Costa Rica genera más basura de la que puede procesar. Una muestra de ello es que casi la mitad de los rellenos sanitarios —destino final de los residuos sólidos recolectados en el territorio nacional— alcanzarán su capacidad máxima durante este 2026.
Detrás de esa situación no solo se encuentra una crisis de espacio para depositar basura, sino también el desgaste de un modelo de gestión que depende de pocos rellenos sanitarios, municipalidades con limitaciones financieras, escasa educación ambiental desde las escuelas y una planificación estatal que especialistas consideran insuficiente.
La empresa EBI, encargada de operar los rellenos sanitarios de La Uruca, Aserrí y Limón, estima que las primeras dos instalaciones dejarán de funcionar entre agosto y septiembre, tras llegar al límite de su vida útil.
El eventual cierre de ambos sitios dejaría a la Gran Área Metropolitana (GAM) sin capacidad suficiente para recibir buena parte de los residuos que generan sus cantones. Como consecuencia, cerca de 2.600 toneladas diarias tendrían que ser trasladadas fuera de la región.
Aunque Limón ya recibe parte de los desechos provenientes de la GAM, especialistas y autoridades coinciden en que trasladar residuos hacia otros rellenos sanitarios apenas funciona como una medida temporal. El Ministerio de Salud advirtió que redirigir la basura hacia otros puntos aceleraría el colapso de los sitios restantes.
La discusión, además, trasciende el problema de dónde terminarán los residuos. El eventual traslado también anticipa un aumento en las tarifas de recolección, mayores riesgos sanitarios y una presión creciente sobre un sistema que desde 2024 muestra señales de agotamiento.
Mientras el Ministerio de Salud atribuye la responsabilidad de desarrollar soluciones a las municipalidades, los gobiernos locales sostienen que carecen de la capacidad financiera y técnica necesaria para asumir proyectos de esa magnitud.
Crisis de capacidad
En Costa Rica existen siete rellenos sanitarios. Entre ellos, el Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí —ubicado en Huazo, Aserrí— recibe la mayor cantidad de residuos diarios del país: cerca de 2.160 toneladas.
El cierre proyectado de esta sede para septiembre de 2026 ya había sido advertido desde 2024, aunque hasta ahora no existe una solución concreta en el corto plazo. Cuando esto ocurra, la GAM se quedará sin rellenos sanitarios habilitados para recibir los residuos generados en su territorio.
La consecuencia sería una reacción en cadena: la basura tendría que trasladarse hacia otros rellenos sanitarios del país, lo que aceleraría su saturación y reduciría el tiempo estimado de vida útil de esas instalaciones.
El panorama se complica aún más con el cierre previsto del relleno sanitario Los Laureles, en Pococí, programado para noviembre de este año. Esa clausura obligaría a reubicar otras 139 toneladas diarias de residuos hacia distintos sitios autorizados, aumentando todavía más la presión sobre la disposición final.
“Los gobiernos locales, encargados de la gestión de los residuos, no han atendido con la urgencia necesaria la necesidad de crear rellenos sanitarios en zonas estratégicas. Esto permitiría un manejo más eficiente y sostenible de los desechos, garantizando un adecuado traslado y disposición final”, señaló la exministra de Salud, Mary Munive, en un comunicado emitido en 2025.
Sin embargo, alcaldes y especialistas cuestionan que la solución recaiga únicamente sobre las municipalidades.
Diego López, alcalde de Moravia y miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, calificó como un “mito” la idea de que cada gobierno local deba contar con un relleno sanitario propio, debido a la inviabilidad técnica y financiera de esos proyectos.
“La basura es un negocio, y como todo negocio necesita ciertas condiciones para dar sostenibilidad. Cualquier nueva tecnología que genere energía requiere un volumen determinado de residuos para ser rentable. Si no se alcanza ese volumen, el costo termina trasladándose a los ciudadanos. Para que cada municipalidad tenga un relleno sanitario propio, en algunos casos la tasa aumentaría hasta un 1.000%”, enfatizó López.
La gestora ambiental Debbie Gutiérrez también cuestionó el reparto de responsabilidades planteado por el Ministerio de Salud. La experta, quien trabajó en las municipalidades de Curridabat, Desamparados y La Unión, afirmó que los gobiernos locales ya destinan importantes recursos humanos y financieros a la recolección, limpieza y clasificación de residuos, lo que limita su capacidad para desarrollar infraestructura destinada a la disposición final de la basura.
¿Quién se hace cargo?
El Ministerio de Salud es el ente rector de la gestión integral de residuos y tiene a su cargo la dirección, monitoreo, evaluación y control del sistema. Sin embargo, la institución insiste en que su papel se limita a la regulación y supervisión, mientras que el desarrollo de proyectos corresponde a las municipalidades.
“La gestión integral de los residuos generados en cada cantón, incluyendo la planificación y desarrollo de este tipo de proyectos, corresponde a los gobiernos locales”, indicó la Oficina de Prensa de la cartera.
La Ley para la Gestión Integral de Residuos (8.839) respalda esa interpretación. Su artículo 8 establece que las municipalidades son responsables de administrar los residuos generados dentro de sus territorios.
No obstante, los datos reflejan las limitaciones que enfrentan los gobiernos locales. Según el Índice de Gestión Municipal (IGM) 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, el 56% de las municipalidades mantiene apenas un nivel básico exclusivamente en la recolección de los residuos. Otro 32% se ubica en un nivel intermedio, mientras que un 7% se encuentra en etapa inicial y únicamente un 5% alcanza una categoría avanzada (Cartago, Matina, Pérez Zeledón y Santa Bárbara).
Kathia Elizondo, gestora ambiental de la Universidad de Costa Rica (UCR), sostuvo que el Ministerio de Salud también debía diseñar un plan antes de que el sistema alcanzara un punto crítico.
“El Ministerio de Salud es el rector, pero no el inversor. Las municipalidades tienen poca capacidad para desarrollar rellenos sanitarios porque financieramente el servicio de residuos suele operar con déficit”, explicó Elizondo.
El mismo IGM 2025 refleja parte de ese problema financiero. El informe evidencia que al menos 40 municipalidades registran niveles de morosidad superiores al 40% en el cobro relacionado con servicio de recolección y tratamiento de residuos, mientras que tres gobiernos locales dentro de ese grupo superan el 100%.
Actualmente, solo el Relleno Sanitario San Luis de Florencia, en San Carlos, y el Parque Tecnológico Ambiental Santa Cruz son administrados por municipalidades. El resto de los sitios de disposición final opera bajo gestión privada.
“Las municipalidades siguen recogiendo basura porque todavía tienen recursos para hacerlo. Pero cuando la plata no alcance, ¿qué va a pasar? Los focos de contaminación van a crecer”
Consecuencias del traslado
Ante el cierre de los rellenos ubicados en la GAM, el Parque de Tecnología Ambiental Limón, operado por EBI, aparece como uno de los principales destinos para recibir los residuos trasladados desde el centro del país.
Sin embargo, el propio Ministerio de Salud reconoció el año anterior que esta medida responde a “una consecuencia directa de la falta de cooperación de todos los actores responsables”.
Actualmente, el relleno sanitario de Limón posee una vida útil estimada de 15 años bajo un ingreso cercano a las 200 toneladas diarias. No obstante, si comienza a recibir masivamente los residuos provenientes de La Uruca y Aserrí, ese periodo podría reducirse a cuatro años.
El traslado también tendría efectos económicos directos para los usuarios. El aumento en las distancias de transporte y en la cantidad de unidades requeridas terminaría reflejándose en las tarifas de recolección que pagan hogares y comercios.
El alcalde de Moravia aseguró que varios gobiernos locales ya comenzaron a ajustar sus tarifas ante la incertidumbre generada por el cierre de rellenos sanitarios y la necesidad de trasladar residuos hacia zonas alejadas de la GAM.
“Algunas municipalidades aumentaron hasta en un 300% sus tarifas el año pasado. En Moravia, por ejemplo, probablemente tendremos que incrementar la tasa en un 100% durante este año”, indicó López.
Antes de ejecutar esos traslados a gran escala, el Gobierno tendría que modificar el artículo 9 del Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos, Ordinarios y Orgánicos en Costa Rica (44974-S). La normativa establece que el traslado de residuos ordinarios hacia parques ambientales no puede exceder los 80 kilómetros.
Si esa distancia se supera, las municipalidades deben recurrir a estaciones de transferencia, instalaciones donde los residuos son descargados desde los camiones recolectores hacia tráileres de mayor capacidad que posteriormente los trasladan hasta el relleno sanitario correspondiente.
Aunque esos centros permiten distribuir costos entre varias municipalidades, también implican nuevos gastos operativos. La Municipalidad de Cartago informó el año anterior que el costo mensual asociado pasaría de ¢1,7 millones a ¢5 millones. Aun así, la cifra seguiría siendo menor que el traslado directo hacia Limón, estimado en cerca de ¢9 millones mensuales.
Propuestas para contener la crisis
En la corriente legislativa avanza el proyecto de Ley para Promover la Valorización Energética de Residuos Orgánicos y Fortalecimiento de la Generación Sostenible (25.271). La iniciativa pretende permitir que el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ejecuten acciones de gestión de residuos en situaciones de emergencia y procesen hasta 800 toneladas diarias de residuos orgánicos para transformarlos en energía.
El expediente también plantea que más del 50% de los residuos generados en el país son orgánicos y actualmente se desaprovechan, pese a su potencial para producir energía y fertilizantes.
Aunque el proyecto ya superó el primer debate en el Plenario Legislativo, actualmente permanece en la etapa de mociones 137, mecanismo utilizado para introducir cambios de fondo a las iniciativas de ley.
Paralelamente, el Ministerio de Salud impulsa proyectos de gasificación de residuos para reducir el volumen de desechos provenientes de los sectores Oriente y Occidente de la GAM mediante procesos de aprovechamiento energético.
Sin embargo, especialistas advierten que las soluciones continúan avanzando con lentitud frente a una crisis cuya fecha de impacto ya está definida.
Gutiérrez alertó que el eventual colapso del sistema también podría intensificar problemas de contaminación asociados a los lixiviados (líquido contaminante) generados por los residuos.
“Las municipalidades siguen recogiendo basura porque todavía tienen recursos para hacerlo. Pero cuando la plata no alcance, ¿qué va a pasar? Los focos de contaminación van a crecer”, concluyó.
A pocos meses de que dos de los principales rellenos sanitarios del país alcancen su límite de operación, Costa Rica todavía no cuenta con una solución estructural definida para manejar las miles de toneladas de residuos que diariamente produce la GAM. Mientras las instituciones discuten responsabilidades y las alternativas continúan en desarrollo, el sistema nacional de disposición final enfrenta una presión creciente que amenaza con reducir aún más la vida útil de los rellenos restantes y encarecer el manejo de residuos para municipalidades y usuarios.
