Durante años, la factura por los servicios de agua potable, alcantarillado e hidrantes en Costa Rica incorporó cobros silenciosos pero cuantiosos que no correspondían a la realidad operativa ni contable del prestador. Un exhaustivo informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), bajo el expediente DFOE-SOS-IAD-00003-2026, sacó a la luz cómo las deficiencias en la gestión tarifaria del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las fallas en la fiscalización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) derivaron en un sobrecobro acumulado que supera los ₡65.400 millones en perjuicio de los abonados.
El origen de esta distorsión financiera descansa en una base tarifaria desactualizada y técnicamente viciada. Bajo la lógica del modelo regulatorio costarricense, cuando un activo concluye su vida útil y alcanza el 100% de su depreciación, el usuario debe dejar de pagar tanto la cuota por su desgaste anual como el margen de rentabilidad destinado al operador, conocido como rédito para el desarrollo. Sin embargo, luego de que la Aresep congelara la base tarifaria en 2023 debido a la falta de información confiable por parte del AyA, la institución continuó facturando miles de bienes cuya inversión ya había sido completamente amortizada por la ciudadanía.
La dimensión del impacto varía según el servicio. En el rubro de acueductos, la CGR identificó que entre 2023 y 2026 se mantuvieron en la base tarifaria 9.435 activos totalmente depreciados, generando un cobro improcedente de ₡26.074 millones por concepto de depreciación no rebajada y rédito no correspondiente. En el servicio de alcantarillado sanitario, que acumula cinco años de desactualización en sus tarifas, se facturaron 5.909 bienes ya extintos por un monto de ₡38.816 millones. Finalmente, en la red de hidrantes —rezagada tarifariamente desde 2020—, el cobro sobre 9.012 activos saldados representó una carga injustificada de ₡511 millones.
A la facturación de infraestructura obsoleta se sumó la aplicación de un controvertido mecanismo de revaluación contable. Al examinar los auxiliares de propiedad y planta del AyA a 2025, el órgano contralor detectó 3.761 bienes revaluados desde 2019 sin que se contemplara su desgaste físico o deterioro real. Como resultado, tres cuartas partes de ese paquete de activos duplicaron su costo original y más de un 60% experimentó incrementos superiores al 1.000%. El impacto más crítico recayó sobre las redes de distribución, cuyo valor contable se elevó en ₡124.979 millones, lo que equivale a multiplicar por 77 su costo histórico.
El caso más ilustrativo de esta distorsión se registró en la Región Huetar Caribe, donde un activo de red con un valor inicial de ₡24 millones alcanzó una revaluación acumulada de ₡3.562 millones —un alza disparada del 14.446%—. La anomalía radica en que esta revaluación multimillonaria se aplicó sobre infraestructura que registra las pérdidas de agua por fugas y deficiencias más altas del país, alcanzando un 70% de agua no contabilizada.
Más allá de la distorsión en la valoración de los activos, la auditoría expuso un manejo contable interno que violó el marco regulatorio vigente mediante la creación de subsidios cruzados. El AyA ha venido gestionando los superávits y los ingresos tarifarios de cada actividad dentro de una cuenta común denominada “Fondos corrientes”, sin segregar los recursos por cada servicio regulado ni por componente de costo. Esta mezcla de flujos provocó que los excedentes generados por actividades superavitarias cubrieran de forma automática las pérdidas de otros servicios.
Muestra de ello fue el comportamiento financiero del año 2024, cuando el servicio de acueducto registró una pérdida de ₡9.292 millones, mientras que alcantarillado e hidrantes reportaron utilidades por ₡3.687 millones y ₡243 millones, respectivamente. La falta de trazabilidad presupuestaria propició que los números rojos de acueductos fueran amortiguados con las ganancias de los otros servicios, apoyándose además en un esquema arbitrario que reparte el superávit global mediante un prorrateo fijo del 88% para acueducto y 12% para alcantarillado, desvirtuando el principio legal de servicio al costo.
Frente al hallazgo de estas vulnerabilidades sistémicas, la Contraloría emitió disposiciones de acatamiento obligatorio para restituir el equilibrio tarifario. Para el 30 de junio de 2027, la Presidencia Ejecutiva del AyA y la Intendencia de Agua de la Aresep deberán haber concluido la cuantificación definitiva de las sumas cobradas en exceso y definido los mecanismos compensatorios a favor de los usuarios. Posteriormente, a más tardar el 31 de diciembre de 2027, el ente regulador tendrá que publicar en el diario oficial La Gaceta las nuevas fijaciones tarifarias ajustadas a los costos reales, necesarios y eficientes para la prestación de cada servicio público.
