EscucharNuevos enfrentamientos se produjeron este viernes en medio de las manifestaciones en Lima y en otras regiones del país contra la presidenta Dina Boluarte, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre.
Los choques se concentraron en las regiones La Libertad (norte), Arequipa y Puno (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.
En la región de Puno, una turba quemó la comisaría del distrito de Zepita e incendió un puesto aduanero en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, informó la televisión local.
En Arequipa, segunda ciudad del país, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.
En tanto, miles de manifestantes desfilaron desde la tarde por Lima coreando a viva voz: "¡Dina asesina!","¡Esta democracia no es una democracia!, ¡Dina el pueblo te repudia!".
La movilización se desarrolló pacífica aunque entrada la noche hubo disturbios menores en el centro histórico de la capital.
Con una bandera de Yunguyo (pueblo al borde del lago Titicaca en la frontera con Bolivia) a la espalda y ataviada con un sombrero de paja blanco, Olga Mamani, de 50 años, afirma: "Queremos la renuncia de Dina. Si ella no renuncia, el pueblo no estará en paz".
"La hoja de coca nos da fuerza para esta lucha que hemos iniciado, queremos que renuncie Dina y se cierre el Congreso (...) vamos a estar acá hasta las últimas consecuencias", dice de su lado Antonio Huamán, un campesino de 45 años con el rostro surcado, que llegó desde Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre.
El gobierno declaró el jueves el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para controlar el orden público.
Los disturbios se han cobrado 45 vidas -44 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
Fue reemplazado por Boluarte, quien fungía como vicepresidenta, pero es vista como "traidora" por los manifestantes.
En Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano, seguía sin reanudarse el viernes en el contexto de las protestas, mientras que el aeropuerto de Cusco reinició sus operaciones.
La suspensión de trenes a Machu Picchu dejó varados a 417 turistas entre ellos 300 extranjeros en el pueblo de Aguas Calientes, que se halla al pie de la montaña donde se levanta la famosa urbe incaica, según el gobierno.
"No pueden salir porque la vía férrea ha sido dañada en diferentes tramos. Algunos turistas han optado por salir caminando hasta Piscacucho (localidad cercana Ollantaytambo), pero es una caminata de seis horas o más y muy pocas personas pueden hacerlo", dijo a la prensa el ministro de Comercio Exterior, Luis Fernando Helguero.
"Estamos con la incertidumbre de saber si va a venir algún tren a recogernos. Como verán, todos los turistas aquí estamos haciendo cola (fila), están recolectando firmas y están empadronando" para evacuarnos dijo a la AFP el chileno Alem López.
Los organizadores aseguran que las movilizaciones no cesarán hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte.
"La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte (...) elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente", declaró a la AFP el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
La noche del jueves, Boluarte volvió a llamar a la calma, en un mensaje emitido por la televisión estatal.
"A las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, les digo y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo", dijo.
Pero sus palabras caen en saco roto. "Este gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara, por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta", dijo a la AFP Ricardo Mamani, de 47 años, quien se trasladó desde Puno para participar de las marchas en Lima.
Mamani, quien vestía de negro en señal de luto por los muertos en las manifestaciones, instó a organizaciones de derechos humanos internacionales a intervenir. "No sentimos la presencia del derecho internacional. No hay quien nos defienda", clamó, indignado.
La crisis refleja asimismo la inmensa brecha entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
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