Por: Laura Ávila.   23 noviembre, 2018

Desde el 22 de mayo de 1998 Costa Rica cuenta con la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos que da luz verde para construir infraestructura en alianza con el sector privado.

El exceso de trámites y la enorme brecha que existe entre las competencias del sector público y privado, son dos causas que explican por qué el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) ha tenido un papel secundario en el desarrollo de infraestructura en el país. Fotografía: cortesía de APM terminals.
El exceso de trámites y la enorme brecha que existe entre las competencias del sector público y privado, son dos causas que explican por qué el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) ha tenido un papel secundario en el desarrollo de infraestructura en el país. Fotografía: cortesía de APM terminals.

Sin embargo, 20 años han sido insuficientes para potenciar esta figura, pues en el país solo se han construido la Ruta Nacional 27, la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), la Terminal Granelera de Puntarenas y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

El exceso de trámites y la enorme brecha que existe entre las competencias del sector público y privado son dos causas que explican por qué el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) ha tenido un papel secundario en el desarrollo de infraestructura en el país.

El rezago que enfrentan las alianzas público privadas ahora son motivo de discusión, por eso Silvia Hernández, diputada liberacionista, presentó un proyecto para reformar la ley de concesiones y fortalecer la figura.

¿Por qué el rezago?

Durante dos décadas la tramitomanía ha demostrado ser el principal freno para la construcción de infraestructura mediante la figura de concesión.

Este modelo consiste en un contrato entre una empresa privada y el gobierno, a fin de que se provea un activo o servicio, así el actor privado asume riesgos y también obtiene resultados a largo plazo. En el papel la fórmula es sencilla, sin embargo, empatar al sector público con el privado genera una carga desbalanceada, al conjugar un actor muy eficiente con una contraparte aletargada y llena de procesos.

La concesión requiere de una coordinación interinstitucional que va más allá del ente rector y la contraparte privada.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la República (PGR), Presidencia de la República y la municipalidad correspondiente, son algunas de las instituciones que entran en juego.

Además se deben sumar los rectores de inversión pública, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y el Ministerio de Hacienda.

Los resultados que ha generado la integración de todos esos actores es una de las lecciones aprendidas durante los veinte años de vida del CNC.

“Si nosotros como país no logramos que esa coordinación interinstitucional converja de forma simultánea, se dificulta el proceso porque la comunicación es casi diaria”, sentenció Paola Núñez, secretaría técnica del CNC.

Para consolidar la figura, el país necesita romper los ciclos electorales y comprometerse con una visión que trascienda administraciones.

Además se deben fortalecer las etapas previas para evitar reprocesos, un ejemplo son los taludes de la Ruta Nacional 27 que se construyeron de manera vertical por falta de expropiaciones.

Esto no solo se convirtió en una de las grandes debilidades de la carretera, sino que implica la inversión de mayores recursos.

Con la toma de terrenos que se realizarán en el 2018 y el 2019, el CNC analiza disminuir la pendiente de los taludes para que exista una mayor capacidad para canalizar las aguas.

La comunicación y el acercamiento con las comunidades también ha sido un talón de Aquiles para el CNC.

Algunos actores no comprenden la importancia de los proyectos y por eso la institución enfrenta el reto de mantener una comunicación constante durante toda la construcción, a criterio de Núñez.

Por otra parte la contratación de personal a través del servicio civil se convierte en una camisa de fuerza para la institución, ya que esta se ve obligada a seleccionar su personal mediante una limitada terna.

Fortalecer la concesión ayudaría a que Costa Rica se posicione como destino de inversión a nivel internacional, si los procesos fueran más ágiles el país podría obtener de licitaciones de empresas extranjeras, a criterio de Federico Villalobos, socio de asesoría financiera de Deloitte.

Por el momento el país pierde competitividad con México o Colombia, naciones que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de infraestructura.

Fortalecimiento

La administración Alvarado Quesada pretende dinamizar la economía fortaleciendo el CNC, institución que sufrió de un debilitamiento interno durante los últimos años.

En el último trimestre del 2018 el Gobierno anunció la inyección de ¢5.000 millones para expropiar los terrenos para la ampliación de la Ruta Nacional 27 y para contrataciones de personal especializado.

Como parte del fortalecimiento el CNC tiene una expectativa de crecimiento de 13 profesionales en este cuatrienio, que serán distribuidos en las unidades ejecutoras y el equipo de proyectos.

Esto no implica la apertura de nuevas plazas, sino que al existir vacantes en otras instituciones, si las competencias están en la línea del Consejo, se hace el traslado correspondiente.

El Consejo trabaja en la creación de un portafolio de proyectos, por lo que asignó personal al área de planificación estratégica para que levante la documentación necesaria.

Al unísono el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) trabaja en la factibilidad de varias carreteras como Río Frío-Limón, San José Río Frío, San José-Cartago, San Carlos y ampliación San José-San Ramón, entre otras.

De ese paquete de proyectos se podría originar alguna alianza con el sector privado.

¿Modificación a la ley?

Un CNC adormecido motivó a Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) a presentar un proyecto para reformar los artículos 1,7,9 y 14 de la ley 7.762.

La iniciativa tiene como objetivo atender el rezago de las alianzas público privadas a través de una gestión responsable con la situación fiscal del país.

Dentro de los cambios plantea el fortalecimiento de la etapa de preinversión, por lo que se dotaría de recursos al CNC para que pueda hacerle frente a este proceso -estudios previos, relocalización de servicios, expropiaciones y acercamientos a las comunidades-.

También se potenciarían las capacidades del Estado, esto significa que el CNC sea el responsable de promover mejores prácticas en la implementación del modelo. Además de la mejora en las capacidades de las instituciones involucradas, para que haya fiscalización de los recursos públicos.

El proyecto de ley también buscaría que el CNC realice licitaciones competitivas con el acompañamiento de empresas nacionales e internacionales. Para eso se podrían dar convenios con agencias de promoción, como la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

La iniciativa se analiza en una subcomisión conformada por Carlos Avendaño, Welmer Ramos y la legisladora liberacionista.

“He solicitado al jefe de fracción que lo ponga en la lista de proyectos de interés de la fracción, esperaría que se convoque y se le pueda dar curso porque mi objetivo es dictaminarlo y aprobarlo en el Plenario lo más pronto posible”, manifestó la diputada verdiblanca.

Fortalecer las alianzas público privadas es urgente para la reactivación económica. A pesar de que solo se han construido cuatro proyectos, estos han dejado grandes réditos, La figura ha demostrado ser exitosa en el país.