Escuchar"¡Muchachos, tenemos que dispersarnos!". Junior, un marfileño de 20 años, se levanta y rompe el silencio que reina en el tren que une las ciudades fronterizas de Irún, en España, y Hendaya, en Francia.
En el andén de la estación de Hendaya, patrullan policías franceses. Del grupo de seis migrantes llegados de Costa de Marfil, Mali o Guinea con la idea de ir a Francia, sólo Junior se atreve a bajar del tren.
"No tiene visa, no es posible", le dice uno de los agentes examinando su pasaporte.
Aprovechando que éstos les dan la espalda, los otros cinco miembros del grupo de Junior descienden a las vías. "¡Quédense ahí!", lanza uno de los policías, pero uno de los migrantes sale corriendo y trepa una verja de más de dos metros para perderse corriendo por las calles de Hendaya.
Los demás cambian de opinión cuando la policía se acerca, entregándoles un documento de "denegación de entrada" e invitándoles a tomar el tren de vuelta.
La frontera entre España y Francia, entre Irún y Hendaya, en el País Vasco, es el último obstáculo para estos jóvenes migrantes africanos que quieren entrar en Francia a toda costa después de haber cruzado a menudo, como Junior, el océano Atlántico para llegar al archipiélago español de las islas Canarias.
En 2021, el número de personas no admitidas en la frontera por el departamento de Pirineos Atlánticos, donde se encuentra Hendaya, se disparó un 120% con respecto a 2020 (13.164 frente a 5.976), según datos de la prefectura.
Ante el aumento de los controles, los emigrantes se arriesgan cada vez más, según investigadores, asociaciones y políticos locales.
En octubre, tres argelinos fueron arrollados por un tren en Ciboure, a pocos kilómetros de la frontera. Dos marfileños y un guineano se ahogaron el año pasado al intentar cruzar a nado el río Bidasoa, que marca la frontera.
En el puente de Santiago, que franquea este río entre Irún y Hendaya, la policía francesa controla periódicamente los vehículos. El puente para peatones paralelo está cerrado por dos barreras de cerca de tres metros de alto.
Llegado hace menos de 48 horas a Irún, Yakuba sale a fumar frente al centro de acogida temporal de la Cruz Roja donde va a pasar la noche.
La mascarilla de este malí de 20 años no basta para esconder una cicatriz en la nariz, marca de las altas y afiladas alambradas que saltó en junio para entrar en el enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos.
"También tengo una en el pie, había mucha sangre", dice este joven, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, que asegura haber huido de Mali por "la guerra".
Después de haber intentado en vano cruzar a Francia por la montaña, en tren o por el puente de Santiago, reveló que estaba considerando tomar un "taxi-mafia" de un contrabandista por "150 euros". Pero finalmente consiguió cruzar el puente unos días después.
En el lado francés de la frontera, los efectivos policiales se duplicaron desde el restablecimiento en 2015 de los controles fronterizos tras los atentados de París, según el ministerio de Interior. Cerca de un tercio de los puntos de paso entre España y Francia están cerrados, oficialmente a causa de la pandemia de coronavirus.
"Pero el hecho y la realidad es que los controles que se están llevando a cabo son controles exclusivos a personas negras", denuncia Xabier Legaretta, director de Migración y Asilo del gobierno regional del País Vasco español, acusaciones compartidas por ONG como Amnistía Internacional.
A los inmigrantes "no se les informa de sus derechos" durante los controles, y se les impide "pedir asilo", cuando no es "la labor del policía decidir o no" si pueden hacerlo, denunció por su parte Íker Barbero, profesor de derecho en la Universidad de Bilbao.
Estas prácticas son criticadas por Tom Dubois, un antiguo policía de fronteras de Hendaya que dimitió en 2018 para denunciar "la política de números". "Algunas noches, cuando no devolvíamos a los migrantes, teníamos una notita en la mesa" por parte de la jerarquía, dice este activista de izquierdas, que rescató a dos migrantes en el Bidasoa en 2020.
En el lado español, dos agentes de policía en primera línea en este tema denuncian, bajo anonimato, la indefinición legal en la frontera y se confiesan presos de un "sentimiento de inutilidad" ante el "ping-pong" de inmigrantes deportados por Francia, liberados luego por falta de medios en España, y que acaban probando suerte de nuevo.
Estas acusaciones fueron rechazadas de plano por el subprefecto de los Pirineos Atlánticos, Théophile de Lassus.
A los inmigrantes "que optan por volver sin haber solicitado un visado o un permiso de residencia se les pide que den media vuelta", dijo, negando que no se les informe de sus derechos o que se devuelva a menores aislados.
"Las reglas se respetan enteramente. Los derechos se notifican en el auto de la prefectura y todas nuestras decisiones son susceptibles de recurso", sentenció.
Dado que Francia acaba de asumir la presidencia de turno de la UE, Emmanuel Macron quiere reformar el espacio Schengen para poder reforzar los controles migratorios interiores.
Pero esto no desanimará a Junior. "Mi destino es Francia (...) Lo intentaré una y otra vez".
A su lado, Abdul, un marfileño de 24 años, coincide: "No es peor que cruzar el océano (Atlántico), así que no nos vamos a desanimar ahora".
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