“Se deben sentar responsabilidades claras sobre quienes causaron este conflicto (comercial con México por la prohibición a las importaciones de aguacate Hass) y sus motivaciones, especialmente poner en evidencia cómo las autoridades políticas se escudaron en criterios técnicos y científicos débiles para justificar intenciones políticas puntuales.

El proceso indagatorio concluyó el 23 de abril del 2019, ese día los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron por mayoría un informe en el que piden inhabilitar a Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos por cuatro años y, además, solicitan a la Fiscalía investigar penalmente a siete funcionarios relacionados con el hueco presupuestario.

En una suerte de profecía, los abogados laboralistas Paola Gutiérrez y Marco Durante alertaron, desde finales del 2015, que la nueva Reforma Procesal Laboral parecía pensada para facilitar que se dieran más movimientos de huelga en el país.

Luis Guillermo Solís Rivera no era —lo digo con todo respeto para quienes ejercieron esas labores— el conserje, un guarda, un chofer, el jardinero o el carpintero de la Casa Presidencial durante el período 2014-2018. Era el Mandatario; por lo tanto, sus excusas, rodeos y pretextos no son de recibo; dan pena e indignan.

Ante la incógnita de ¿por qué no se emitió un presupuesto extraordinario? Solís aseguró que la situación nunca le fue planteada. Además Hacienda intentaba durante el primer trimestre del año consolidar un contrato de colocación.

El Ministerio de Hacienda dice en Internet que los valores éticos que inspiran y soportan la gestión de los funcionarios de esa instituciónson: responsabilidad, transparencia, compromiso, eficiencia y honestidad. Los funcionarios del gobierno anterior deberían demostrarnos que actuaron bajo esos principios en la elaboración del Presupuesto Nacional del 2018. ¿Dónde estaban la viceministra de egresos, la Directora General de Presupuesto Público, el Tesorero Nacional y el Director General de Crédito Público?

La comparecencia ante los diputados debe ser ordenada pronto y con miras a establecer responsabilidades políticas claras. Se trata de un asunto político que complica de manera inesperada el trámite de la necesaria reforma fiscal. Luis Guillermo Solís y quien fue su ministro de Hacienda deben asumir las serias responsabilidades políticas que les corresponden, luego de pasar cuatro años achacando —no sin razón— la crisis fiscal a los gobiernos anteriores.

La Ministra de Hacienda se niega a afirmar que el multimillonario legado -equivalente al 1,73% del PIB-, es un faltante o un hueco financiero, y asegura que “es más bien la no previsión de vencimientos por la suma de ¢600.000 millones”.

En materia de negociación fiscal, los partidos y agentes sociales deberán hacer concesiones y aceptar que su abanico de demandas no podrá ser aceptado en su totalidad. Los maximalismos son tan malos como las agendas minimalistas. La solución estará en la moderación, en encontrar el justo medio en cada uno de los complicados temas en torno al gasto y los ingresos.

Todo pareciera indicar que el expresidente Solís trató con desdén a la comunicación política, seguramente desde la burbuja de la victoria con los 1,3 millones de votos que obtuvo en las urnas, o bien desde la falacia de “las obras hablan por sí solas”.