La crisis educativa en Costa Rica no da tregua y, lejos de revertirse, se ha profundizado con las decisiones tomadas por la administración Chaves Robles, según advierte el Décimo Informe Estado de la Educación (2025).
El informe señala cinco decisiones políticas recientes que han vulnerado logros históricos en la educación costarricense y que, en lugar de fortalecer al sistema, han debilitado sus cimientos.
“Son un conjunto de decisiones de autoridades ministeriales que resultan erráticas, improvisadas, sin sustento técnico ni rendición de cuentas”, indicó Dagoberto Murillo, investigador del informe.
Entre esas medidas se incluyen ajustes fiscales, debilitamiento de programas, improvisación en la rectoría, eliminación de convenios y la escasa capacidad para enfrentar los desafíos de la Educación Superior. Todas ellas han pasado factura y reflejan un rumbo que carece de planificación y visión a largo plazo.
Lo más preocupante es que este conjunto de malas decisiones ocurre en un contexto en el que el país aún no logra superar las secuelas del apagón educativo, originado en 2018 con las huelgas de educadores y agravado posteriormente por el rezago derivado de la pandemia. En lugar de recuperación, la crisis se profundiza y deja a la educación costarricense atrapada en un terreno cada vez más frágil.
1.Educación como variable de ajuste fiscal
En los últimos cinco años, la inversión social pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB) registró la mayor disminución de las últimas cuatro décadas.
Entre 2018 y 2023, la inversión real en educación primaria cayó un 14%, y su “prioridad fiscal en el 2023 (4,4% del gasto del gobierno general) estuvo casi tres puntos porcentuales por debajo de la registrada en el 2000”, señala el informe.
2. Debilitamiento de programas de equidad
La reducción en la inversión también tiene efectos en la forma en que se distribuyen los recursos a nivel interno. Los programas de equidad registran caídas entre 2018 y 2023, principalmente en incentivos como becas y transferencias monetarias.
“Esto se da en un contexto donde cerca del 35% de la población joven que asiste al sistema educativo público está en condición de pobreza”, comentó Murillo.
3.Improvisación en la rectoría
La administración Chaves Robles operó durante tres años sin un plan ministerial para el Ministerio de Educación Pública (MEP), lo que debilitó la gobernanza y la capacidad de gestión en medio de la crisis educativa que persiste desde 2018.
En 2025 se presentó finalmente el Plan de Trabajo Prioritario Estratégico 2025-2026, pero el margen para su ejecución resulta limitado.
El Consejo Superior de Educación (CSE), por su parte, tampoco ejerce a plenitud su función rectora, debido a limitaciones técnicas, financieras e institucionales. En la práctica, el CSE no cumple con su mandato constitucional, que le asigna la dirección general de la enseñanza oficial.
El Décimo Informe Estado de la Educación señala que la debilidad institucional del CSE responde a su nivel jerárquico, equivalente al de otros departamentos subordinados al MEP. A esto se suma un reglamento desactualizado que reduce aún más su alcance.
Las limitaciones técnicas, según el investigador Dagoberto Murillo, obedecen a “un equipo escaso y poco especializado, centrado especialmente en puestos administrativos, y esto limita la capacidad del consejo para supervisar acuerdos”.
En materia financiera, el CSE carece de autonomía presupuestaria, no dispone de infraestructura propia ni de control sobre la contratación de su personal.
4.Eliminación sin fundamentos de políticas
Las decisiones en inclusión digital, el retroceso en educación para la afectividad y la falta de una estrategia de nivelación de aprendizajes han dejado impactos visibles en la crisis educativa.
Inclusión digital: en 2022, el MEP solicitó la suspensión de la distribución de dispositivos; al año siguiente, rompió el convenio de 30 años con la Fundación Omar Dengo, y los equipos quedaron almacenados sin uso. En 2024 se aprobó el nuevo Plan de Formación Tecnológica, pero “no se ha logrado garantizar las condiciones requeridas para su sostenibilidad, como la provisión de dispositivos, conectividad, materiales, formación y acompañamiento docente”, indica el Estado de la Educación.
Educación para la afectividad: otra decisión reciente fue la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad, reemplazado por el nuevo Programa de Educación para la Paz y Convivencia, que no cuenta con un aval técnico de instancias especializadas.
Nivelación de aprendizajes: la ausencia de una prueba oficial para certificar o diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes dejó a los docentes con la responsabilidad de evaluar a los alumnos tras la eliminación del Plan de Nivelación Académica en 2021 y de las pruebas comprensivas aplicadas entre 2022 y 2024. En consecuencia, no existe una estrategia que cuente con apoyo pedagógico estructurado para su implementación.
5.Pocas capacidades para atender desafíos en Educación Superior
La educación superior pública enfrenta estancamiento y financiamiento insuficiente tras negociaciones anuales que acumulan conflictos.
Mientras tanto, la fiscalización de universidades privadas se reduce: nuevos centros y carreras virtuales operan sin control adecuado.
