EscucharEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este miércoles que prevalezca la impunidad en casos de desapariciones forzadas como lo reportó la ONU el martes.
"Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad", dijo el mandatario en su habitual conferencia diaria.
El presidente de izquierda respondió así también al llamado que hizo en su informe el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para desmilitarizar las tareas de seguridad en el país latinoamericano.
"Ellos (los delegados de la ONU) no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos", dijo López Obrador.
El análisis de Naciones Unidas es producto de la visita que hizo a México el Comité del 15 al 26 de noviembre pasado.
En sus conclusiones, el Comité pidió al gobierno mexicano que tome "medidas inmediatas" para poner fin a "la alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas", incluso de menores.
"El crimen organizado se ha convertido en el principal culpable de las desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de los servidores públicos", señaló la ONU.
Dicha "tragedia humana" está alimentada por una "absoluta impunidad" de los secuestradores, añadió el Comité.
El Registro Nacional de Desaparecidos de México reporta hasta este miércoles 98.947 personas desaparecidas.
El Comité de la ONU destacó que "las cifras oficiales muestran un aumento notable de desapariciones de niñas y niños pequeños a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres".
El mandatario aseguró que el gobierno está "trabajando" en esos casos.
Las desapariciones comenzaron en México con la llamada "guerra sucia" de las autoridades contra los movimientos revolucionarios de las décadas de 1960-1980.
Su número se disparó a partir de la década de 2000, con el aumento de la actividad de los narcotraficantes en México y la guerra que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró a los cárteles al inicio de su gobierno.
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