EscucharTurbulenta desde el principio, la presidencia de Jair Bolsonaro, primer mandatario de extrema derecha elegido en las urnas en Brasil, ha estado marcada por su negación del covid, una deforestación récord en la Amazonía y el desafío a las instituciones.
El 28 de octubre de 2018, los brasileños eligen por primera vez a un presidente de extrema derecha, más de 30 años después del fin de la dictadura militar, de la cual este excapitán del ejército se dice nostálgico.
Bolsonaro asume el poder el 1 de enero de 2019 prometiendo "restablecer el orden", y lanzar una cruzada contra la criminalidad, la corrupción y la "ideología de izquierda".
Bolsonaro, que fue apuñalado durante la campaña electoral, dirigió el país desde el hospital en enero de 2019 y a mediados de 2021 debido a las secuelas que le obligaron a someterse a operaciones intestinales.
En lo que va de año, ha sido hospitalizado dos veces.
En uno de los países más violentos del mundo, el mandatario flexibilizó las leyes para facilitar el porte de armas de fuego y ampliar la definición de defensa personal.
Los permisos de porte de armas se sextuplicaron durante su mandato, mientras el Supremo Tribunal Federal analiza la constitucionalidad de algunos de estos decretos.
En 2019, el fuerte aumento en el número de incendios en la Amazonía brasileña suscitó un coro de críticas internacionales a las políticas de Bolsonaro, que según ambientalistas alientan la destrucción de bosques en pro de la agricultura, la ganadería y los proyectos mineros.
Durante su mandato, el promedio anual de deforestación en la Amazonía brasileña (que representa casi dos tercios de la mayor selva tropical del mundo) ha aumentado 75% con respecto a la década anterior.
Bolsonaro ha debilitado los organismos de vigilancia de la Amazonía y promovido la minería y la actividad agropecuaria en las zonas protegidas.
En enero de 2021, el cacique Raoni Matuktire pidió a la Corte Penal Internacional investigar por "crímenes contra la humanidad" al presidente brasileño, acusándolo de "perseguir" a los indígenas.
En 2019, el gobierno de Bolsonaro sancionó una ley de reforma del sistema de jubilaciones celebrada por los mercados, e inició una serie de privatizaciones que incluye la empresa de gestión del agua de Rio de Janeiro y una veintena de puertos y aeropuertos.
Bolsonaro minimizó la pandemia de coronavirus como una "gripecita", desafió las recomendaciones de la OMS y fustigó las medidas de confinamiento y el uso de mascarillas.
Multiplicó los ataques contra las vacunas en el segundo país más enlutado del mundo por la pandemia con casi 685.000 muertos.
Cuatro ministros desfilaron a la cabeza de la cartera de Salud (dos despidos, una renuncia).
El presidente es investigado por presuntamente haber hecho la vista gorda sobre un caso de vacunas compradas con sobreprecios.
En octubre de 2021, una comisión de investigación parlamentaria recomendó la inculpación de Bolsonaro por nueve crímenes por su gestión de la pandemia, incluyendo "crímenes contra la humanidad".
Decenas de miles de manifestantes pidieron su destitución por su gestión de la crisis sanitaria.
En noviembre de 2020, la fiscalía de Rio imputó al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente, acusado de desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero cuando era diputado regional del estado de Rio.
En junio de 2021 renunció el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, sospechoso de favorecer la exportación ilegal de madera de la Amazonía.
En marzo de 2022, el ministro de Educación Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, también dimitió tras sospechas de corrupción y tráfico de influencias a instancias de Bolsonaro.
En agosto de 2021, el máximo tribunal electoral abrió una investigación por los cuestionamientos de Bolsonaro, constantes y sin pruebas, a la fiabilidad del sistema de voto electrónico vigente en Brasil.
También la Corte Suprema ordenó una investigación contra el presidente por difusión de informaciones falsas.
Entre marzo y mayo de 2022, Bolsonaro forzó la salida de dos presidentes de la petrolera estatal Petrobras, así como la renuncia de su ministro de Energía, debido a desacuerdos sobre los aumentos al precio de la gasolina.
El 13 de julio, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, el Parlamento aprobó nuevas prestaciones sociales para los más pobres, mientras 33 millones de brasileños (17% de la población) sufre hambre.
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