La Fiscalía General allanó este 18 de septiembre las instalaciones del Ministerio de Salud por una de las más de 50 causas que se han abierto en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Se trata del cierre en julio de 2022 —en condiciones aparentemente irregulares— del centro de eventos Parque Viva; propiedad de Grupo Nación, del cual los periódicos La Nación, El Financiero y La Teja forman parte.
Según explicó el fiscal general Carlo Díaz, los allanamientos pretendían recolectar comunicaciones electrónicas, resoluciones y otras documentaciones relacionadas con el caso, el cual se tramita bajo el expediente 22-000049-0033-PE y también incluye como investigada a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, y otros funcionarios públicos de ese momento.
¿Qué pasó este 18 de septiembre?, ¿de qué se trata el caso? y ¿qué respondió Presidencia? EF le explica.
El allanamiento
Los allanamientos a las instalaciones del Ministerio de Salud, tanto en San José como en Alajuela, se desarrollaron este 18 de septiembre y en ellos participaron el fiscal general Carlo Díaz, así como los magistrados de la Sala III Jesús Ramírez, Patricia Vargas, Rosa Acón, Cynthia Dumani y Miguel Fernández.
Los magistrados de esta Sala deben participar en todos los allanamientos que se realizan en causas contra funcionarios de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente.
De hecho, el allanamiento mismo tuvo que ser autorizado por los altos jueces.
Como se pretendían recolectar comunicaciones electrónicas, resoluciones y otras documentaciones, en las pesquisas participaron la las secciones Anticorrupción y de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los presuntos delitos que se investigan son prevaricato y abuso de autoridad, los cuales se recogen en los artículos 357 y 338 del Código Penal, respectivamente. El primero se refiere a cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos, y se castiga con penas de dos a seis años de prisión; el segundo, por otra parte, se refiere a cuando un funcionario se extralimita y comete un acto arbitrario en perjuicio de un tercero, y su pena es de tres meses a dos años de cárcel.
El caso y las irregularidades
El cierre de Parque Viva se remonta al 8 de julio de 2022. Aquel día, el Ministerio de Salud suspendió los permisos de funcionamiento del centro de eventos, alegando que la actividad en este provocaba grandes problemas de congestionamiento vial y que ello dificultaba la atención de eventuales emergencias en la zona.
Según justificaron las autoridades, la decisión la tomó el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, compuesto por los ministerios de Salud y de Obras Públicas; así como de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder). Antes, añadieron, se había recibido una denuncia anónima, que se le trasladó al despacho de la entonces ministra Chacón.
El Gobierno inicialmente justificó su decisión en múltiples criterios institucionales; sin embargo, luego remitió documentos fechados de forma posterior al anuncio de la decisión.
Ante esas y otras inconsistencias, periodistas del Grupo Nación —dueño del inmueble y editor de los periódicos La Nación, El Financiero y La Teja— sometieron el caso a análisis de la Sala Constitucional, alegando que la decisión no fue debidamente justificada y más bien podía representar un ataque a la actividad periodística de los medios de prensa; por tratarse el centro de eventos de un medio de financiamiento indirecto para la compañía.
El presidente Rodrigo Chaves no solo había criticado la línea editorial del periódico La Nación en múltiples ocasiones antes del cierre del complejo de eventos, sino que meses atrás también había manifestado en eventos de campaña electoral, a copartidarios, que juntos causarían “la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y Teletica“, otro medio que ha señalado como adversario.
Finalmente, la Sala Constitucional publicó su decisión final sobre el caso el 21 de octubre de 2022. Los magistrados anularon el cierre y afirmaron que el acto constituyó “una violación indirecta a la libertad de prensa”. Más tarde se publicó el fallo completo de los altos jueces, según el cual, el acto habría sido “atropellado e ilegítimo”.
La reacción
Luego de los allanamientos, el presidente Rodrigo Chaves reaccionó y aseguró sentirse víctima de “hostigamiento” por parte del Poder Judicial.
“Esto es absurdo; además, de que es una muestra más de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía y de la Sala III, y su presidenta Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme”. Así se manifestó mientras se desarrollaban las operaciones judiciales, durante el acto de divulgación de informaciones que realiza cada semana.
Minutos antes, la actual ministra de Salud, la vicepresidenta Mary Munive, dijo que la institución había sido allanada para ir a “rebuscar” “un montón de papeles”, pero no brindó muchos más detalles. Sí criticó las gestiones, por considerar que otras supuestas denuncias de su parte no se mueven en el Poder Judicial.
El presidente Chaves también acusó a las autoridades judiciales de actuar arbitrariamente. “Es que es La Nación, y La Nación tiene todavía tentáculos profundos con estas instituciones (...) Esa acción de Parque Viva, dicen, ‘ah, es que Chaves en la campaña dijo que La Nación...’ y ha tenido conflictos con ellos; por supuesto, pero de pelearse con un vecino a matarlo, de pelearse con un vecino sobre temas en los que yo creo llevar razón a decir que nosotros actuamos criminalmente con esto de Parque Viva, es absurdo”, sugirió.
Ante las declaraciones de Chaves, el fiscal general Carlo Díaz respondió a una consulta de Teletica diciendo que el Ministerio Público no se referiría a “manifestaciones malintencionadas que pretenden cuestionar nuestra objetividad e independencia en las acciones operativas en ejecución”. “Cualquier discusión jurídica” acerca de las gestiones que se dirigen, dijo, se harán “únicamente donde corresponde: en los tribunales de justicia”.
