EscucharLas pulperías, abastecedores y minisúpers encabezan la lista de comercios con más asaltos denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2024. El fenómeno ha encendido las alarmas del sector, que exige mayores medidas de seguridad tanto al gobierno saliente como a las fórmulas presidenciales que aspiran a guiar el país durante el próximo cuatrienio.
Anualmente, la cantidad de asaltos denunciados en ese tipo de establecimientos asciende a los 250 casos. El 2024 cerró con 266 asaltos en dicho sector, lo que significa que cada día y medio ocurrió uno de esos hechos delictivos en el comercio detallista — al menos de lo registrado—.
La seguridad es tan solo uno de los ejes prioritarios que la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (Canacodea) le solicita a los candidatos presidenciales que trabajen en su agenda. La reducción de las tasas de interés, así como mejorar la tramitología son algunas de las solicitudes que indicó la cámara ante consultas realizadas por El Financiero.
“(La inseguridad) obliga a los comerciantes a incurrir en altos costos en equipo de seguridad”, comentó Gerardo Araya, presidente de Canacodea.
Garantizar la seguridad
La preocupación del sector no es aislada. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), la percepción de que la seguridad ha empeorado aumentó cuatro puntos porcentuales entre septiembre y octubre, pasando de 67% a 71% de los consultados.
Aunque en menor proporción, los comercios también enfrentan robos. Entre 2021 y 2024 se han registrado, en promedio, 150 denuncias por año.
Araya indicó que los detallistas son víctimas frecuentes de asaltos durante sus labores, “y lamentablemente algunos de ellos han perdido la vida”. Por esa razón el representante sostiene que es necesario garantizar la seguridad.
Combatir la informalidad
A la preocupación de la inseguridad que azota al territorio nacional se suma la informalidad laboral.
El 69,7% del empleo informal en el país se concentra en el sector servicios, según datos de la Encuesta Continua de Empleo al tercer trimestre 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Si se les agregan las actividades de ganadería y agricultura, el dato abarca el 81% de la informalidad.
Por otra parte, cuando los datos se enfocan en la informalidad en el comercio el resultado es de un 17%. Esto genera que la Cámara levante la voz para que las autoridades regulen este tipo de negocios, ya que resienten que quienes trabajan bajo la formalidad invierten tiempo y recursos en tramitología que la informalidad no cumple.
Reducción de los costos operativos
Canacodea señaló que los costos operativos que invierten en servicios públicos, impuestos y cargos sociales deben ajustarse y efectuarse una reducción.
“Es de vital importancia que en las instituciones públicas proveedoras de estos servicios se propongan nuevas iniciativas en esta vía que generen un menor impacto en la economía de los detallistas”, comentó Araya.
Mejoras en la tramitología
Pese a la existencia de la Ventanilla Única de Inversión (VUI), los detallistas consideran que esta herramienta no responde a sus necesidades. Por eso plantean la urgencia de una plataforma única, ágil y accesible, que reduzca los tiempos de espera y alivie la burocracia asociada a los permisos.
“No es justo que un negocio detallista deba poner en pausa su operación por el retraso en la respuesta a un trámite o por el tiempo que toma reunir todos los requisitos para poder solicitarlo”, enfatizó Araya.
Tasas de interés
La reducción de las tasas de interés forma parte de la lista de prioridades que plantea Canacodea para la próxima administración.
Si bien el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha ajustado a la baja la Tasa de Política Monetaria —de 9% a 3,50% en casi tres años y una disminución de 0,5 puntos porcentuales con respecto al inicio del año— los detallistas consideran que aún es difícil acceder a crédito, pues los préstamos siguen representando pagos insostenibles para el sector.
A las puertas de un nuevo gobierno, el comercio detallista exige respuestas inmediatas entre asaltos recurrentes, competencia informal y costos financieros que consideran insostenibles.
