EscucharEl Ministerio Público encontró indicios suficientes de los delitos de administración fraudulenta y de estafa mayor para realizar 23 allanamientos y 10 detenciones, relacionados con el caso Coopeservidores.
Todas estas acciones, llevadas a cabo este 4 de septiembre, se enmarcan dentro de la causa 24-000017-0621-PE, la cual fue abierta por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a partir de varios hechos señalados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La Sugef, precisamente, ordenó la intervención de la entidad financiera ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el 13 de mayo pasado, luego de que detectó problemas contables, de gestión y administrativos que finalmente truncaron la viabilidad del negocio de la cooperativa.
¿Qué pasó este 4 de septiembre y cuáles fueron los hechos determinados por las autoridades judiciales para presumir un esquema defraudatorio, en medio de todo este proceso? Esto es todo lo que se sabe hasta ahora.
Las operaciones judiciales
La Fiscalía dirigió 23 allanamientos en las provincias de San José, Alajuela y Heredia, este 4 de septiembre.
Según informaron las autoridades judiciales, el despliegue se realizó para recolectar prueba relacionada con “aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, en perjuicio de Coopeservidores”, entidad financiera que actualmente está en proceso de cierre ordenado.
Más tarde, además, el Ministerio Público anunció la detención de 10 personas, las cuales quedaron a la espera de valoraciones individuales para la solicitud de medidas cautelares en su contra.
Entre ellas, destacó el nombre de Óscar Hidalgo Chaves, quien fue gerente general de la entidad financiera por casi dos décadas, pero fue despedido sin responsabilidad patronal tan pronto como inició el proceso de intervención de la cooperativa, ante las irregularidades que encontró la Sugef.
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Los actores imputados
Además de Hidalgo, otras nueve personas presuntamente implicadas fueron detenidas por las autoridades judiciales, entre extrabajadores de Coopeservidores, de Coopefenix y de otra sociedad privada.
A todos ellos se les tomó declaración indagatoria, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
El fiscal general Carlo Díaz explicó que las gestiones realizadas buscaron “recabar evidencia y afianzar las investigaciones en el presente caso”.
Los presuntos delitos
El Ministerio Público considera que todas estas personas habrían estado implicadas en un plan fraudulento para desviar dineros de Coopeservidores a otra cooperativa, llamada Coopefenix, y beneficiarse de ello.
Según explicó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, la cúpula de Coopeservidores habría pagado a Coopefenix para la recuperación de parte de su cartera de crédito, a pesar de que esa entidad tenía como razón social actividades ferreteras y no tenía mayor experiencia en el campo contratado.
Asimismo, se le habrían pagado honorarios superiores a los que cobran otras empresas especializadas, por gestiones que “presuntivamente” no habría realizado.
“Tenemos registros de operaciones en las cuales, en apariencia, se da una recuperación de créditos o transacciones, pero cuando se constata con la recuperación como tal, el pago de comisiones no debía proceder, en virtud de que no se había generado tal recuperación de dineros”, detalló en un vídeo enviado a la prensa.
El jerarca de la policía judicial además añadió que se lograron certificar nexos familiares entre personas relacionadas con Coopeservidores y la dirigencia de Coopefenix. Por eso, señaló, se presume un “conflicto de interés”.
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Los presuntos beneficios
Las autoridades judiciales determinaron posibles beneficios de esta alianza, en favor de la alta gerencia de Coopeservidores o sus círculos familiares.
Entre ellos, mencionó la adquisición de vehículos de alto costo. Puntualmente, afirmó que se compraron 10 vehículos de alta gama, a través de una inversión total de $670.000.
Asimismo, señaló que se habrían otorgado otros beneficios a estas personas, como equipo informático, celulares y otros.
¿Qué sigue?
Ahora corresponderá al Poder Judicial ordenar y analizar la prueba recolectada, para continuar con las investigaciones del caso y evaluar la solicitud de que se abra un juicio.
Los delitos de administración fraudulenta y el de estafa mayor son castigados con penas de seis meses a 10 años de prisión, cuando el monto defraudado supera los 10 salarios base. Asimismo, las penas se pueden agravar hasta por un tercio adicional cuando los hechos los realiza el apoderado, administrador o cualquier otra persona por medio de una empresa que obtenga sus recursos del ahorro del público.
Ambas penas están incluidas en el artículo 216 del Código Penal.
Hasta el momento, el proceso de cierre de Coopeservidores por sus irregularidades administrativas ha provocado perjuicios para los clientes de la cooperativa, como la imposibilidad de acceder a algunos de sus ahorros o inversiones. Varias decenas de personas se manifestaron este 4 de septiembre en el centro de San José, solicitando que se sienten las debidas responsabilidades.
El Banco Popular adquirió parte de los activos de Coopeservidores, incluida una porción de su cartera de crédito no excesivamente deteriorada. Esto permitirá que todas las personas con ahorros en la cooperativa recuperen hasta ¢6 millones garantizados, cada una; así como un 50% de su dinero adicional, en caso de superar esa cifra.
Los ahorrantes e inversionistas aún podrían recuperar un porcentaje superior a ese 50% de su dinero superior a ¢6 millones; sin embargo, esto dependerá de si se logra o no vender parte de los activos de Coopeservidores que no fueron adquiridos por el Popular a otra entidad interesada.
