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El pulso por liberalizar el precio del arroz en Costa Rica continúa. La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) insistió en la urgencia de levantar el modelo de fijación de tarifas para este grano de consumo básico y masivo.
La institución pidió respuestas al Gobierno por mantener este esquema. Los comisionados de Coprocom enviaron un documento, el pasado 8 de setiembre, a Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, en el que le solicitan explicar por qué continúa la fijación de precios del arroz por decreto.
En el oficio, del cual EF tiene copia, se concluye categóricamente que el mejor medio para disciplinar los precios en un mercado es la competencia, cuando las empresas disputan con otras buscan ofrecer la mejor tarifa y calidad para ganarse la preferencia de los clientes.
“En cambio, cuando no hay competencia en un mercado, pueden abusar de su posición y manipular los precios en coordinación con sus competidores”, apunta el documento que contó con el respaldo unánime de los comisionados Mariana Castro Sotela, Víctor Pérez Pérez, Carlos Herrera Amighetti y Rodolfo Jiménez Solé.
El órgano consideró esta fijación en Costa Rica no atiende los principios para una regulación eficiente debido a que no es necesaria ni proporcionada; por el contrario, es distorsionante y poco transparente.
La jerarca de Economía tiene un plazo de 30 días naturales para responder los cuestionamientos que le planteó la Coprocom, según el artículo 21 de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (9.736), que rige desde el 18 de noviembre del 2019, y que fue aprobada como parte del proceso para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
EF envió consultas a la ministra Hernández por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), pero al cierre de este artículo no se recibieron las respuestas.
Un precio libre
Diversos estudios elaborados por la OCDE, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y el Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, señalaron las razones por las cuales se debe levantar la fijación por decreto.
El tema recobró fuerza en la agenda nacional luego de que Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, anunciara, a finales de julio, que el Gobierno implementaría ajustes para liberalizar los precios del arroz.
El mensaje de la jerarca surgió tras la publicación del estudio económico 2020 de la OCDE, donde nuevamente, se demuestra que el mercado del arroz en el país tiene una débil competencia lo que permite que un grupo pequeño de empresas lo dominen.
También se evidenció que en Costa Rica se paga más por este grano básico que en otras naciones como España, Chile y Francia.
La propuesta de Garrido despertó el malestar de los productores y de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), quienes amenazaron con lanzarse a las calles y organizar manifestaciones.
Tras una negociación, el pasado 23 de agosto a las 7:00 p.m., el Gobierno y los arroceros acordaron mantener el esquema de fijación, abrir una mesa técnica de trabajo para buscar alternativas en un plazo de 90 días e incorporar una serie de proyectos de ley que favorecen a los productores y agroindustriales de ese sector.
En este contexto, la Comisión para Promover la Competencia concluyó que darle continuidad al esquema incumple con los requisitos de una regulación de mercado eficaz que debe ser transparente, proporcional y necesaria.
Los comisionados recuerdan que desde en 2013 el Ejecutivo suscribió un acuerdo con los arroceros que tenía como objetivo aumentar la productividad.
Sin embargo, siete años después no se registran mejoras en esta área, ni en la preparación de la industria arrocera para asumir la apertura de mercados que se acordó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica; a pesar de que ese convenio ofrece 20 años, que vencen el 31 de diciembre del 2024, para implementar cambios y mejoras.
También indicaron que establecer tarifas mínimas perjudica a los consumidores porque se limita la competencia entre los industriales que fabrican el producto y los importadores del cereal.
“El precio mínimo asegura una ganancia a los industriales y comercializadores del grano −los productores no tienen ese beneficio− y dicha medida perjudica a los consumidores de un producto esencial en la canasta de los costarricenses especialmente la de los de menores ingresos”, afirma el documento.
El modelo tampoco fomenta la eficiencia en la producción porque los industriales no se ven obligados a competir por precio y esto, según los comisionados, entorpece los beneficios del libre comercio y la entrada de contingentes a menores tarifas que se trasladen a los consumidores.
Lento proceso
La resistencia de los arroceros a que se levante el esquema de regulación sobre el arroz los llevó a amenazar con manifestaciones en agosto de este año y a emprender una campaña de información para los consumidores afuera de supermercados y otros puntos de venta en el país.
El discurso del sector siempre se basa en que eliminar la fijación de precio afectaría a los consumidores y a 33.300 empleados −entre directos e indirectos− que genera el arroz en 25 cantones rurales.
Isabel Quirós, directora ejecutiva de Conarroz, explicó que la Coprocom, una vez más, utiliza argumentos “ideológicos” para pedirle respuestas al MEIC.
La Corporación Arrocera Nacional analiza el documento enviado a la ministra Hernández, para, según ellos, rebatirlo con argumentos técnicos.
Sobre el avance de la mesa de trabajo conformada en agosto, Quirós detalló que el proceso es lento porque se priorizó la atención de temas políticos, lo que conlleva mayor discusión y análisis para generar soluciones viables.
La vocera añadió que la propuesta se trabaja en conjunto con todos los integrantes de la mesa técnica con el objetivo de ofrecer al sector herramientas necesarias para su fortalecimiento y protección ante la desgravación arancelaria que introducirá el TLC en 2024.
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“Son 16 puntos que están en análisis en esa mesa técnica y que esperamos se conviertan en acciones ejecutables en el corto plazo. Dos grandes objetivos son dar certeza de la compra nacional y fortalecer las prácticas agrícolas que se deben implementar en el corto plazo y cuyo resultado debe ser una mejora en el rendimiento, costos y calidad”, aseguró Quirós.
En torno al tema ahora corren dos plazos, uno de 30 días naturales para que la Ministra de Economía responda a la Coprocom; y otro de 90 días para que se presente al país un plan sólido que permita modificar el sistema de precio del grano.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, fue enfático, el pasado 26 de agosto, en que esta decisión implica un “difícil balance” para no afectar a consumidores y productores.
