El jueves 21 de mayo de 2026, el presidente panameño José Raúl Mulino pronunció una frase breve que resonó en toda la región: “Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.
Con esas palabras, Mulino convirtió una disputa comercial de varios años sobre lácteos y carnes en lo que podría ser una crisis energética de alcance nacional.
Pero, para entender por qué esa declaración sacude al país, hay que comprender primero una paradoja costarricense: el mismo modelo eléctrico que el mundo admira —limpio, renovable, casi 99% verde— lleva consigo una vulnerabilidad silenciosa que solo se vuelve visible cuando llueve poco.
La trampa de la hidroelectricidad: cuando la fortaleza se vuelve debilidad
Costa Rica generó en 2025 el 98,6% de su electricidad con fuentes renovables, un logro que muy pocos países del planeta pueden exhibir. Sin embargo, detrás de esa estadística hay una estructura frágil: más del 70% de la energía consumida en el país proviene de plantas hidroeléctricas, cuya producción depende directamente del agua que cae sobre las cuencas y que llena los embalses. Cuando llueve, a Costa Rica le sobra de energía y exporta. Cuando no llueve, el sistema tiembla.
El embalse del Arenal, el más grande del país y columna vertebral de la generación eléctrica en la época seca, es el termómetro de esa vulnerabilidad. Su nivel en cada mes de enero anticipa lo que ocurrirá entre febrero y abril, cuando las lluvias cesan y la demanda no da tregua. Ante caudales bajos, las plantas térmicas de respaldo —que Costa Rica contrata de forma complementaria a generadores privados— deben entrar en funcionamiento. Y en 2024, fallaron.
En mayo de ese año, el ICE activó un plan de racionamiento eléctrico que no se veía desde hacía 17 años. La causa fue doble: el fenómeno de El Niño causó “un descenso crítico en los caudales de las hidroeléctricas del istmo centroamericano”, y además las plantas térmicas contratadas como respaldo incumplieron sus contratos de suministro. El resultado: anuncios de cortes programados de electricidad en todo el país, con avisos de 24 horas a la ciudadanía.
El Mercado Eléctrico Regional: el seguro que Costa Rica necesita
Ante esa fragilidad estacional, Costa Rica recurre al Mercado Eléctrico Regional (MER), el sistema de interconexión que une los tendidos eléctricos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El mecanismo permite que países con excedentes vendan a países con déficit, actuando como un gran amortiguador regional.
Costa Rica no es solo comprador: en años lluviosos es, de hecho, de los mayores exportadores de energía de toda la región.
Pero el MER tiene una dirección de flujo determinada por la climatología. En años secos o bajo El Niño, el flujo se revierte y Costa Rica pasa de vendedor a comprador urgente.
Por qué Panamá y no otro país
Dentro del MER, Panamá ocupa el papel de proveedor de respaldo natural para Costa Rica por tres razones estructurales:
1. Capacidad termoeléctrica independiente de la lluvia. Mientras Costa Rica depende del agua, Panamá cuenta con plantas termoeléctricas como Generadora Gatún (isla Telfers, provincia de Colón) y AES, que pueden generar electricidad con independencia del ciclo hidrológico. Esta característica las convierte en el respaldo más confiable para una crisis de sequía.
2. Infraestructura de interconexión directa. Costa Rica y Panamá comparten dos líneas de interconexión eléctrica con capacidad para transferir hasta 200 megavatios (MW) combinados. Esa infraestructura existe, está probada y puede activarse con relativa rapidez.
3. Proximidad geográfica y posición en el MER. Panamá es el socio energético natural del extremo sur de la región. Traer energía desde Guatemala o El Salvador implica mayor distancia eléctrica, mayores pérdidas en la transmisión y más eslabones en la cadena.
La crisis de mayo de 2026: cuando la energía se vuelve diplomacia
La decisión de Mulino del 21 de mayo de 2026 no surgió de la nada. Tiene raíces en una disputa comercial que comenzó en 2019, cuando Panamá impuso barreras de entrada a productos agropecuarios costarricenses: lácteos, carnes de res, cerdo y pollo, fresas y piñas. Costa Rica denunció el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en diciembre de 2024 obtuvo un fallo favorable que declaró inválidas las restricciones panameñas. Sin embargo, Panamá no levantó los bloqueos y anunció una apelación que no tiene plazo definido para resolverse.
La recién llegada presidenta Laura Fernández elevó el tono del reclamo públicamente, y Mulino respondió con la carta más impactante que tenía a mano: el grifo eléctrico. “Me sorprendieron esas declaraciones”, dijo, y de inmediato instruyó a su ministro para que comunicara al ICE que “por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica”. Su argumento: la reciprocidad diplomática.
El momento elegido por Mulino fue calculado. Según dijo, el ICE había solicitado precisamente un incremento en el suministro panameño para cubrir sus propias necesidades energéticas futuras, y esa solicitud quedó congelada. En otras palabras: Costa Rica llegó a Panamá a pedir más energía justo cuando la relación bilateral tocó su punto más bajo.
La paradoja del verde: limpio pero dependiente del cielo
El caso expone una tensión inherente al modelo energético costarricense que merece análisis más profundo. El país ha sido aplaudido internacionalmente por su matriz renovable, pero esa misma matriz tiene un talón de Aquiles: no controla cuándo llueve.
A diferencia de las plantas solares, que generan de forma predecible según la irradiación solar, o de las centrales nucleares, que operan de forma continua, la generación hidroeléctrica es volátil. Un Niño moderado puede recortar la producción en más de 10 puntos porcentuales en cuestión de meses, como ocurrió en 2023 y 2024. Sin almacenamiento energético a gran escala —baterías, hidrógeno verde, bombeo reversible— el único mecanismo de balance disponible es la compra regional.
El ICE tiene planes para reducir esa dependencia a largo plazo: 412 MW adicionales de generación solar, eólica y biomasa que deberían entrar en operación entre 2025 y 2026, el proyecto geotérmico Borinquen 1 (55 MW) previsto para 2029, y una inversión de $1.000 millones en expansión y modernización de la red de transmisión para el período 2025-2034. Pero esas obras no eliminan la brecha inmediata, y entre tanto, la dependencia estacional del MER —y de Panamá en particular— sigue siendo real.
Costa Rica compra electricidad a Panamá porque su excepcional matriz verde depende del agua, y el agua no siempre cae cuando se necesita. El MER es el sistema nervioso que permite al país equilibrar esa volatilidad sin recurrir a combustibles fósiles propios. Panamá, con su capacidad termoeléctrica instalada y su conexión directa, es el proveedor más eficiente para ese respaldo.
Lo que la decisión de Mulino del 21 de mayo revela es que esa dependencia tiene un precio político además de económico: cuando las relaciones bilaterales se deterioran, el grifo energético puede cerrarse.
