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Costa Rica se prepara para incorporarse a la mayor red de información para el control fiscal del mundo. A partir del segundo semestre del 2018, Hacienda podrá intercambiar datos automáticamente con más de 105 países, que le permitirán vigilar con más cuidado a los contribuyentes.
El 30 de julio del 2018, las entidades financieras enviarán a Hacienda informes sobre algunos de sus clientes (en especial los que no sean residentes fiscales de Costa Rica). La cartera compartirá esos datos a otros gobiernos para recibir a cambio información similar extranjera, pero esta fase aún no tiene una fecha definida.
Esa información (compartida ahora sin requerir una solicitud específica y expresa de los gobiernos) permitirá rastrear a empresas con estructuras en el extranjero que escondan del fisco costarricense una fuente de ingresos, o identificar residentes fiscales de otros países que usen Costa Rica para ocultar inversiones de diferentes lugares .
Así se desprende del Estándar de Reporte Común (CRS, por siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el que Costa Rica se comprometió en junio del 2015, y que empezará su aplicación a finales del próximo año.
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Red de información
Antes de que Costa Rica iniciara el proceso para integrarse a la OCDE, el país ya participaba en evaluaciones entre 142 naciones. Los acuerdos suscritos sobre transparencia forman parte de ese periodo, pero la participación activa de Costa Rica allí es clave para el ingreso que pretende.
Al menos así lo considera Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior y coordinador general del país en ese proceso.
“Hoy los gobiernos requieren de mayores ingresos tributarios y los ciudadanos necesitan la seguridad de que la carga fiscal está distribuida de manera justa. Por esto, la cooperación entre autoridades es fundamental”, agrega.
Entre esos acuerdos, Costa Rica se comprometió a seguir el proyecto para combatir la erosión de la base fiscal y la reubicación de utilidades (BEPS, por siglas en inglés): conjunto de normas para combatir la evasión tributaria en el mundo. Esto se suma al CRS.
El estándar es un acuerdo para intercambiar automáticamente datos de cuentas financieras de personas físicas y jurídicas, incluidos saldos, intereses y fideicomisos, entre otros.
Lo anterior transformaría el mecanismo por el que los gobiernos obtienen información de las operaciones fuera de las fronteras, considera Manrique Blen, gerente de Impuestos de la firma Deloitte.
“Antes del CRS la única forma en que se daba este intercambio era mediante los acuerdos de intercambio de información tributario –Costa Rica tiene más de 20– para los cuales hacía falta una solicitud expresa del gobierno interesado al otro país”, dice.
Si los Panama Papers causaron un impacto gigantesco, agrega, vale la pena imaginar qué pasará con un flujo de información similar entre gobiernos, anual y sistematizado, en hombros de las entidades financieras.
“Existirá transparencia fiscal plena en las operaciones”, dice.
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¿Información sobre quién?
Las instituciones financieras del país (bancos, mutuales, cooperativas) están obligadas a identificar la residencia fiscal de sus clientes con cuentas financieras preexistentes al 2016 y las creadas durante el 2017.
Luego, el 30 de julio del 2018, deben enviar los datos sobre las cuentas de las personas que no sean residentes fiscales del país (es decir, que no tengan su centro de intereses económicos en Costa Rica o que sean extranjeros).
Es un mecanismo muy similar al instrumento vigente bilateral con Estados Unidos (Fatca), salvo que el CRS es un acuerdo entre varios países, según juzga el abogado tributario Randall Madriz de la firma Pacheco Coto.
“Es particularmente importante. Es posible que residentes fiscales de otros países utilicen Costa Rica para mantener sus inversiones financieras fuera del alcance de las administraciones tributarias de esos países”, dice Madriz.
La Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal (vigente desde diciembre del 2016) no solicita autorizaciones judiciales para compartir esta información. Si las entidades financieras no suministran los datos, la legislación también aplica sanciones de hasta un 2% de sus ingresos brutos.
Nuevas armas, más exposición
Se trata, sin duda, de información sensible, pero el estándar CRS incluye acuerdos globales de seguridad para el manejo de esos datos. Aún así, el especialista de Consortium Legal, José Pablo González, sugiere a las empresas cerciorarse de que la forma y los datos que comparta Hacienda salvaguarden sus derechos.
“Es importante estar atentos acerca de la forma en la que Hacienda estará ejerciendo ese poder de control tributario en el futuro próximo, para evitar abusos en ese ejercicio”, considera.
Según Juan Carlos Gómez Sánchez, jefe interino de la Dirección General de Tributación, se espera la fecha específica en que la OCDE definirá el inicio en el intercambio de datos entre países estimada para el segundo semestre del 2018.
El país también tiene que definir con cuáles naciones querrá compartir información, aunque el Gobierno desea hacerlo con todos los países mencionados en los reportes de las entidades financieras.
¿Qué datos enviarán las entidades financieras?
Residencia fiscal de sus clientes: Las autoridades pedirán a bancos, cooperativas y puestos de bolsa identificar la residencia fiscal de sus clientes. Se enviará información sobre residentes fiscales de otros países. La residencia fiscal se determina dependiendo de cada legislación, pero usualmente depende de dónde está ubicado el núcleo de interés económico de cada persona o empresa.
Datos personales del cliente, como el nombre, el número de identificación fiscal, su dirección, fecha y lugar de nacimiento. También se solicita el número de cuenta financiera.
El balance, o valor de la cuenta financiera , información de saldos, intereses y dividendos que genera la operación financiera en Costa Rica. También puede enviarse información sobre fideicomisos y fundaciones en las que se participa y ganancias de ventas de activos financieros, entre otros.
El nombre y número de identificación de la institución financiera sujeta a reportar.
Fuente Consultas EF, DGT-R-006-2017
