Por: Laura Ávila.   18 septiembre
La Escuela de Limoncito está ubicada el un patio de la iglesia católica debido a un desalojo por parte del Ministerio de Salud. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.
La Escuela de Limoncito está ubicada el un patio de la iglesia católica debido a un desalojo por parte del Ministerio de Salud. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.

El cambio demográfico pone presión a la demanda de servicios educativos. Entre el 2010 y el 2018 el 65% de las escuelas públicas mostraron un descenso en las matrículas, de acuerdo a cifras del Estado de la Educación. La inminente escasez de alumnos se impone como una oportunidad para mejorar la inversión, fortalecer la infraestructura y los sistemas tecnológicos.

Los datos de los últimos años reflejan una marcada disminución de escolares, la matrícula en educación primaria alcanzó el punto más alto en el 2000 cuando ingresaron 500.979 estudiantes y luego se desaceleró hasta llegar a los 400.243 en el 2017. Así lo demostró el análisis Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que Envejece, de la Contraloría General de la República (CGR).

Costa Rica como mandato constitucional debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo, sin embargo, tal cantidad de recursos no se han traducido en una mejora de la calidad educativa.

El 93% de las escuelas tiene un servicio recortado, es decir, no brindan todas las materias –como música, inglés o artes industriales– por falta de infraestructura. Esto obliga a los docentes a trabajar dos jornadas para atender a un grupo de estudiantes por la mañana y otro por la tarde, según manifestó Dagoberto Murillo, investigador del Programa del Estado de la Nación.

Debido a la holgura que experimentará el Ministerio de Educación Pública (MEP) a futuro, se podría abrir una oportunidad para redistribuir de manera más eficiente el presupuesto y así mejorar la calidad educativa. Sobre todo, porque esta institución es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

“Es una oportunidad de oro para hablar de enseñanza bilingüe o de razonamiento lógico, o interpretación de lectura”, afirmó Guiselle Cruz, ministra de Educación.

Ante el cambio en el bono demográfico, el estudio de la CGR estimó que si se brinda la misma cantidad de recursos que se dan por estudiante actualmente y se deja la misma cobertura, para el 2030 el país podría requerir solo el 5,3% del PIB.

Es una propuesta con la que no todos están de acuerdo. La historia reciente del país pesa, pues en los años 1980 debido a la crisis económica y la disminución en la inversión educativa , solo el 37% de la población que debía asistir al sistema educativo logró tener la secundaria completa.

Oportunidades de mejora

“Sí, hay un cambio demográfico importante y pensamos en una fuerza laboral disminuida, podría ser que educación invierta mucho más en tecnología para preparar a los muchachos del futuro, es decir, sustituir esa fuerza laboral con el tema tecnológico”, comentó semanas atrás Marta Acosta, contralora general de la República.

Precisamente uno de los talones de Aquiles que tiene el MEP es mejorar sus propias tecnologías de información. El ministerio lidia con sistemas que actualmente no están integrados entre sí. Los datos deben de ser incorporados desde diferentes plataformas de manera manual o semimanual. Es una situación que aumenta el riesgo de inconsistencias en el proceso, según lo determinó un informe de auditoría de la CGR en el 2018.

Contar con un expediente digital, aún es un sueño lejano para este ministerio, por lo que no existen mecanismos para cruzar información y dar trazabilidad a los estudiantes, según explicó el investigador del Estado de la Nación. Por ejemplo, hoy no se puede saber si un alumno desertó o si cambió de modalidad educativa.

En cuanto a infraestructura, aún falta mucho por avanzar, el sexto informe del Estado de la Educación de julio de 2017, indicó que las aulas de secundaria presentan problemas de temperatura, ruido y luminosidad.

De 106 salones analizados, solo dos ofrecían condiciones óptimas en cuanto a temperatura y menos del 25% tenían condiciones permisibles, lo que significa que solo en una de cada cuatro aulas la sensación térmica es aceptable.

Enfrentar temperaturas a niveles altos genera que los organismos inviertan buena parte de su energía en la compensación y esto viene en detrimento de la concentración y el aprendizaje del estudiante, señaló el estudio.

Captar a los jóvenes que no están dentro del sistema educativo, sigue siendo un desafío. En secundaria nunca se ha dado la universalidad, según Murillo, lo que significa que no todos los jóvenes que deberían de asistir a la secundaria, lo hacen.

El dato que arroja el más reciente informe del Estado de la Educación es que el 23% –es decir, 53.000 jóvenes con edades entre los 12 y los 16 años– están fuera del sistema.

Con respecto a la universalización del currículo, el avance es lento, y la estimación que realiza el Estado de la Educación es que para el 2034 solo el 33% de los centros educativos podría revertir el rezago.

¿Se debe mutilar la inversión?

Uno de los escenarios que arroja el informe Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que Envejece, es que si se equipara la cantidad de recursos que se destinan por estudiantes al día de hoy y se mantiene la cobertura, el país podría repensar el mandato constitucional y brindar solo el 5,3% de la producción nacional para el sector educación.

Si el país decidiera bajar la inversión educativa se podrían distribuir los recursos a otros sectores como salud, que va a tener un gasto muy creciente durante los últimos años, de acuerdo a la Contralora General.

Ahora bien, Acosta, señaló que el ente contralor no considera que el mandato constitucional necesariamente debe de modificarse a la baja, ya que todo debe de estar sustentado para tomar la mejor decisión para el país.

Sin embargo, fuentes consultadas por este semanario se oponen a esta idea. La primera de ellas es Guiselle Cruz, ministra de Educación. “Es un error grave pensar en que por nacer menos niños haya que invertir menos en educación”, indicó.

Ante los problemas estructurales que presenta la cartera, no es una opción recortar la inversión, considera el investigador del Estado de la Nación.

De darse una contracción en la inversión educativa, las poblaciones más afectadas son las de menor poder adquisitivo, que en muchos casos requieren de becas para poder insertarse en el sistema educativo.

Entretanto, los recursos que se le han brindado a la cartera se han incrementado en los últimos años. Durante el 2017 el Gobierno Central invirtió 7,4% del PIB en educación y entre el 2011 y el 2016 se destinó un promedio del 6,8% de la producción nacional, de acuerdo a datos de la CGR.