron sólo 322 euros por año, según el diario Il Fatto Quotidiano.
Cerca de 6.000 establecimientos balnearios vigilados por el ministerio de Economía y Hacienda declararon unos ingresos promedio de 180.000 euros anuales (191.000 dólares) al año, con importantes diferencias entre ellos. Dos tercios no han declarado la totalidad de sus ingresos.
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