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Si la Administración Solís Rivera no logra desarticular el servicio de Uber en los próximos meses, lo más probable es que el siguiente gobierno aminore las medidas en contra de la aplicación.
Al menos eso es lo que consideran algunos de los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, según una consulta hecha por EF. La mayoría aprueba el uso de la aplicación y el servicio, siempre y cuando sea regulada por ley o por la vía del Ejecutivo.
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El propio ex ministro de trabajo, y hoy candidato oficialista, Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC) asegura que desistiría de continuar aplicando las medidas que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) apunta hoy en contra de los negocios que realizan promociones con Uber.
"No continuaría con las acciones como las ejecutadas desde el MEIC con las empresas. Enfatizaría las inspecciones en materia de cumplimiento de la normativa de transportes, impuestos y seguridad social" señaló Alvarado. "Si, impulsaría una reforma legal que regule la economía digital en sus diferentes expresiones", agregó.
Otros candidatos como Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), Antonio Álvarez (Partido Liberación Nacional, PLN) u Otto Guevara (Movimiento Libertario) dicen que buscarían regular iniciativas de este tipo, pero desisten de adoptar medidas de "persecusión" en contra del servicio.
El candidato del PUSC opina que el gobierno no puede dejar de lado a las familias de los taxistas, pero que las políticas públicas no pueden detener los avances tecnológicos.
"Requerimos ajustar la legislación para garantizar el equilibrio entre el progreso necesario y los derechos de los concesionarios del servicio público de taxis. Optar meramente por retrasar el uso de nuevas aplicaciones, afectará a los usuarios (las restricciones siempre elevan los costos), atrasará nuestra integración con el mundo y, en cualquier caso, no podrá impedir su uso razonable".
Mientras se legisla, Piza considera que se "deben respetar las leyes, pero interpretándolas ampliamente y tratando de ajustarlas a los tiempos que corren". "No se puede pretender sancionar a empresas privadas por tener relaciones comerciales con una actividad que no cuenta con legislación habilitante, pero que no es delictiva", señaló.
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El candidato liberacionista, Álvarez Desanti, considera en que las nuevas modalidades de las tecnologías son positivas, siempre y cuando haya reglas claras.
"Uber debe operar nivelando el mercado debe pagar seguros, impuestos y tener los mismos requisitos que tienen los demás taxis en esos campos. Es un tema cuya resolución puede resolverse a través de un proyecto de ley que establezca una nueva modalidad de transporte", señaló a EF. "(En esas reglas) debe avanzarse desde ahora, sin que ello implique una persecución" adujo.
Para Otto Guevera los servicios de Uber pueden reglamentarse mediante un Decreto Ejecutivo que permita crear un reglamento para el transporte remunerado de personas.
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"(De esa manera, se le daría) un permiso especial a todas las personas que quieran dedicarse a transportar personas con plataformas como Uber, Lyft, Nova, o cualquier otra. Esa es la primera opción, que es la más sencilla, el 8 de mayo yo resolvería eso de una vez. El 8 de mayo cesarían todos los operativos contra estas personas e instruiría al ministro para que me prepare el reglamento respectivo" dijo Guevara a EF.
El libertario destacó que hay otros dos proyectos de ley que pretenden resolver el tema. Uno, de su bancada, elimina la ley del transporte remunerado de personas y deroga los servicios especiales, limitando el servicio a la regulación del Codigo Civil, el Código de Comercio, el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros. Otro, del oficialista Franklin Corella, otorga permisos estatales a estos servicios.
"Pero no me siento muy optimista en cuanto a que podamos aprobar estos proyectos antes del 30 de abril entrante", destacó.
Edgardo Araya del Frente Amplio, asegura que la plataforma es ilegal y que aplicaría la ley contra el servicio, pero que revisaría todo el sistema de transporte costarricense con una "readecuación (global) que incluiría a aplicaciones como Uber".
"Uber, tal y como está hoy es ilegal. (...) Pero uno puede tapar el sol con un dedo, no se puede hacer nada bloqueando una aplicación cuando pueden salir otras más. El problema no es Uber, sino también el sistema de transporte. En la lógica de la ley de taxi debería haber una placa por persona o familia, eso debe revisarse para emparejar la cancha", señaló.
"Tengo claro que hay que regularlos. Echarlos del país es iluso. El objetivo es rediseñar el sistema de transporte, y en ese rediseño podría entrar Uber", cerró.
