EscucharEl presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará a su gabinete ministerial tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, resultado de una nueva pugna con el Congreso, en un sorpresivo mensaje al país al borde de la medianoche del jueves.
"Habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su trabajo por el país, renovaré el gabinete", dijo Castillo en su mensaje transmitido desde Palacio de Gobierno por la televisora estatal.
La renuncia se produce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo izquierdista y el legislativo, controlado por las bancadas de derecha.
Precisamente horas antes de que se anunciara la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, comunicó que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.
El responsable del legislativo alegó que la decisión se tomó sin necesidad que el pleno debata la propuesta del gobierno "por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", según la ley.
El gobierno recurrió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo en el cual plantea proponer un referéndum, sin pasar por el filtro del Congreso.
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre el referéndum.
Castillo quiere promover un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economía más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.
El renunciante es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses.
El presidente peruano deberá nombrar un quinto gabinete en los próximos días, en momentos que enfrenta seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.
Es tradición en Perú que todos los ministros pongan sus cargos a disposición del presidente cuando dimite el primer ministro, quien es el encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete y de llevar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.
El nuevo jefe de gabinete debe ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir del día de su designación por Castillo.
En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, el gobierno considera que está habilitado legalmente para disolver el Congreso de acuerdo a la Constitución de Perú.
"El presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo y es por eso que el gabinete en crisis va a renovar el gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier", dijo la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un vocero del gobierno.
Esta aclaración abre las puertas a una interpretación pues el Congreso ha dicho que no le ha negado la confianza a Torres sino que su pedido era rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno.
Torres acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete ministerial del Gobierno, cargo que desempeñó hasta febrero.
Además del cerco judicial, Castillo ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 66% según los sondeos.
Esa creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.
Precisamente una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.
La nueva crisis política estalla el mismo día que una comisión del Congreso acordó tramitar una imputación de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.
Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso. Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.
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