Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior (Comex), envió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) la defensa de Costa Rica ante la posible imposición de un arancel del 12,5% vinculado a prácticas de trabajo forzoso en la producción de bienes importados.
Los comentarios fueron remitidos el pasado 6 de julio, último día del plazo otorgado por la administración de Donald Trump para que los socios comerciales presentaran sus objeciones dentro de la investigación que busca determinar si los bienes importados por Estados Unidos (EE. UU.) desde Costa Rica y otras economías podrían estar relacionados con prácticas de explotación laboral.
Trejos manifestó que “Costa Rica busca mantener las condiciones de acceso al mercado negociadas en el marco del Cafta-DR para los productos originarios y trabajar proactivamente con la USTR para abordar cualquier inquietud que haya identificado como resultado de esta investigación”.
El Cafta-DR permitió durante años el intercambio de mercancías entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana bajo un esquema de arancel cero. Sin embargo, el escenario cambió tras el denominado Día de la Liberación, el 2 de abril de 2025, cuando Costa Rica quedó sujeta a un gravamen que inicialmente fue del 10%, posteriormente subió al 15% y finalmente regresó al 10%.
No hay trabajo forzoso
En los comentarios remitidos a Washington, Comex defendió que Costa Rica ha mantenido un compromiso sostenido con el fortalecimiento de su legislación y de sus instituciones en materia laboral. Según el documento, las autoridades pertinentes trabajan de forma coordinada para robustecer el marco jurídico y administrativo, al tiempo que amplían las capacidades estatales y la cooperación con socios internacionales.
“Como parte de este esfuerzo, Costa Rica mantiene su compromiso con Estados Unidos y reconoce la valiosa experiencia adquirida en la implementación y aplicación de prohibiciones de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, conforme a instrumentos como la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 y la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur”, desarrolló Trejos.
El documento añade que la investigación no ha encontrado evidencia de que las exportaciones costarricenses se produzcan mediante trabajo forzoso ni de que contribuyan a las preocupaciones que motivan las medidas propuestas por Washington.
La posición costarricense también subraya que el Cafta-DR ya dispone de mecanismos institucionales para la cooperación en materia laboral. Por ello, el país reiteró su disposición a trabajar con EE. UU. a través de esas herramientas para intercambiar mejores prácticas, fortalecer capacidades y avanzar en el objetivo compartido de erradicar el trabajo forzoso del comercio internacional.
En el documento se indica que “preservar las condiciones de acceso al mercado negociadas en el marco del Cafta-DR fortalecería las cadenas de suministro regionales, mejoraría la seguridad jurídica para las empresas y evitaría costos innecesarios para los fabricantes, importadores y consumidores estadounidenses”, argumentó Trejos.
Productos originarios
Parte de la defensa costarricense se apoya en la naturaleza misma de los bienes que el país coloca en el mercado estadounidense. Costa Rica exporta productos agrícolas, pesqueros y ornamentales que, en muchos casos, no tienen un sustituto local suficiente en EE. UU.
Asimismo, la producción de ciertos productos agrícolas en territorio estadounidense resulta limitada por factores climáticos, geográficos o de disponibilidad de recursos.
Desde la óptica costarricense, gravar estos bienes tendría un efecto que iría mucho más allá de las fronteras nacionales: elevaría costos para fabricantes, distribuidores y consumidores estadounidenses, al tiempo que introduciría fricciones en cadenas de suministro regionales que durante años han operado bajo reglas estables y previsibles.
El mensaje busca recordar que buena parte del comercio entre ambos países funciona como una cadena integrada: productos que salen de Costa Rica terminan convirtiéndose en insumos, alimentos o bienes finales del otro lado de la frontera. Alterar ese engranaje, sostiene el país, tendría costos para todos los eslabones de la cadena y no únicamente para el exportador costarricense.
