65 referéndums se han solicitado en Costa Rica desde 2006: TSE aprobó 14 pero solo 3 siguen en trámite

Según datos solicitados por EF al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), desde 2006 y hasta los últimos datos de 2024 esa entidad recibió 65 solicitudes para iniciar un proceso de referéndum.

No obstante, por desconocimiento o por la inusualidad de los referéndums en el país, la mayoría de estas peticiones fueron rechazadas y archivadas por distintos motivos tan variados como lo son los temas que han sido presentados para consulta popular.

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Múltiples temáticas

Desde el año 2006, año en que se emitió la Ley de Regulación del Referéndum (8.492), en Costa Rica se gestaron 65 propuestas de referéndum por iniciativa popular.

Cualquier ciudadano puede solicitar ante el TSE la autorización para recoger firmas para aprobar algún proyecto de ley o someter a votación algunos temas, con excepciones: no se pueden someter a referéndum materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa

Por un periodo máximo de 10 meses el proponente debe recoger firmas equivalentes al 5% del padrón electoral, lo que actualmente supone cerca de 181.000 signaturas.

Estas 65 peticiones se basaron en una diversas de asuntos. EF identificó, al menos, 19 temáticas distintas que van desde derechos humanos y división administrativa hasta reformas constitucionales.

Este último ha sido, de hecho, el tema más recurrente. Ocho proposiciones de referéndum impulsaron reformas a la Constitución Política, varias de ellas con la intención de introducir la revocatoria de mandato del presidente y diputados. Este es un procedimiento mediante el cual los votantes pueden dar por finalizado el periodo de un cargo electo por voto popular, algo así como “despedir” al mandatario de turno. Ninguno de estos intentos avanzó.

El tema electoral también estuvo presente en siete propuestas de convocatoria de consulta popular. Sobre esto se han basado los dos intentos realizados este año, impulsados por el mismo ciudadano. Uno de ellos en torno al mecanismo de votación y otro sobre la unificación de los comicios nacionales con los municipales, ambos rechazados pues el TSE consideró que lo que se propuso fue un plebiscito y no un referéndum.

La tercera cuestión más común ha sido el intento de convocar a una Asamblea Constituyente, con seis planteamientos. Todos los intentos han trastabillado por distintas razones y en la última ocasión, en 2021, la Sala IV excluyó de la consulta popular la posibilidad de convocar una asamblea de ese tipo.

Después de estos tres grandes temas más comunes, siguen otras materias de una amplia variedad y singularidad. Por ejemplo, en 2007 un ciudadano propuso que, por medio de referéndum, se votara sobre la colocación de agua bendita en las ventanillas de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En 2008 se impulsó una votación para crear el Instituto Costarricense de Reciclaje, mismo año en el que otra persona presentó una solicitud para reinstalar la pena de muerte, abolida en Costa Rica desde 1882.

También en 2008, el abogado y excandidato presidencial Juan Diego Castro solicitó recoger firmas para convocar un referéndum para equilibrar los derechos de las víctimas con los de los delincuentes.

En 2013, otra solicitud tenía que ver con aumentar la cantidad de diputados que se eligen por provincia, con lo que crecería el número total de legisladores.

En 2016, el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales acudió al TSE para pedir un referéndum para consultar sobre reformas a la Ley de Regulación del Referéndum.

Empleo público, matrimonio entre personas del mismo sexo, leyes contra el maltrato animal, plataformas tecnológicas de transporte y la apertura del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) son otros temas que han sido parte de las peticiones ciudadanas para recoger firmas con miras a un referéndum.

14 aprobados

De todas las 65 solicitudes, 14 recibieron luz verde del TSE para abrir el proceso de recolección de firmas. De ellas, 11 finalizaron sin éxito. Estos son los siguientes:

• 2006: para decidir sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Finalmente se archivó pues el Gobierno de entonces junto con la Asamblea Legislativa convocaron un referéndum sobre este tema.
• 2007: sobre dos proyectos relacionados con obtenciones vegetales. Finalizó el proceso pues la Asamblea Legislativa aprobó leyes al respecto.
• 2008: dos peticiones de referéndum sobre el matrimonio homosexual tuvieron aprobación, pero, al tratarse de derechos humanos, la Sala Constitucional detuvo ambos procesos.

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• 2011: se aprobaron dos solicitudes de referéndum. El primero sobre reformas a varios artículos de la Ley de la CCSS que se archivó por una cantidad insuficiente de firmas. El segundo sobre un proyecto de ley en torno a la creación de comisiones de control ciudadano, cuyo proponente incumplió el plazo de presentación de firmas.
• 2013: sobre la aprobación o no de dos proyectos de ley relacionados al medio ambiente, pero el TSE, tras consulta a la Sala Constitucional, determinó que resultaba contrario a la Constitución.
• 2014: un referéndum sobre un proyecto de ley para penalizar el maltrato animal recibió luz verde, pero se terminó archivando pues el tema era similar a una ley aprobada.
• 2015: para someter a referéndum un proyecto de ley sobre el salario mínimo en el sector privado, pero la Sala Constitucional anuló el proceso.
• 2016: referéndum sobre apertura del monopolio de Recope tuvo el visto bueno del TSE. Los proponentes no han aportado formularios para recolección de firmas. Este es el único caso en que el proceso recibió un archivo técnico por inactividad. En este año también por primera vez un intento de referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue aprobado, pero la Sala Constitucional anuló el trámite.

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3 en trámite

Existen otros tres proyectos de referéndum que han sido aprobados y aún el proceso está abierto. Es decir, los costarricenses podrían, en algún momento futuro, acudir a una votación en torno a alguno de estos tres temas si prosperan las gestiones.

Uno de ellos proviene del 2016, pero su trámite fue detenido por la pandemia y luego reanudado. Ese año, el ciudadano Carlos Roldán Villalobos solicitó la autorización para la recolección de firmas para someter a referéndum un proyecto de ley que denomina Ley para el Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales.

El TSE indicó que los formularios de recolección de firmas para dicha consulta están listos para ser retirados por los proponentes.

El segundo de ellos es del 2019 y también tiene que ver con energía. Ernesto Alfaro Conde y otros ciudadanos propusieron un referéndum para la apertura del mercado nacional de hidrocarburos. En este caso, los gestores tienen pendiente imprimir los formularios para ser visados por el TSE.

El tercero y último proceso de referéndum que está en trámite también es del 2019. El exdiputado del Frente Amplio Jorge Arguedas pidió la autorización para recolectar firmas para llevar a consulta popular una reforma al decreto-ley del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Arguedas fue funcionario de esa institución y ha apoyado luchas sindicalistas dentro de la misma.

Sobre esta petición, el TSE tiene pendiente aprobar los formularios de recolección de firmas.

El único realizado

Los intentos han sido múltiples y variados, pero solo un referéndum ha convocado a los costarricenses a votar.

En 2006 hubo dos intentos de llamar a una votación popular para decidir sobre el TLC con EE. UU. Uno de ellos se rechazó por falta de fundamento legal, mientras el segundo, impulsado por José Miguel Corrales, tuvo la aprobación del TSE.

Sin embargo, como ya se mencionó, ese proceso finalmente se cerró pues el Gobierno del entonces presidente Óscar Arias y la Asamblea Legislativa se unieron para convocar a un referéndum sobre este tema.

Esa combinación es una de las tres vías posibles para llamar a un referéndum. En ese escenario, el Gobierno de turno necesita de, al menos, 29 votos de diputados para confirmar la convocatoria.

Esa consulta se celebró el 7 de octubre de 2007 y el resultado fue la aprobación del tratado.