Buses desde distintas provincias, comida para los asistentes y dirigentes encargados de organizar los traslados se han convertido en elementos recurrentes alrededor de actividades relacionadas con Rodrigo Chaves, el chavismo y el gobierno de Laura Fernández.
La fórmula apareció en la marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, en el lanzamiento electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en las concentraciones que acompañaron los trámites para levantarle la inmunidad al expresidente y continúa apareciendo en actos de la nueva administración, como las recientes celebraciones de la Independencia en Cartago o la visita del Ejecutivo a Puntarenas.
Nada de eso es extraño en sí mismo. Ronald Alfaro, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, recuerda que las grandes plazas públicas del siglo pasado también movilizaban simpatizantes en autobuses desde los cantones. La diferencia, sin embargo, es que aquellas operaciones formaban parte de grandes campañas electorales y los partidos políticos respondían por ellas.
En los casos recientes, en cambio, resulta relativamente sencillo observar cómo funciona la logística, pero no siempre construir quién financió cada componente o realizó cada aporte. Las movilizaciones suelen atribuírsele a cooperativistas, empresarios, dirigentes locales y grupos ciudadanos, aunque buscan respaldar a un movimiento político en concreto y a sus principales exponentes.
A esa opacidad de dineros y compromisos se suma otro elemento conflictivo: la actividad privada se desarrollar alrededor de actos oficiales y en algunos casos se ha cruzado con funcionarios, instituciones y recursos del Estado en condiciones que incluso han llegado a los estrados judiciales.
Los buses, siempre
El mecanismo de logística más constante es el transporte colectivo.
La movilización del 18 de marzo de 2025 contra el fiscal general Carlo Díaz es uno de los casos mejor documentados hasta ahora. La Nación contabilizó aquel día 34 autobuses cerca de la manifestación y, posteriormente, el dirigente cooperativista Freddy González afirmó que la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) había financiado 101 buses y 19 microbuses, además de alimentación.
González aseguró que la Federación hizo los pagos y reconoció que también costeó el autobús que trasladó a ministros y otros jerarcas desde Casa Presidencial. CRHoy incluso publicó un comprobante por ¢847.500 que Fecoopa pagó a una empresa de autobuses para trasladar a personas desde Puerto Jiménez, en Puntarenas, hasta San José.
Pero los buses han aparecido en muchas otras ocasiones.
Los buses reaparecieron en julio de 2025, cuando el chavismo presentó al PPSO como su vehículo electoral de cara a 2026. La Nación reportó que una parte importante de los asistentes llegó en unidades privadas, algunas procedentes de Puntarenas y Limón. El medio contó al menos 10 autobuses y Pilar Cisneros, exdiputada y entonces encargada de estrategia política y comunicación de campaña, reconoció que hubo donaciones de empresarios locales y personas que pagaron su propio traslado.
En agosto, durante la comparecencia de Chaves ante la comisión que analizaba la primera solicitud para levantar la inmunidad del expresidente, volvió a organizarse una concentración frente a la Asamblea Legislativa. La Nación documentó la presencia de candidatos, dirigentes y banderas del PPSO, además de una tarima desde la cual se dirigieron a los asistentes. Francisco Gamboa, actual vicepresidente, afirmó a Trece Noticias que llegaron personas desde lugares lejanos y el medio reportó el uso de 112 autobuses. En la tarima incluso estuvo Laura Fernández, que ya era candidata presidencial, aunque no tomó la palabra.
En noviembre, mientras Chaves comparecía ante el Congreso por la segunda solicitud de desafuero, el mismo diario contabilizó 39 autobuses en otra concentración de apoyo y, dos días antes, CRHoy había comprobado mediante llamadas a números difundidos en redes sociales que desde varias comunidades se ofrecían transporte gratuito y alimentación. González finalmente dijo al medio El Observador que empresarios, transportistas, cooperativistas y particulares aportaron recursos, aunque no se conoció la identidad específica de todos los financiadores.
El patrón reapareció en 2026: hubo denuncias y registros periodísticos de buses con seguidores oficialistas en Cartago, durante los actos del 14 de septiembre, y nuevamente, dos semanas después, durante el Consejo de Gobierno encabezado por la presidenta Fernández en Puntarenas.
Todos estos son casos relativamente recientes, pero la movilización alrededor de actividades gubernamentales viene desde mucho antes.
En abril de 2024, una investigación de La Nación documentó que alcaldes y funcionarios municipales de Limón, Matina y Pococí participaron en la coordinación de transporte gratuito hacia una actividad de Chaves en Limón: convocatoria para la que se utilizaron logotipos municipales y contactos de funcionarios. Los alcaldes negaron haber pagado los autobuses con recursos públicos y atribuyeron el transporte a aportes de empresas, vecinos y otras “fuerzas vivas”.
El episodio ya reunía varios componentes que después volverían a aparecer: una actividad presidencial, transporte gratuito, aportes de terceros, organización territorial y funcionarios públicos participando en la coordinación.
El arroz con pollo, también
La alimentación aparece con una frecuencia semejante.
En la marcha contra Carlo Díaz, La Nación confirmó con la propietaria del servicio de catering que una cámara vinculada con el sector pesquero había contratado 900 almuerzos para los asistentes; mientras que Freddy González también atribuyó a Fecoopa gastos de alimentación y repostería.
Hubo comida nuevamente durante el lanzamiento electoral del PPSO y, el día en que Chaves comparecía por su inmunidad, periodistas de La Nación observaron filas de personas que intercambiaban cupones por almuerzos o refrescos gratuitos.
En Cartago, en septiembre de este mismo 2026, González confirmó que él y otros cooperativistas llevaron alimentación, capas y servicios sanitarios; mientras que en Puntarenas también se registró entrega de arroz con pollo y bebidas.
Buses, comida o hidratación no constituyen por sí mismos una anomalía. La principal diferencia aparece cuando se intenta seguir el dinero.
Los partidos políticos deben reportar al TSE las contribuciones que reciben, tanto en dinero como en especie, e identificar a sus aportantes. Pero varias de estas movilizaciones han sido atribuidas a ciudadanos, cooperativistas, empresarios u otras personas que actuarían con independencia de la estructura oficial del PPSO.
Cuando eso ocurre, los costos no necesariamente aparecen en informes financieros partidarios porque, según la versión de los organizadores, la agrupación no recibió los recursos ni desarrolló la actividad.
Alfaro identifica ahí una diferencia importante respecto de las movilizaciones electorales tradicionales. En campaña, explicó, era posible seguir tanto la organización como buena parte de los recursos porque los partidos debían incorporarlos entre sus gastos; pero en actos que trascienden la política partidaria todo es más opaco. “Todo eso tiene un costo, eso lo sabemos, pero el tema es quién lo está pagando”, resumió.
La red de dirigentes
La logística es evidente y en distintos episodios aparecen cooperativistas, empresarios, comerciantes y dirigentes territoriales.
El nombre que más se repite es el de Freddy González, exdirigente del movimiento cooperativo, antiguo militante del Partido Liberación Nacional (PLN), quien desde junio de este 2026 ocupa la Secretaría General del oficialista PPSO.
En marzo de 2025, se atribuyó públicamente la organización de la manifestación contra Carlo Díaz; para julio ya aparecía como encargado de Operaciones y Logística de la estructura electoral chavista; y luego formó parte del comando de la campaña de Laura Fernández.
En noviembre de 2025, sin embargo, González rechazó que la concentración a favor del presidente Chaves durante su proceso de desafuero hubiese sido preparada por el PPSO o por algún otro partido político. Dijo que había sido preparada en días anteriores por ciudadanos y dirigentes cooperativistas cuya identidad no detalló.
La distinción importa porque una actividad puede beneficiar políticamente a una agrupación sin que necesariamente el partido pague sus gastos.
Alfaro también relaciona esa continuidad con una lógica de “campaña permanente”: una nueva identidad política intenta construir y consolidar su apoyo popular más allá del momento de las votaciones.
En la política tradicional, explicó, las estructuras territoriales entraban en intensa actividad durante la contienda política y culminaban en grandes demostraciones de fuerza. Después de las elecciones, esa maquinaria usualmente tendía a detenerse.
En el caso chavista, en cambio, la movilización ha continuado alrededor de actividades del Gobierno y ha sobrevivido hasta al cambio de presidencia.
Las dudas
Costa Rica tiene una larga tradición de partidos y movimientos políticos que movilizan simpatizantes mediante autobuses, dirigentes cantonales y estructuras territoriales. Los cuestionamientos aparecen cuando no se conoce la procedencia de los recursos o cuando la organización política se mezcla con capacidades del Estado.
En noviembre de 2025, por ejemplo, la concentración incluyó buses, tarima, sonido, pantallas, servicios sanitarios y alimentación; pero no se hizo pública la identidad de todos los cooperativistas, empresarios y particulares que, según González, ayudaron a costear la actividad que —de acuerdo con su versión— no había sido organizada por el PPSO ni por el Gobierno.
En Puntarenas, este mes de septiembre, surgió incluso una contradicción: una asesora legislativa afirmó públicamente que una diputada oficialista había comprado refrescos y comida para asistentes a un acto público, pero la legisladora luego rechazó esa versión y atribuyó los alimentos a pescadores de la zona.
También ha habido cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales.
El caso más documentado fue el de marzo de 2025, en la marcha contra el fiscal general Díaz. La Nación determinó que Chaves usó vehículo oficial, combustible, escolta presidencial y decenas de oficiales de la Fuerza Pública y de la Unidad Especial de Intervención (UEI). Funcionarios del Ministerio de Comunicación también realizaron vídeos, publicaciones y una transmisión de más de dos horas mediante los canales institucionales; y la mayoría de los miembros del gabinete asistió durante su horario laboral.
El episodio incluso generó una investigación del Ministerio Público por el posible uso irregular de recursos públicos.
El Programa Estado de la Nación describió posteriormente aquella marcha como un salto respecto a concentraciones anteriores. Según su análisis, fue la primera vez en que el Poder Ejecutivo promovió una manifestación contra otro Poder de la República y participó activamente en ella.
Dos meses después apareció otro antecedente similar. Durante la concentración de seguidores que acompañó a Chaves mientras rendía su informe de labores ante la Asamblea Legislativa, el 5 de mayo de 2025, La Nación documentó buses procedentes de distintas zonas, una pantalla gigante, parlantes, animadores, una banda y una cimarrona.
Posteriormente, el Ministerio de Cultura confirmó que se usaron bienes públicos del Teatro Popular Melico Salazar y del Archivo Nacional —entre ellos, toldos, pantallas LED y equipos de sonido— para retransmitir el informe presidencial. El caso también terminó denunciado ante el Ministerio Público.
En Cartago, en septiembre pasado, el cuestionamiento se trasladó al uso del espacio público y al dispositivo de seguridad en el evento. Múltiples medios documentaron un fuerte cerco policial alrededor de la Plaza Mayor y que, mientras manifestantes opositores permanecían fuera, seguidores del Ejecutivo estaban dentro del perímetro donde se desarrollaba el Consejo de Gobierno.
Otro escalón distinto de cuestionamiento apareció con supuestos ofrecimientos de dinero. Antes de la marcha contra Carlo Díaz, CRHoy publicó audios y mensajes de WhatsApp en los que personas que se presentaban como encargadas de convocar asistentes ofrecían transporte, comida y, en algunos casos, hasta ¢10.000 por persona.
El medio identificó convocatorias desde San Carlos, Puntarenas, Puerto Jiménez y el Caribe, y posteriormente entrevistó a personas que habían llegado en los autobuses y que reconocieron que existió financiamiento para trasladarse.
Movilización permanente
Los casos muestran una especie de escalera.
En el peldaño más básico está lo que cualquier agrupación política podría hacer: convocar simpatizantes, organizar transporte y facilitar agua o alimentación. Ese fue, en buena medida, el escenario de las primeras concentraciones identificadas desde 2022, promovidas por ciudadanos que se presentaban como independientes del Gobierno.
Un escalón más arriba aparece una red de cooperativistas, empresarios, organizaciones locales y dirigentes capaz de conseguir buses, alimentos y otros recursos para movilizaciones de alcance nacional.
Y después vienen zonas menos transparentes, porque no siempre se conoce quién financió cada componente y, en algunos casos, participan funcionarios públicos o se emplean recursos estatales en contextos donde también hay manifestaciones políticas.
Desde la perspectiva de Alfaro, esa continuidad encaja con el intento que está realizando el chavismo de consolidar el apoyo que ha recibido en las urnas más allá de las elecciones y convertirse en una nueva identidad política. Pero también deja abierta una pregunta que atraviesa los distintos episodios: quién paga esa logística y de dónde provienen los recursos.
“Es claro que ya hay una logística detrás, pero la pregunta aquí es quién está pagando ese baile, quién paga esa música”, concluyó.
