Los ajustes en la contención del gasto anunciados el 30 de mayo por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ya muestran resultados y se contabilizan en ¢79.722 millones. La cifra representa el 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de esa cartera.

Los ahorros se lograron por las disposiciones que se hicieron sobre el uso de plazas vacantes, así como recortes en viajes al exterior, publicidad, horas extra, consultorías y actos protocolarios.

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Estas medidas van de la mano con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (también conocido como plan fiscal). En conjunto intentarán mitigar el déficit fiscal que este año cerraría en 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que para el 2019 podría llegar al 7,5% de la producción nacional.

“Nada se gana con aprobar una reforma fiscal como la que estamos impulsando si no hay un compromiso real de contención del gasto y de medidas para la eficiencia del aparato estatal”, afirmó el presidente Alvarado Quesada mediante un comunicado de prensa.

¿Cómo se logró?

El ahorro solo representa el 0,23% del PIB, este es un pequeño paso en el extenso camino que le espera al país para equilibrar las finanzas públicas.

“Estamos haciendo lo que nos comprometimos hacer, si la contención no tiene (mucho) peso desde el punto de vista del volumen, estamos haciendo un esfuerzo en todo sentido”, comentó Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos.

Las medidas para contener el gasto obedecen a dos solicitudes del Poder Ejecutivo: la Directriz Presidencial 98-H que se dio a conocer en enero y la Directriz Presidencial 003-H que entró en vigencia en junio, y que estableció algunas modificaciones sobre el pronunciamiento anterior así como nuevos aspectos.

La partida que aportó la mayor contención fue las remuneraciones. A octubre se contabilizó un ahorro de ¢36.741 millones, es decir, un 0,11% del PIB.

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Para lograr la meta se hizo un recorte de ¢18.104 millones (0,05% del PIB) en la subpartida de incentivos salariales; un aumento fijo de ¢3.750 al sector público y se fijó un monto nominal para los incentivos de anualidad y dedicación exclusiva.

En el caso de la anualidad se paga un monto fijo desde el pasado 1.° de junio. La medida pretende un ahorro de ¢96.000 millones durante los próximos cuatro años (incluyendo cargas sociales) y para el primer año se estima una reducción de ¢8.264 millones.

Además el congelamiento de plazas en el Gobierno Central generó una disminución en los gastos de ¢13.747 millones (0,04% del PIB). La contención en este rubro también se aplicará el otro año. En el Presupuesto Nacional del 2019 solo se contempla la creación de 750 plazas nuevas, y la mayoría de ellas estarán en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En administraciones anteriores se detectaron presupuestos crecientes, sobre todo en materia de plazas.

En transferencias corrientes la reducción fue de ¢21.814 millones (0,06% del PIB). El Gobierno Central ahorró cerca de ¢12.000 millones en prestaciones (monto que estaba programado pero que no se utilizó) y aproximadamente ¢8.000 millones en transferencias.

En cuanto a la partida de servicios, el ahorro fue de ¢9.777 (0,03% del PIB). La reducción más grande se dio en la subpartida de alquileres por un monto de ¢3.337 millones (0,01% del PIB).

A partir de la directriz presidencial se limitó la contratación de arrendamientos y solo se podía destinar dinero para casos excepcionales, donde se demostrara con un criterio técnico que el inmueble era inhabitable.

En caso de que existieran contratos de alquiler formalizados antes de la directriz presidencial, debían atenderse para resguardar los derechos existentes.

El desarrollo de sistemas informáticos también experimentaron recortes, en este caso el monto fue de ¢1.538 millones. En viajes y transporte se economizaron ¢253 millones, en el caso de los viajes al exterior y viáticos se exigió un racionamiento del 30%.

No obstante, se excluyó de esta restricción al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en caso de que promocione la marca país.

También se dio un ahorro de ¢4.648 millones (0,01% del PIB) en servicios de agua, luz, teléfono, consultorías, partidas para capacitación y publicidad (en la cual se exigió un ahorro del 30%).

La única institución que puede costear publicidad y propaganda nuevamente es el ICT, pero solo para promocionar la marca país.

En la partida de bienes duraderos se generó una contención de ¢5.454 millones y en otros rubros (disminución de transferencias de capital, materiales y suministros), el recorte fue de ¢5.936 millones.

La reducción del gasto público seguirá en los próximos años y los recortes se reflejaron en el Presupuesto Nacional 2019, donde se instó a las instituciones a mantener el mismo monto que se les otorgó durante el 2018.

A pesar de la solicitud, la complicada situación fiscal generó un crecimiento del 17,5% en el plan de gastos del próximo año. Esto se explica por el pago de ¢80.000 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (monto que no había sido considerado el año anterior) y el fuerte impacto de la deuda.

De momento el país cuenta con ¢498.000 millones financiados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), mediante el mecanismo de emergencia conocido como letras del tesoro, para mantener el flujo de caja del Gobierno Central.

Mientras tanto Hacienda intenta conseguir recursos a tasas de interés bajas, para inyectar las finanzas públicas en lo que resta del 2018.