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Una delegación de Argentina se reune este martes en Nueva York con el mediador judicial en el litigio por su deuda soberana impaga con fondos especulativos, uno de los últimos intentos para buscar una salida negociada a horas de un nuevo default o una cesación de pagos.
"Esperamos que las negociaciones puedan encauzarse, (pero) eso no depende de nosotros", dijo en Buenos Aires el Jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, antes del encuentro con el mediador Daniel Pollack, designado por el juez federal estadounidense, Thomas Griesa, para hallar una vía de cumplimiento a su fallo que obliga al país a pagar $1.330 millones.
La comitiva integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López; el de Legal y Administrativa, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, llegó a las oficinas de Pollack en el centro de Manhattan pasadas las 11:15 a. m. hora local sin formular declaraciones, constató la AFP.
El gobierno argentino tiene plazo hasta el 30 de julio a última hora para llegar a un acuerdo con los fondos a los que califica de "buitres" y que obtuvieron una sentencia en la justicia estadounidense para cobrar al mismo tiempo que lo hacen los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010.
Argentina giró el 26 de junio pagos por x$539 millones a los tenedores de bonos reestructurados, pero el juez bloqueó ese dinero depositado en Nueva York, lo que provocaría un default de esa parte de la deuda emitida bajo legislación norteamericana.
Argentina quiere que el juez reponga una medida cautelar hasta fin de año que permita cancelar pagos de los canjes de su deuda, que incluyeron quitas de hasta 70% del valor nominal de los bonos en default en 2001 y fueron aceptados por el 92,4% de los tenedores de títulos.
La administración de Cristina Kirchner argumenta que un "stay" (suspensión de la aplicación del fallo) hasta 2015 es la única salida para poder negociar con los fondos especulativos evitando la cláusula "Rufo" de los canjes, según la cual el país no puede mejorar antes de esa fecha la oferta hecha a los acreedores que cambiaron sus bonos, so pena de tener que igualar los pagos.
El lunes, Griesa autorizó al banco Citibank un pago de bonos argentinos reestructurados emitidos bajo legislación del país sudamericano, tras considerar por única vez que no podían ser incluidos en su sentencia.
Tras analizar la cuestión, y a pesar del pedido de los querellantes para frenar la transferencia, Griesa resolvió que por única vez Citibank podía efectuar ese pago que incluye bonos reestructurados en dólares bajo legislación nacional y otros emitidos como parte del acuerdo con la española Repsol por la estatización de la petrolera YPF.
"El tribunal no quiere afectar el acuerdo con Repsol", señaló Griesa, al responder a una "moción de aclaración" presentada por el banco estadounidense respecto a su filial argentina .
En medio de la pulseada con los fondos, el gobierno de Kirchner concretó el lunes el primer pago de 642 millones de dólares al Club de París como parte del acuerdo alcanzado en mayo con la entidad que reúne a acreedores.
La deuda total con el Club de París alcanza los $9.690 millones incluyendo intereses y recargos por mora, según un informe publicado en la página web del ministerio de Economía.
Este sería el segundo default de Argentina en trece años, luego de que en 2001 el gobierno suspendiera el pago de 100.000 millones de dólares, que representaban el 166% de su PIB. La diferencia es que en aquella oportunidad, fue el país el que declaró la moratoria.
A pesar de que el gobierno argentino insiste en que el 30 de julio "no pasará nada" por tratarse de situaciones diferentes, los expertos vaticinan una serie de consecuencias negativas para la alicaída economía del país, entre ellas más devaluación e inflación, marginación de los mercados de capitales y recesión.
Según Christopher Dembik, economista de Saxo Bank, habrá una "devaluación inevitable del peso", que ya sufrió una fuerte perdida de su valor a principios de año; una recesión que podría pasar del 1 al 10% del PIB; y un aislamiento internacional de Argentina que acentuaría la falta de acceso del país a divisas extranjeras.
Un informe de la consultora Abeceb.com señaló que con un default se registraría "una caída de 3,5% del PBI, la inflación anual alcanzando 41% y una retracción del consumo del orden del 3,8% para 2014".
Un acuerdo en cambio recortaría el daño a "una caída del 1,5% en el PBI, una inflación del 34,5%" y una reducción del consumo de 1,8%.
"Los argentinos sufrirán las consecuencias de otro default y, una vez más, se aislarán de la comunidad internacional", señaló de su lado Joshua Rosner, del estudio Graham Fischer, que ha seguido muy de cerca el litigio en Nueva York y que permanece "cauto con respecto a cualquier inversión en Argentina".
