El juicio contra un jefe alemán y otros miembros y colaboradores de la banda de moteros Ángeles del Infierno, acusados de pertenecer a una organización criminal entre otros delitos, concluyó este viernes en Madrid y quedó a la espera de la sentencia.
Según la Fiscalía, las personas ligadas al capítulo de los Ángeles del Infierno instalado en Mallorca incurrieron en extorsión, narcotráfico, adquisición ilegal de armas y proxenetismo, esta última una de sus principales fuentes de ingresos.
El acusado más destacado del juicio, que desde el 23 de enero se celebró en la sede en San Fernando de Henares (afueras de Madrid) de la Audiencia Nacional, es el alemán Frank Hanebuth, quien en el momento de su detención en 2013 fue identificado por la policía española como jefe europeo de la organización.
La Fiscalía, que considera que Hanebuth creó el capítulo de Mallorca y seleccionó a sus miembros, pide para él 12 años de cárcel por pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero, proferir amenazas y tenencia ilícita de armas.
En su uso del turno de última palabra, antes de que el juicio quedara visto para sentencia, Hanebuth aseguró sin embargo que los Ángeles del Infierno no son una banda delictiva, ni tienen ningún presidente europeo o mundial.
"No somos una organización criminal, somos el único club de moteros en el mundo que tiene como base una estructura democrática; eso quiere decir una persona, un voto", dijo Hanebuth en alemán, traducido al español por una intérprete.
La sentencia debe conocerse en las próximas semanas.
En su declaración durante el juicio, Hanebuth ya había negado haber mantenido relación laboral alguna con los otros acusados, aseguró haber viajado a Mallorca solo para pasar el verano y no haber sido nunca investigado en Alemania, donde reside y trabaja en empresas de seguridad.
Su abogada, Ana Madera Campos, que había pedido infructuosamente en días anteriores la anulación del juicio alegando que las escuchas telefónicas contra los sospechosos fueron nulas por haber sido acordadas sin fundamentos, solicitó este viernes la "absolución" de su defendido alegando que "no existe una sola prueba" en su contra.
En un primer momento, los acusados eran casi medio centenar, pero 34 de ellos alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía justo antes de iniciarse el juicio.
Según el pacto, que debe ser ratificado por el tribunal en la sentencia, admitieron las acusaciones en su contra a cambio de grandes reducciones de penas, que quedaron en multas.
Varios otros acusados tenían orden internacional de captura pero no fueron hallados, por lo que en definitiva fueron una decena de personas las procesadas.
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