EscucharLa nueva Asamblea Legislativa llegará al 1.° de mayo con una agenda extensa, orientada por un oficialismo fortalecido. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la presidenta electa Laura Fernández contará con 31 diputaciones, suficientes para controlar la mayoría simple del Plenario y dirigir el pulso político de su discusión.
El contraste es claro. Las últimas administraciones gobernaron con bancadas reducidas de 10 legisladores o menos; pero ahora el Ejecutivo tendrá margen para impulsar proyectos heredados, presentar nuevas iniciativas y reabrir debates que antes parecían inviables.
Pero el mayor margen no elimina el dilema estratégico. “Los gobiernos con mayor capital político tienden a concentrarse en lo que más les interesa”, señaló el politólogo Ronald Alfaro, de la Universidad de Costa Rica (UCR); quien recordó que el gran desafío de este tipo de administraciones muchas veces termina siendo “elegir correctamente sus batallas” y no terminar diluyendo su potencial entre muchas al mismo tiempo.
La duda, entonces, está en el ambiente: “habrá que ver cómo actúa esta nueva administración con tantos temas que aparecen en agenda”, subrayó.
La agenda
Lo más rápido
Entre los proyectos heredados del período 2022-2026, pronto a concluir, el oficialismo identifica dos puntos de partida: el proyecto para facultar las jornadas laborales de 12 horas con cuatro días de descanso y la apertura del mercado eléctrico, que actualmente sigue siendo monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según Nogui Acosta, futuro jefe de fracción oficialista, ambos podrían reunir los apoyos necesarios y convertirse en las primeras pruebas de fuego para el nuevo Congreso.
“Yo creo que los diferentes jefes de fracción tendremos que hablar sobre cuál será el escenario en el que nos vamos a sentir cómodos” y “resolver aquellos temas en los cuales estamos de acuerdo primero”, declaró en una reciente entrevista con EF.
La negociación dura
Más compleja sería la tramitación de otros expedientes que interesan al Poder Ejecutivo, como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) o la limitación de las potestades de la Contraloría General de la República (CGR).
Incluso Acosta reconoce que dichas cuestiones enfrentan menores niveles de consenso y que, por ende, requerirían de negociaciones más profundas.
A ellos se suman otras iniciativas como la reestructuración institucional que Fernández ya impulsó cuando fue ministra de Planificación, y que ahora podría recobrar protagonismo. Dichos cambios se habían planteado dentro de varios proyectos distintos, enfocados en sectores del aparato estatal como las obras públicas, la vivienda o la gestión ambiental.
Otras reformas que se discutieron recientemente, en cambio, parecen quedar fuera del debate público. Tal es el caso del establecimiento de un sistema de cobro global para el Impuesto sobre la Renta: un tema que según Acosta “se satanizó” y no ve factible reabrir “en el corto plazo”.
La agenda nueva
La nueva presidenta electa también impulsará ideas nuevas. Por ejemplo, ya señaló que enviaría una batería de nuevos proyectos al Congreso en materia de seguridad.
Poco después de ganar los comicios, la nueva mandataria indicó que planteará cambios legales para endurecer las penas de prisión de jóvenes y adultos; así como revisar las normas que regulan la ejecución condicional de la pena y reformar la Ley de Gestión del Sistema Penitenciario, que regula el funcionamiento del sistema carcelario.
Otros cambios también son esperables en materia de contratación administrativa y concesiones.
Fernández y Acosta también han señalado varias veces que el nuevo gobierno quisiera rediseñar el sistema nacional de concesiones que, según dicen, ha sido poco eficiente para impulsar alianzas público-privadas en los últimos años.
La presidenta electa incluso aseguró que le gustaría “cerrar” el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). “Sale más caro y más difícil tratar de enderezarlo”, afirmó en una reciente entrevista con Extra TV.
Reformas constitucionales
El nuevo Ejecutivo también ha expresado su interés de impulsar reformas constitucionales, a pesar de que tendrían que negociar con otras fracciones para alcanzar los 38 votos requeridos para ese tipo de enmiendas a la Carta Magna.
Entre las ideas mencionadas figuran cambios en la rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y eventuales ajustes al rol de la Sala Constitucional, aunque todavía no han sido descritos en detalle por Fernández o el resto de su equipo.
Acosta, además, ha agregado propuestas para evitar la reelección indefinida de los altos jueces, y para habilitar la reelección presidencial por un único período consecutivo.
La carta del referéndum
Con 31 votos, además, el oficialismo también podría habilitar la convocatoria de un referéndum para proyectos que enfrenten resistencias legislativas.
Fernández ya intentó una consulta popular como ministra durante el gobierno de Rodrigo Chaves, pero no logró el respaldo legislativo suficiente y la propuesta impulsada —que entre otras cuestiones pretendía cambiar ámbitos de acción de la CGR y avalar nuevos modelos de contratación— no superó el tamiz de la Sala Constitucional.
La vía del referéndum no es ilimitada. No se pueden someter a ese tipo de votaciones temas presupuestarios, tributarios, fiscales, crediticios, de pensiones, de seguridad o actos administrativos, solo por citar algunos ejemplos.
La aprobación legislativa para acudir a un referéndum solo requiere de mayoría absoluta cuando es mancomunada; es decir, cuando lo solicitan al mismo tiempo la Presidencia y los diputados.
Maniobra política
Contar con 31 diputaciones representa, al mismo tiempo, una oportunidad y una presión adicional para el nuevo gobierno.
La mayoría no garantiza la aprobación de cualquier reforma ni neutraliza completamente una oposición activa; sin embargo, sí ofrece margen suficiente para moldear la agenda y buscar la aprobación de los temas más deseados.
Para Alfaro, la clave para el Poder Ejecutivo será administrar ese margen con disciplina estratégica.
“Tendrá que escoger muy bien sus batallas y decidir cómo querrá conducir la agenda”, señaló. “Si no necesita el apoyo de otros partidos para una buena parte de las cosas, entonces puede reducir la cantidad de proyectos e intentar asegurar que los que considera más importantes se concreten”, subrayó.
Acosta coincide en que el oficialismo deberá definir una agenda mínima viable y avanzar primero en los temas con mayor nivel de acuerdo. Asimismo, asegura que se deberá tomar en cuenta las prioridades e intereses de otras fracciones, de modo que haya un ambiente de construcción conjunta.
Desde su punto de vista, “el secreto será hablar (entre fracciones), ver con cuál escenario nos sentimos todos más cómodos y resolver aquellos temas en los que tenemos mayor nivel de acuerdo primero”.
“Hay temas en los cuales estamos de acuerdo con otras fracciones, en los que deberíamos avanzar primero. Pero también hay temas en los que estamos de acuerdo, con observaciones, y tendremos que negociar”, concluyó.
