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El 27 de julio de 2015, 15 funcionarios de alto rango de la Universidad de Costa Rica enviaron un documento a las autoridades de la institución con una propuesta casi insólita: pedían que le recortaran los pluses salariales que ellos disfrutaban.
Funcionarios como el economista Pablo Sauma o el científico José María Gutiérrez solicitaban que las anualidades del 5,5% que gozan, disminuyeran a un 3%.
Lo decían con justa razón: la institución autónoma ejemplifica una de las mayores disparidades en el pago de incentivos del sector público. Otras instituciones tienen anualidades menores, de un 1,94% sobre el salario base.
Justamente durante enero sindicatos, diputados y Gobierno “ destrozaron ” un proyecto de ley que pretendía regularlas, y que bautizaron –con inexactitud– como “Ley de empleo público” . Era, más bien, un texto que pretendía ordenar pluses como las anualidades, dedicaciones exclusivas o los pagos por regionalización de los trabajadores de todas las instituciones públicas, excepto los bancos del Estado.
El proyecto no logró ver la luz en el Plenario, “falleció” el 27 de enero, cuando el Ejecutivo desconvocó la iniciativa entre oficialistas que alegaban afectaciones a la paz social del país. ¿Qué argumentos sostuvieron las voces antagonistas que derribaron el texto? Aquí cinco de ellas.
Bajo impacto en déficit fiscal
El martes 24 de enero de este año el sindicalista Albino Vargas pidió a los diputados desenmarcar la discusión del texto de “empleo público” del debate fiscal.
“Discutir el tema del empleo público contaminado con lo fiscal, es inviable”, afirmó.
Paradójicamente, el marco fiscal del que aparentaban querer desligarse fue su mayor contrargumento al texto. El mantra de los opositores era que su impacto en el déficit fiscal era ínfimo.
Era cierto: la contralora general Marta Acosta había advertido a los diputados que el proyecto –para el caso del Gobierno Central– tendría un impacto de menos del 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un recorte de ¢13.500 millones, frente a un déficit fiscal de ¢1,38 billones.
Empero, fuera del Gobierno Central, el ajuste habría significado hasta un 1% del PIB: ¢270.700 millones. No habría tenido un impacto en el déficit, pero sí habría generado un ahorro en las finanzas públicas globales.
A pesar de ello, la discusión también fracasó por el marco discursivo en el que estuvo inmersa.
“Destrocen ese proyecto y desnuden las verdaderas intenciones de lo que se describe (...) eso ayudará a ganar hegemonía en la lucha política ideológica que tenemos contra el neoliberalismo”, aconsejó el congresista Henry Mora a los sindicalistas que, públicamente, acusaban a los defensores del texto de escudarse en un debate de corte ideológico.
Impacto en recaudación
La legisladora Ligia Fallas también se opuso al proyecto alegando que impactaría negativamente la recaudación tributaria.
Fallas sostenía, sin citar fuentes, que el 80% del “ingreso tributario” provenía de los trabajadores públicos. “En la misma medida que se reduzcan los salarios, se reduce el ingreso tributario”, dijo en un video en línea.
Los datos son desmentidos por el propio Ministerio de Hacienda, que rescata graves inexactitudes en la información de la diputada.
Para Hacienda, es probable que los ingresos tributarios, más bien, tengan una conformación similar a la de la población ocupada del país, donde solo un 14,04% de los trabajadores pertenecen al sector público.
Cesantía y autonomía
El texto también pretendía regular los topes de cesantía, imponiendo un límite de ocho años para todos los empleados. Sin embargo, las asociaciones solidaristas no recibían ningún tipo de regulación en sus cesantías, lo que los sindicalistas catalogaron como una “disparidad odiosa” que debilitaría a los sindicatos.
“El proyecto no dice nada del solidarismo”, afirma la proponente Sandra Piszk. “Desde los ochenta se aprobó la ley solidarista y se establece un propio régimen de cesantía. Ellos nunca han aceptado la existencia del solidarismo, pero el texto ni las toca”.
El texto también requería la colegiatura de los funcionarios si querían acceder a pluses como el pago por dedicación exclusiva, que también calificaron como violatoria de la autonomía de los profesionales que imparten clases o realizan investigación en las universidades públicas. Según Piszk, no es un punto neurálgico del proyecto y puede discutirse. Además, señala, la mayoría de los profesores de las universidades públicas ya están colegiados.
Exclusividad de sindicatos
Los opositores a la propuesta también criticaron un artículo del texto que excluía de los beneficios de los pluses salariales a los jerarcas institucionales o personas que participen en la emisión de contratos o acuerdos.
El proyecto dejaba claro que los representantes sindicales sí podrían acceder a este tipo de pluses y que también podían acceder a esos pluses los representantes no sindicales de los trabajadores.
Aunque el artículo aseguraba a los sindicalistas sus derechos, criticaron que se hablara de otros representantes, pues –según fundamentó Vargas ante los diputados– los sindicatos tienen “el monopolio” de la negociación de las convenciones colectivas de los derechos de los trabajadores.
Piszk coincide con Vargas y admite que se trató de un error de redacción que, empero, modificó sin problemas. Resalta, además, que en una buena parte de las instituciones públicas no existen convenciones colectivas. Solo hay cuatro de ellas en el Gobierno Central, por lo que los arreglos o reglamentos no son negociados siempre por sindicatos.
¿Algún sustituto?
Hoy, después de haber desechado la iniciativa de Piszk, el Gobierno respalda otro proyecto relacionado con salarios públicos.
Procede del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): principal voz de bloqueo a los paquetes impositivos de Hacienda, que exige aprobar una reforma al empleo público antes de discutir nuevos impuestos. El texto impide los salarios mayores a ¢5,3 millones y ya goza de un mejor clima entre sindicatos.
Algunas de las reformas del proyecto descartado
Dedicación exclusiva: Entre un 20% y 55% del salario base. Se proponía regularla por contrato y aplicarla cuando la profesión no se podía ejercer en forma liberal. Requería que el funcionario estuviera colegiado. No calificaba como un derecho adquirido. Actualmente la dedicación exclusiva puede ser de hasta un 65% en algunas instituciones.
Disponibilidad: Proponía que llegara hasta un máximo de un 35% del salario base y que se especificara un monto y plazo de vigencia mediante contrato. No se categorizaba como un derecho adquirido. El plus puede llegar hasta el 50% del salario base.
Anualidad: Se pretende que se pague solo a los funcionarios que obtienen un “muy bueno” o “excelente” en la calificación que tienen todos los años. De ser así, recibirían una anualidad de entre un 1,45% y un 2,56% sobre el salario base. Actualmente las anualidades oscilan entre un 1,94% y un 5,5% sobre el salario base y se les pagan también a los funcionarios calificados como “buenos” (en conjunto, un 99% de los funcionarios públicos).
Zonaje: Se establece un contrato menor a un año trabajadores que deban trasladarse temporalmente de domicilio debido a necesidades institucionales. Se puede perder el plus si el funcionario regresa a su lugar usual de residencia por más de un mes. El texto pide demostrar la necesidad de pagar este tipo de plus.
Prohibición: No tolera de manera absoluta otras labores ligadas a la profesión del trabajador sin que medie contrato. Se pagaría entre un 25% y un 60% del salario base.
Fuente Proyecto 19.506 e informes.
