Escuchar"¿Dicen que soy extremo, pero extremo en qué?", se preguntó el candidato derechista a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, admirador de la dictadura de Augusto Pinochet y en sintonía con líderes como Jair Bolsonaro, Donald Trump y el partido Vox español.
"No me traten de ultraderecha, porque no lo soy", le rebatió a un periodista extranjero que lo conminó a definirse entre las posiciones clásicas de izquierda y derecha.
"Espero que me califiquen como un candidato del sentido común", agregó Kast, de 55 años, en un tenso encuentro con corresponsales de medios extranjeros una semana antes de las elecciones presidenciales de este domingo.
Las encuestas divulgadas hasta 15 días antes -por ley- lo daban por favorito. Le asignan alrededor de un 20% de los votos, para disputar una segunda vuelta frente a Gabriel Boric, el joven candidato de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista. Pero desde 2019, cuando los chilenos han sido convocados a varias consultas populares, los sondeos han tenido sonados desaciertos.
Este abogado militó por 20 años en el partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta que en 2019 creó el Partido Republicano que hoy lo lleva a su segundo intento electoral. En 2017 había alcanzado el cuarto lugar, con 7,93% de los votos.
Kast, casado y con nueve hijos, es un activo miembro del movimiento católico conservador Schoenstatt. Hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1951, su padre se alistó en el ejército durante el régimen nazi alemán, aunque el candidato ha dicho que fue por "obligación".
En Chile, su familia se instaló en la localidad de Paine, en las afueras de Santiago, donde hicieron fortuna con una fábrica de embutidos tradicionales alemanes y Bavaria, una cadena de restaurantes de la que se desvinculó hace pocos años.
Agrupaciones de derechos humanos denuncian que miembros de su familia colaboraron en la detención de opositores en la localidad de Paine durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En la recta final de la campaña, su pinochetismo asumido sin complejos volvió a ponerlo en aprietos en una sociedad chilena más sensible sobre este periodo oscuro de su historia. Una parte de la población, hoy minoritaria, aún recuerda con nostalgia "el orden" y el impulso económico que atribuyen al general que gobernó con mano de hierro durante 17 años.
El primer cargo público de Kast fue de concejal por la comuna de Buin (cerca de Paine), entre 1996 y 2000. Luego saltó al Parlamento y fue diputado por cuatro períodos consecutivos.
En esta nueva incursión presidencial mantiene la sonrisa y parsimonia que lo caracterizan, aunque al acercarse la elección se le vio más tenso tras ser obligado a remarcar su sabida admiración por la era Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.
"Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental", alegó Kast.
Desde su punto de vista, la Constitución que en 1980 se promulgó durante el régimen de Pinochet "contenía toda la transición a la democracia" y el gobierno militar entregó el poder tras un plebiscito. "Díganme ustedes ¿qué dictadura ha hecho eso?".
La frase reinstaló la principal crítica que pesa sobre sus hombros. Su defensa de la dictadura chilena, sobre todo por sus logros económicos, pese a las graves violaciones a los derechos humanos.
"Kast representante lo más recalcitrante de la derecha chilena, que lamentablemente sigue siendo un núcleo duro de pinochetismo, autoritarismo y xenofobia", dijo a la AFP Claudia Heiss, académica de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.
Pero él -agrega- tiene algo distinto a la derecha chilena más tradicional: "La tendencia de los populismos de derecha internacionales; Kast se alimenta de Bolsonaro, de Trump, sale bailando en Tiktok, hace cosas ridículas que sus antecesores no habrían hecho para apelar a un segmento popular que quiere orden".
En su programa de gobierno, propone la disminución del gasto público, una reducción tributaria y eliminar varios ministerios, entre ellos el de la Mujer.
Es el único de los siete candidatos que propone mantener el sistema de pensiones privados instaurado en la dictadura, muy criticado en la opinión pública.
Plantea la intervención de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, agobiada por el conflicto con indígenas mapuches y subir las penas de cárcel para los delitos comunes.
En una de las partes más polémicas, propone dentro de un estado de Excepción la detención en casas o lugares distintos a las cárceles de opositores y la clausura del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de la construcción de una zanja para evitar la entrada de inmigrantes irregulares.
También la derogación de los beneficios compensatorios a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y la creación de una "Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda".
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