EscucharEl gobierno francés lanzó este miércoles una requisa de personal en un depósito de combustible, ante una huelga en seis refinerías que provoca desde hace días desabastecimientos en gasolineras y el enojo de los automovilistas.
"¡La gasolina es demasiado importante para nosotros! Hace más de una semana que intentamos arreglárnoslas", refirió Santiago, uno de los muchos repartidores en París que necesitan su vehículo para trabajar y buscan desesperadamente combustible.
Casi un tercio de las bencineras carecían de algún combustible en Francia el martes por la noche --casi la mitad en la región de París-- y, en aquellas con gasolina o diésel, los automovilistas se arman de paciencia en colas de varias horas.
Seis de las siete refinerías en Francia --cuatro de TotalEnergies y dos de Esso-ExxonMobil-- están en huelga. Pese a los llamados a desconvocarlas y las amenazas de intervenir del gobierno, los trabajadores decidieron este miércoles mantenerlas.
El gobierno cumplió así sus advertencias y lanzó una primera requisa de personal en un depósito de Esso-ExxonMobil en la refinería de Gravenchon-Port-Jérôme (norte), que afecta a cuatro trabajadores.
Para permitir el funcionamiento de las instalaciones, dos deben trabajar el miércoles y dos el jueves por la mañana, precisó el gobierno. Los trabajadores afectados por la decisión se ven obligados a hacerlo, bajo pena de sanciones penales.
El presidente Emmanuel Macron aseguró en una entrevista con la televisión France 2 que el suministro de combustible regresaría "a la normalidad" durante la "próxima semana".
Subrayó su apego al "diálogo social", llamando a dirigentes y sindicalistas a negociar, pero afirmó que no se puede "bloquear" el país y advirtió de nuevas requisas si no hay resultados "en las próximas horas".
Respecto a Esso-ExxonMobil, el gobierno alega que la dirección ya llegó a un acuerdo salarial con una mayoría sindical, pero los sindicatos CGT y FO, convocantes del paro, consideran insuficiente el alza del 6,5% del salario en 2023, acompañado de primas.
El secretario general de la CGT, Philippe Martinez, anunció la presentación de un recurso judicial de urgencia contra la requisa, a la cual calificó de "decisión escandalosa".
Aunque en TotalEnergies, empresa y sindicatos no llegaron todavía a un acuerdo, el personal no está exentos de una eventual requisa. Los empleados de un depósito cerca de Dunkerque (norte) son los próximos, aseguró el portavoz del gobierno, Olivier Véran.
La central sindical CGT, a la cual se sumó este miércoles FO, reclama un aumento salarial del 10% en 2022 --7% por la inflación y 3% por el reparto de ganancias--, pero la dirección de esa empresa está abierta a negociar solo el salario de 2023.
El grupo convocó una reunión este miércoles con representantes sindicales, salvo de la CGT, a la que finalmente decidió recibir individualmente pero no para negociar.
Obligar a los huelguistas a trabajar es una medida excepcional. El precedente más importante remonta a 2010, cuando el gobierno del presidente conservador Nicolas Sarkozy lanzó una requisa de trabajadores de refinerías en huelga contra una reforma de las pensiones.
Aunque en los últimos días el gobierno del liberal Macron se limitó a llamar al diálogo, finalmente decidió intervenir en un momento en que se encuentra bajo presión por parte de la oposición, en un contexto de fuerte inflación.
La extrema derecha y la derecha cargan contra su "falta de anticipación" y llaman a que actúe y la izquierda critica las "amenazas a los trabajadores" y "las caricias a los jefes".
Otras de las críticas a TotalEnergies es su negativa a repartir parte de los 10.600 millones de dólares de beneficios del primer semestre de 2022 entre sus trabajadores, en pleno debate sobre la necesidad de gravar los "superbeneficios" logrados por la crisis energética.
Además de la inflación, el contexto es delicado en Francia con los llamados a ahorrar electricidad y gas para evitar cortes durante el invierno, a causa de la guerra en Ucrania y problemas en la mitad de los reactores nucleares franceses.
A esto se suma un tenso clima social por unas polémicas reformas que quiere sacar adelante Macron, entre ellas el retraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años, que en su primer intento ya generó protestas masivas en 2019 y 2020.
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