Tres excombatientes de las FARC fueron asesinados en la última semana en Colombia, denunciaron dirigentes del partido Comunes, el movimiento político que surgió del proceso de paz que desarmó a la exguerrilla.
El crimen más reciente ocurrió este jueves. "Hoy en la mañana, asesinaron a María Steffania Muñoz (Yuri Lopez), firmante de la paz" en el departamento del Cauca (suroeste), denunció en Twitter el exguerrillero y congresista Luis Albán.
"Era una firmante del Acuerdo de Paz y la décima exguerrillera mujer asesinada" tras la firma de la paz en 2016, lamentó a su vez la senadora Victoria Sandino, también excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la fundación independiente Indepaz, que investiga el conflicto colombiano, Muñoz y su sobrina menor de edad fueron baleadas en el municipio caucano de Buenos Aires.
También en Cauca fue asesinado el sábado Ruber Dorado y el miércoles de la semana pasada Duberney Gómez en Nariño (sur), de acuerdo con Sandino.
El dirigente Pastor Alape también denunció que Antonio Partido, uno de los líderes de Comunes en Cauca, sobrevivió a un atentado el martes.
La arremetida violenta contra los exmiembros de la otrora guerrilla se da a poco más de un mes de que se conmemoren los cinco años de la firma del acuerdo de paz.
Según un recuento de Indepaz, 189 firmantes del histórico pacto de 2016 han sido asesinados, 40 en 2021.
Los tres homicidios ocurrieron en regiones disputadas por grupos armados ilegales que buscan apoderarse de las rentas del narcotráfico, en un corredor estratégico para la exportación de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El partido Comunes responsabiliza de las muertes al presidente Iván Duque, uno de los mayores críticos del acuerdo, por "su falta de voluntad y compromiso en la implementación integral" del acuerdo.
El gobierno y la fiscalía señalan a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los disidentes de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz, además de grupos del narcotráfico.
La ONU, que verifica el cumplimiento del acuerdo, advirtió recientemente sobre el deterioro de la seguridad para los casi 13.000 exmiembros de la guerrilla que dejaron las armas. Ese organismo calcula en 292 el total de muertos.
Expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.
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