Verónica Navarro tomó una decisión inusual las dos veces que los ladrones asaltaron su restaurante Azaleas, en San José: no le cobró la cuenta a ninguno de los clientes presentes. El gesto le costó miles de colones.
La experiencia de Azaleas no es algo aislado, sino el rostro de un problema sistémico que se ha agravado en los últimos años: con un promedio de seis asaltos diarios al sector comercial, la inseguridad se ha convertido en una variable fija en el estado de resultados de las empresas y un costo a considerar.
El Financiero analizó la base de datos con casi medio millón de denuncias realizadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde el 2016 y hasta el presente para examinar los reportes relacionados con comercios y definir sus patrones.
Es importante señalar que son más los hechos delictivos que ocurren que los que se denuncian ante las autoridades. En ocasiones las personas temen represalias, consideran que el monto de dinero sustraído es bajo o que el trámite no llevará a recuperar lo perdido.
Más allá de la tendencia que muestran los números, los asaltos se volvieron parte de la rutina diaria para muchos comerciantes de Costa Rica. “Los negocios pequeños se han convertido en la caja chica de los delincuentes”, aseguró a EF Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (Canacodea).
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Aunque las cifras oficiales muestran una baja en las denuncias de criminalidad general durante 2024 respecto al año anterior, en la actualidad siete de cada diez empresas califican al país como inseguro o muy inseguro, según la Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), divulgada en este mes.
Esos números son coherentes con estudios publicados en los últimos meses por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (Ciep) de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, los cuales indican que cerca del 70% de los ciudadanos califican los niveles de seguridad actual como malos o muy malos, mientras el 66,6% piensa que hay un deterioro en la seguridad en el 2025 en relación con el 2024.
Ante esa percepción, muchos dueños de comercios de todos los tamaños y sectores han decidido invertir para protegerse. Mientras las grandes empresas apuestan por guardas armados y sistemas de videovigilancia eletrónica, los pequeños negocios se refugian tras rejas que, además de proteger, son testimonio visual de la inseguridad percibida y vivida.
Los clientes de los comercios también pagan las consecuencias, obligados a entregar sus celulares o dinero con la esperanza de salir con vida de un asalto. Entre el 2021 y el 2024, los pasajeros del transporte público y los compradores en locales figuraron entre las principales víctimas de asaltos. Cuando se trata de robos, el blanco preferido son los establecimientos. En Costa Rica, el OIJ define los asaltos como los hechos delictivos dirigidos a personas y los robos como los dirigidos a los inmuebles o bienes.
Según los datos del OIJ, en el 2023 se registraron récords históricos de robos en restaurantes en Tibás y en salones de belleza en Montes de Oca, mientras que en el 2024 hubo 34 asaltos a empresarios en la provincia de Puntarenas y 117 a clientes en locales comerciales en San José.
La factura de la inseguridad
La provincia de San José lidera el mapa de la criminalidad comercial con 6.403 casos de robos y asaltos acumulados en los últimos dos años. Verónica Navarro, copropietaria del restaurante Azaleas –con locales en San Francisco de Dos Ríos y Los Yoses–, conoce de primera mano ese drama.
“Las únicas dos veces que ingresaron a asaltar, tomamos la decisión de no cobrarle la cuenta a los clientes”, comentó Navarro, quien detalló que la factura que asumieron de los comensales rondó los ¢100.000 en cada ocasión.
Los restaurantes, sodas y clientes comerciales figuran entre las principales víctimas de los asaltantes, según las estadísticas del OIJ. Los restaurantes también se posicionan en el top 5 de sitios recurrentes de robo. El efectivo en caja y los bienes personales de los clientes son el imán para los delincuentes. Aunque el uso de tarjetas y de herramientas como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) redujeron el flujo de efectivo, no disuadió a los asaltantes, que ahora también buscan tabletas y celulares de los clientes y el personal.
El caso de Azaleas no es aislado. En febrero pasado se registró un asalto en el restaurante La Finca, en San Ramón de Alajuela. Dos hombres encapuchados y armados golpearon a los propietarios, los amarraron y luego sustrajeron un vehículo, dos computadoras, dos teléfonos y productos del local, informó la Policía.
Tampoco importa el tamaño del negocio. En mayo pasado en la sucursal del Banco Nacional en San Pedro de Montes de Oca, durante la madrugada, dos hombres golpearon al guarda que vigilaba en la caseta, lo esposaron y luego robaron cinco armas de fuego, celulares y billeteras.
Las inversiones en seguridad varían según el tamaño del comercio y del público al que se dirigen. En abastecedores de barrio, la estética pasa a segundo plano frente a las medidas disuasorias como los portones y rejas; en contraste.
El restaurante Azaleas no puede costear un guarda privado, otra de las opciones más populares. El Ministerio de Seguridad indica que al 2024 existen unos 26.000 agentes de seguridad registrados. Además, calculan que hay unos 5.000 guardas no registrados. Mientras, hay unos 15.000 efectivos de la Fuerza Pública y unos 1.000 policías municipales.
Por ahora, Azaleas tiene un sistema de cámaras y alarmas que cuesta ¢150.000 al mes, un monto que consideran elevado.
En las pulperías, por su parte, el espejo convexo en una esquina elevada del local es el centinela preferido y de menor impacto al bolsillo. Otros negocios optan por el blindaje total: instalan verjas que impiden el ingreso y venden a través de una pequeña ventana, reduciendo al mínimo el contacto con el cliente. Los sistema de seguridad con cámaras se han popularizado en los últimos años pues su precio ha bajado.
De acuerdo con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el 69% de las empresas asociadas a la entidad tienen algún tipo de gasto relacionado con seguridad. Asimismo, el 37% de los empresarios destina entre un 10% y un 15% de sus costos operativos a estas medidas. En contraste, en un país como México solo el 4% de las empresas gasta más del 10% en temas de seguridad, según una encuesta de la American Chamber of Commerce Mexico.
Medidas de seguridad
El año 2023 fue un punto de quiebre para Costa Rica. Con 907 homicidios registrados, se convirtió en el más violento de la historia reciente.
El récord de homicidios en locales comerciales se había registrado antes, en el 2021, con 23 casos; pero en el 2023 y en el 2024 hubo 22. El récord de homicidios de taxistas se registró en el 2023, con 13 casos; el de guardas ese mismo año, con 8 casos. Entre el 2020 y el 2024 se reporta el homicidio de 29 empresarios o comerciantes.
En el año 2023 también se reportaron cifras récord de robos en oficinas y pulperías del cantón de Puntarenas, con 17 y 10 casos respectivamente. Las entidades financieras en Goicoechea son otro ejemplo del aumento de los robos: la cifra récord también se ubicó en el 2023, con 16 denuncias ante el OIJ.
Las grandes empresas han podido reaccionar con mayor contundencia. Su margen financiero les permite implementar protocolos de seguridad robustos que resguardan bienes, personal y clientela.
La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos confirmó que han reforzado las medidas de seguridad ante el incremento de la criminalidad en Costa Rica. “Contamos con un presupuesto anual para implementar soluciones tecnológicas como sistemas de videovigilancia, control de accesos electrónicos, monitoreo inteligente de rutas y uso de dispositivos de seguridad en nuestras unidades de distribución”, comentó Marina Rodríguez, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la cooperativa.
En Florida Ice and Farm Company (Fifco) cuentan con un plan integral de seguridad corporativa con el que capacitan al personal y optimizan las rutas operativas.
Pese a los esfuerzos individuales, no se registra un estudio que cuantifique el costo en dinero de la seguridad empresarial en Costa Rica. Lo que sí es claro es el consenso: la criminalidad dejó de ser una amenaza difusa para convertirse en una variable más del entorno operativo.
La CICR indicó que un 64,5% de las empresas afectadas reporta aumento en inversiones y en los gastos de seguridad en instalaciones y un 61,3% también aumentó sus inversiones en ciberseguridad.
Por su parte, Alberto Arguedas, director ejecutivo la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), resumió el sentir empresarial: “muchas organizaciones han tenido que revisar y optimizar sus protocolos de seguridad para responder de forma más eficaz a un entorno de mayor riesgo, lo que genera una presión adicional sobre sus presupuestos operativos”, lo cual implica que asumen los costos o los pasan a los clientes por medio de los precios.
Esa revisión que menciona Arguedas se puede vincular con una mayor demanda de servicios de seguridad por parte del empresariado. Esto se respalda con el crecimiento de planillas en las compañías de seguridad privada, según los datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por ejemplo, Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. experimentó un incremento de 323,5% en su capital humano del 2016 al 2024. El segundo aumento más grande de personal fue en Servicios Mava SRL, con un 118,3%.
Percepción del país
Aunque las denuncias ante el OIJ han disminuido, la percepción ciudadana sigue pintando un panorama sombrío. El 67,1% de los costarricenses considera que la situación de seguridad está “peor o mucho peor”, según un estudio publicado en abril por el Idespo.
En el restaurante Azaleas contemplan cerrar más temprano para evitar ser víctimas, nuevamente, del hampa. De hecho, este comercio se acercó a la Policía para que les ayudaran dando rondas cerca de la hora de cierres: el café y la repostería para los oficiales corren por cuenta del local.
La inseguridad también desencadena un freno a la inversión: la CICR señaló que el 9,7% de las empresas afectadas por delincuentes ha postergado o cancelado planes de inversión; uno de cada diez compañías están reportando la postergación o reducción de planes de expansión en el país.
Un informe publicado en junio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió del “impacto potencial del aumento de la violencia en el turismo y la IED (Inversión Extranjera Directa)” como uno de los factores de riesgo internos para la economía costarricense. Este julio se anunció una caída interanual de la IED de 25%. El turismo cayó 3% en el primer semestre.
Con las tendencias actuales, la inseguridad deja de ser una preocupación doméstica para convertirse en un factor de riesgo económico. El aumento en los costos operativos y la necesidad de blindar comercios debilitan uno de los principales activos que el país ha vendido por décadas: su estabilidad.
