Tejiendo redes alrededor de varios funcionarios pese a presiones y amenazas, el juez Tareq Bitar, encargado de la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut, se ha convertido para una parte de los libaneses en figura de la lucha contra una clase política detestada.
Pero este discreto magistrado de 47 años se ganó la aversión del poderoso movimiento chiita armado Hezbolá y sus partidarios, que lo acusan de politizar la investigación y exigen su reemplazo.
Una manifestación organizada el jueves en Beirut por el Hezbolá y el movimiento Amal, su aliado, para exigir la salida del juez, giró al drama, pues un tiroteo causó varios muertos. Manifestantes quemaron retratos del magistrado.
Pero en las redes sociales, los mensajes de apoyo al juez abundan, especialmente desde que fue amenazado según filtraciones en la prensa por un responsable del Hezbolá, en un país con la historia marcada por asesinatos políticos.
El juez es objeto de violentos ataques verbales desde que emitió el martes una orden de captura contra un diputado y ex ministro de Amal, aliado del Hezbolá.
Con su reputación de juez incorruptible y su voluntad de investigar a los barones del cártel político en el poder desde hace décadas, encarna para muchos el símbolo de una justicia independiente, uno de los últimos pilares de Líbano a punto de hundirse.
"Mezcla la conciencia con la audacia, cualidades esenciales para un juez", dice Youssef Lahoud, uno de los abogados de las familias de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut que causó el 4 de agosto de 2020 al menos 214 muertos y más de 6.500 heridos.
Para Lahoud, el juez "goza de la confianza" de las familias de las víctimas del drama, causado por el almacenamiento sin medidas de precaución de grandes cantidades de nitrato de amonio, pero también de allegados a personas detenidas.
Acusados de negligencia criminal, las autoridades libanesas son acusadas de sabotear la investigación local para evitar acusaciones.
El juez molesta a la clase política, habituada a contar con lealtades comunitarias para lograr sus fines.
"No se le conoce afiliación política", cuando muchos magistrados se dicen pertenecientes a los grandes partidos políticos que representan a sus comunidades religiosas, afirma un allegado del juez que pidió el anonimato.
"Ese es el problema de los políticos con el juez Bitar: no tienen ningún medio para presionarlo", añade.
El juez habla poco con la prensa. Pero los políticos de todas las tendencias que procesa y trata de interrogar en el marco de la investigación lo acusan de no ocultar ante sus interlocutores su convicción de que es hora de cambiar a la clase politica.
Este juez cristiano se forjó a lo largo de los años una fama de magistrado "íntegro e incorruptible", según sus mismos detractores.
Seguro de si mismo hasta llegar a la arrogancia según algunos, evita mostrarse en público.
"Cuando es encargado de una investigación, es difícil que aparezca una foto suya", afirma un allegado al juez.
Austero y poco risueño, no acepta ninguna invitación a cenar, evita las recepciones y todas las ocasiones sociales por temor a ser acusado de complaciente, según él. "Su audacia los incomoda. Es un fenómeno sin precedentes en el Palacio de Justicia".
Nacido en 1974 en el pueblo de Aydamoun, en el Líbano norte, vive en un suburbio del norte de Beirut con su esposa farmaceuta y sus dos niños, ahora custodiados por militares.
Tras obtener un diploma de derecho en la Universidad libanesa, comenzó su carrera en Liíbano norte, afirmándose como un magistrado independiente, antes de presidir la Corte criminal de Beirut.
Ha tratado varios casos complejos. Uno de los más recientes fue el caso de Ella Tannous, que levantó polémica en Líbano.
El juez condenó en 2020 a dos hospitales privados y a dos médicos a pagar fuertes multas a la familia de esta niña víctima de un error médico, a quien le tuvieron que amputar brazos y piernas, ganándose la animadversión del cuerpo médico.
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