El más reciente informe del Estudio de la OCDE sobre los Motores de la Confianza en las Instituciones Públicas 2026 ofrece una radiografía profunda sobre cómo los ciudadanos perciben la competencia y los valores de sus gobernantes.
Para Costa Rica, los resultados recolectados en la medición revelan un claro contraste frente a las tendencias de las economías más avanzadas del mundo. Mientras el promedio del bloque global sufre el impacto directo del costo de la vida, el radar de preocupaciones de los costarricenses está dominado por factores estructurales que golpean el entorno social y el clima empresarial: la inseguridad ciudadana y la desconfianza ética.
Rompiendo el molde global: El verdadero peso del riesgo país
A nivel general en los países de la OCDE, la inflación se mantiene como la principal preocupación, siendo citada por el 52% de los encuestados como uno de los tres problemas más importantes de sus naciones. En Costa Rica, sin embargo, este indicador se ubica de forma favorable por debajo del promedio, alcanzando únicamente un 34%. Esta cifra sugiere que las tensiones directas por el costo de la vida han cedido terreno frente a otras amenazas apremiantes en la percepción pública.
El verdadero foco rojo para el ecosistema costarricense es el crimen y la violencia. Un abrumador 63% de la población sitúa a la seguridad ciudadana como su máxima preocupación, una cifra que duplica con creces el promedio de la OCDE, situado en un 28%. Este dato coloca al país en una posición de alta vulnerabilidad de percepción, compartiendo niveles críticos de alerta dentro de la región latinoamericana cubiertas por la medición.
A este complejo panorama se suma la corrupción, señalada por el 47% de los costarricenses como un desafío central, frente a un modesto 18% del promedio internacional. El desempleo y los problemas del mercado laboral tampoco se quedan atrás, afectando al 41% de la población nacional, una cifra que supera ampliamente el 23% registrado en el promedio de las economías del bloque.
El estancamiento de la confianza en las instituciones públicas
Este entorno de inseguridad y cuestionamientos éticos se traduce de forma directa en la legitimidad percibida de los poderes del Estado y sus órganos de control. La confianza en el Gobierno Nacional se encuentra estancada en un modesto 35% en 2025, experimentando una leve variación a la baja respecto al 36% reportado en 2023. Una inercia similar se observa en los gobiernos locales, donde la confianza en las municipalidades pasó de un 36% a un 34% en el mismo periodo.
Las cifras del reporte son todavía más críticas al observar el Poder Legislativo y el sistema político tradicional en el país:
- La confianza en la Asamblea Legislativa se sitúa en un bajo 26% en 2025, retrocediendo desde el 29% registrado en 2023.
- Los partidos políticos se mantienen en el sótano de la credibilidad con apenas un 17% de apoyo, aunque muestran una ligera subida en comparación con el 13% de la medición anterior.
- La confianza en los tribunales y el sistema judicial cayó cinco puntos porcentuales, pasando de un 44% en 2023 a un 39% en 2025.
Incluso la policía, que en otros países de la OCDE suele ser una de las instituciones mejor respaldadas con un 63% promedio, en Costa Rica apenas concita el apoyo del 48% de la ciudadanía, manteniéndose congelada respecto al 49% del periodo previo. Dentro de la estructura civil, el único indicador que mostró un avance notable fue el Servicio Civil Regional, el cual experimentó un salto del 26% en 2023 al 35% en 2025, superando notablemente al Servicio Civil Nacional, que cayó del 31% al 28%.
Los motores del escepticismo: Voz política y corrupción
El informe de la OCDE subraya que la confianza institucional responde directamente a la percepción de agencia política y valores éticos. En Costa Rica, la brecha de confianza entre quienes sienten que el sistema político les permite “tener voz” y quienes se sienten excluidos es de 38 puntos porcentuales. Aunque se ubica como uno de los márgenes más bajos de la muestra internacional (donde países como Australia superan los 60 puntos), evidencia que la exclusión política autopercibida sigue operando como un freno severo a la confianza gubernamental.
Asimismo, la preocupación por la corrupción genera un impacto directo en cómo se evalúa el cumplimiento de las funciones públicas. El análisis general de la OCDE resalta que solo el 28% de los individuos que identifican la corrupción como una preocupación primordial confían en su gobierno, mientras que el 56% reporta niveles bajos de confianza. Al trasladar esto a la realidad nacional —donde casi la mitad del país prioriza este problema— se hace evidente el lastre que significa la opacidad percibida en los procesos de toma de decisiones.
Un sesgo metodológico en la letra pequeña
Para los tomadores de decisiones y analistas económicos que evalúan este informe, la OCDE introduce una advertencia técnica crítica en sus anexos metodológicos. A pesar de la aplicación de pesos de postestratificación, la representatividad nacional para Costa Rica en la ola de 2025 no pudo cumplirse a cabalidad en ciertas variables de cuota clave debido a las limitaciones de participación de los paneles en línea.
Específicamente, la muestra final de Costa Rica quedó bajo los parámetros ideales en dos segmentos demográficos de alta relevancia social y económica: los ciudadanos de 65 años o más, y las personas con niveles educativos bajos (aquellas sin educación secundaria completa). Una limitación metodológica similar por falta de cuotas educativas ya se había presentado en la medición de 2023.
Dado que el mismo informe demuestra que las personas con menor nivel educativo muestran brechas crecientes de desconfianza institucional en toda la OCDE, este sesgo obliga a tomar los datos locales con extrema prudencia. Es altamente probable que el descontento, la preocupación por el empleo y la desconfianza en los sectores vulnerables o de menor escolaridad en el país sean todavía más agudos de lo que reflejan los promedios del reporte.
Los datos dejan una lección contundente: el control de variables macroeconómicas globales es insuficiente si las bases de la seguridad física y la integridad del Estado están desgastadas ante los ojos de la ciudadanía. Para el entorno de negocios, el verdadero desafío latente está en el costo indirecto de la inseguridad y en la urgencia de restaurar la confianza en la transparencia de las reglas del juego institucionales.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de IA.
