Costa Rica tiene una de las expectativas de vida más altas de América Latina. Quien nace aquí se espera que llegue a los ochenta años. Es difícil leer ese enunciado y pensar en que eso es algo negativo: vivir más y mejor es —por lo menos así lo dice la lógica— aspiracional. Pero la discusión no se anida en el “más”, sino en el “mejor”. La sociedad costarricense es una de las que más rápido envejece en el mundo y, si no se actúa pronto, si no se elabora una estrategia de política pública acorde a las necesidades del ya presente cambio demográfico, es posible que la calidad de vida no suba al mismo ritmo que la cantidad de vida.
El problema está en que no hay tiempo que perder y pareciera que ya nos agarró tarde en algunas materias. Repasamos cuáles son los principales retos de una sociedad que envejece rápidamente.
Los números
Costa Rica se está dirigiendo hacia una inversión de su pirámide generacional. En 1983 las personas mayores de 65 años representaban un 4,4% de la población; para 2023 ese número subió a un 10,6%. En ese mismo periodo, la proporción de personas entre los 0 y 12 años pasó de un 32,8% a un 17%.
Además, el país envejece de una forma más acelerada que el resto del mundo. En Europa, pasar del 10% al 20% de personas mayores de 65 tomó 56 años. En Costa Rica tomaría solo 24, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2022.
El país también entró en la denominada “ultrabaja fecundidad”, que es cuando la tasa global de fecundidad (TGF) cae por debajo de 1,3 hijos por mujer. En 2023 Costa Rica cerró el año con un indicador de 1,19. Para poner eso en contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que se necesita una TGF de 2,1 hijos por mujer para que una población se mantenga estable a largo plazo, asumiendo tasas de mortalidad constantes y migración neta en cero.
Retos
El reto más evidente —y probablemente el más conversado, no por eso solucionado— es el de las pensiones. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al tratarse de un sistema de capitalización colectiva, requiere de que las personas más jóvenes, aún laboralmente activas, financien las pensiones vigentes. La matemática es simple: si la proporción de trabajadores no sustenta la proporción de jubilados, como se calcula que sucederá en las próximas décadas, entonces el sistema colapsa.
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El tema de pensiones es todo un meollo por sí solo y, como tal, merece un artículo propio. Para este reportaje nos concentraremos en las dificultades más allá del dinero de las jubilaciones, aunque se hará mención a él, dada su transversalidad sobre la calidad de vida.
Para empezar, se estima que el envejecimiento presentará retos fiscales, además de subir el gasto que tendrá que redirigir el país hacia la salud. La OCDE, en su informe La sociedad de un vistazo 2024, señala que el envejecimiento de la población generará mayores presiones fiscales a medida que aumenten los gastos gubernamentales (incluidos los destinados a pensiones, servicios de salud y servicios para los ancianos) y potencialmente disminuyan los ingresos públicos debido al achicamiento de la población en edad de trabajar.
El BID calculó que Costa Rica pasaría de gastar alrededor de 7% en pensiones, salud, y la dependencia para personas adultas mayores, como porcentaje del PIB, a poco más de un 15% en 2050, según el informe Envejecer en América Latina y el Caribe de 2022.
El envejecimiento también obligará al país a modificar su composición productiva: oficios dedicados a suplir las necesidades de las personas más jóvenes perderán demanda, mientras que ganarán relevancia los que tienen como público meta a los adultos mayores.
La educación preescolar, de primaria y secundaria son las que probablemente perderán peso más rápido, mientras que los sectores de cuido y salud se harán más vigorosos.
“Van a sobrar maestros. Es un efecto dominó muy grande que va a afectar a la economía en general”, considera Carlos Murillo, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.
En cuido, aunque haya un eventual aumento en la demanda, el país pareciera no estar tan bien preparado. Según una encuesta del BID de 2024, un 73,9% de los cuidadores de adultos mayores no tienen formación en la materia, a pesar de que un 43,9% dicen tener la atención médica como una de sus tareas. Además, un 85,4% gana el salario mínimo o menos.
Esta rama también tiene una disparidad importante de género: un 89,3% son cuidadoras mujeres. “En Costa Rica, dos tercios de los graduados universitarios son mujeres que se incorporan al mercado laboral y, sin embargo, son esas mujeres las que tienen que posteriormente dejar su empleo para tomar cuidado de los adultos mayores”, dice Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica.
Esta recomposición económica tendrá sus efectos sobre el sector privado, pero también sobre el público: Urra señala que posiblemente el Ministerio de Educación se enfrente a la disyuntiva de tener que cerrar escuelas, pero con el dilema de que no puede dejar a los jóvenes de una comunidad sin centros educativos.
Murillo agrega que el país también debe definir cuál va a ser su política pública transversal sobre envejecimiento, además ve la necesidad de crear una agencia que se encargue de liderar las medidas.
El director del Observatorio del Desarrollo dice que sería un error ver el envejecimiento solo como un problema de salud, ya que también es uno social. En ese sentido, el país tiene como reto facilitar que las personas adultas mayores aporten cada vez más al engranaje socioeconómico, tanto como oferentes como demandantes de bienes y servicios.
Urra y Murillo coinciden en que se deben ampliar las redes de capacitación para que las personas mayores se mantengan actualizadas —tanto con fines recreativos como laborales— y adaptar las ciudades para que sean más amigables con esta población, sobre todo en movilidad.
Oportunidades
Dentro de los retos también surgen oportunidades, como aprovechar la llamada economía plateada. Urra y Murillo explican que las personas adultas mayores tienden a demandar bienes y servicios de un valor agregado relativamente alto, lo cual permitiría un mayor crecimiento en quienes suplen esa demanda.
Urra menciona que las personas adultas mayores que se mantienen laboralmente activas después de la jubilación —por lo menos en los países más desarrollados— también tienden a ofertar productos de mayor valor agregado, lo cual podría ayudar al crecimiento económico del país, aún cuando la población productiva pueda reducirse.
Sin embargo, para que estas predicciones se cumplan es necesario que las personas lleguen a la vejez no solo con buena salud, sino también con una cierta soltura económica, algo que es difícil —por no decir imposible— sin reformas que le den un mayor aire al sistema de pensiones y que mejoren la tasa de reparto que recibirán los jubilados.
Esto porque los números de pobreza en adultos mayores no son alentadores: según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2024, un 26,6% de las personas adultas mayores viven en pobreza y tan solo un 13,3% tienen empleo. Además, el 48,2% de las personas adultas mayores no reciben pensión y 2,1% no tiene seguro social.
¿Está el país actuando a tiempo para mitigar los retos y aprovechar las oportunidades? Murillo piensa que no, que ya nos agarró “súper tarde”. Urra, por su parte, dice que Costa Rica es de los países latinoamericanos que más ha estado trabajando en el tema, pero que todavía le falta mucho por recorrer, especialmente en reformas estructurales, como la seguridad social y la profesionalización de la red de cuido.
Por el momento, no parece haber evidencias de que se detenga el cambio generacional —todo lo contrario—, entonces el país está en una carrera contra el tiempo, un competidor que todavía sigue invicto.
