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Preocupadas, pero no asustadas, las principales cámaras empresariales fijan su posición frente al pacto político-sindical que firmaron el 26 de junio el frente sindical Patria Justa y las autoridades de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA).
Si bien critican la decisión del partido de Gobierno de sumarse a las fuerzas que respaldan el documento “Una agenda patriótica para el bien común”, por considerar que la agenda que se plasma defiende privilegios de un grupo pequeño de burócratas y de entidades públicas, los empresarios opinan que el bloque político-sindical carece del respaldo necesario para concretar sus intenciones.
Por una parte, ese frente busca frenar la agenda que pretende impulsar el bloque legislativo opositor que se integró el 1° de mayo, enfocada en el recorte de pluses salariales del sector público, un manejo austero de los recursos públicos y el impulso a proyectos que aumenten la competitividad del país, como el que procura incrementar la cogeneración de electricidad con el fin de reducir las tarifas.
Por otro lado, los sindicatos, el PAC y el FA intentarán aprobar una serie de proyectos legislativos; entre ellos se cuentan dos reformas constitucionales para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho humano de acceso al agua, temas que crispan los ánimos de la oposición y del sector empresarial.
Tesis sin fuerza
Esos postulados de la izquierda no se sostienen, según el criterio de Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El jerarca afirmó que el documento no ganará el respaldo necesario de la opinión pública, además de que carece de espacios legislativos reales para convertir esa agenda en una realidad.
La opinión de Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) es similar.
El representante sostuvo que en la medida en que el país se entere de las intenciones de la izquierda, sus tesis perderán fuerza paulatinamente.
“Se unieron para defender privilegios excesivos que están afectando la competitividad de Costa Rica aduciendo que lo que defienden, en realidad, son derechos”, criticó el industrial.
Una visión contrastante sobre el pacto es la que ofrece Margarita Bolaños, presidenta del comité ejecutivo del PAC.
La dirigente política, cuya firma figura de primera en el documento conjunto con el FA y los sindicatos, apuesta por que una mayoría de los 1,3 millones de votantes que eligieron al presidente Luis Guillermo Solís están a favor de la agenda que se propone la izquierda.
Aunque, en paralelo, la jerarca rojiamarilla opina que el acuerdo no salpica al Poder Ejecutivo, que no tiene por qué sentirse obligado a seguir la ruta trazada en el Teatro Popular Melico Salazar hace dos semanas.
Ronald Jiménez rebate los cálculos de la presidenta del PAC.
“Si ese pacto tuviera algo que ver con el 1,3 millones de votos que obtuvo el presidente en segunda ronda, entonces, veríamos a una fracción del PAC con 40 diputados y no con los 13 que al final lograron elegir”, sostuvo.
Frente empresarial
Ante las señales enviadas desde el partido de gobierno y el frente sindical, Uccaep pretende fortalecer la unión del empresariado.
La cohesión se traducirá en una agenda de acciones y de proyectos que tienen como fin potenciar la generación de empleo, apalancada por la mayor inversión del sector privado, algo que, según Ronald Jiménez, solo ocurrirá en el momento en que el Gobierno empiece a enviar señales que provoquen confianza entre el empresariado.
La Unión ha hecho constantes críticas sobre el accionar del Gobierno, al que le ha señalado falta de rumbo y desinterés por encantar a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
Agenda de Uccaep
Ruta: Los presidentes de las 50 cámaras que integran Uccaep se reunirán este 15 de julio para conocer la agenda de proyectos y acciones conjunta.
Agenda propositiva: El primer bloque de esa agenda lo componen propuestas que los empresarios proponen al Gobierno para generar empleo, crecimiento económico y competitividad.
Con un ojo en la política: El segundo bloque de la agenda empresarial se compone de acciones para vigilar el avance de varios proyectos y leyes a las que las cámaras les ven eventuales perjuicios para sus intereses. Entre esta lista de planes figuran la reforma procesal laboral, la economía social solidaria, el proyecto contra el fraude fiscal, que podría eliminar el trámite de cobro de impuestos en sede judicial, y el plan para el manejo del recurso hídrico, que podría perjudicar a la industria nacional.
Fuente Uccaep
