El proyecto para combatir la Erosión de la Base Fiscal y la Reubicación de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), marca la pauta a nivel mundial y Costa Rica presta atención.
BEPS es considerado como aquel conjunto de normas con que se pretende combatir la evasión tributaria realizada a través de la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas. Representa un plan de trabajo preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013.
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El proyecto de BEPS contempla esfuerzos en 15 puntos, entre los que sobresalen impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, hacer efectivos mecanismos de solución de controversias y reexaminar la documentación sobre precios de transferencia.
"En un país como el nuestro, donde tenemos una Administración Tributaria con un débil respaldo legal y pocos recursos disponibles, el apoyo de la OCDE es muy importante para continuar con este proceso de modernización del sistema tributario costarricense y continuar avanzando en política fiscal", destacó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de Hacienda.
Esta semana, Costa Rica fue sede de la segunda reunión BEPS para la Región de América Latina y el Caribe, durante la cual, los países de la región hicieron sus aportaciones al desarrollo de mecanismos para aplicar -individual y colectivamente- soluciones que permitan abordar los principios del programa.
La primera reunión fue celebrada en Lima, en febrero de este año.
En el marco de esta actividad, EF conversó con Ubaldo González, asesor senior en la División de Relaciones Globales del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE e Isaác Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, para analizar los retos y el impacto de estas medidas en el país.
- ¿Cómo está Costa Rica en el tema de transparencia y normas BEPS con respecto a los otros países de la región".
Costa Rica tiene las mismas necesidades que los otros países de la región. Pero, en el caso de Costa Rica este proceso tiene un mayor peso por el proceso de acceso a la OCDE.
"Costa Rica igual que Nicaragua o Panamá tiene que reformar su legislación para adaptarse a estos nuevos estándares mundiales, pero mientras que estos países vecinos pueden hacerlo cuando quieran o puedan, Costa Rica tiene un plazo temporal para eso", dijo González.
- ¿En qué tenemos que trabajar?
Costa Rica tiene bastante trabajo que hacer, primero: el sistema de tributación tradicional del país es territorial y en OCDE se habla de tributación mundial, ahí hay una distancia muy grande por recorrer.
El segundo: la transparencia en el intercambio de la información es un desafío."Costa Rica estaba en la lista de jurisdicciones no cooperativas y si bien se adherió en 2012 a estándares internacional le falta trabajo".
- ¿A qué nos enfrenta entonces las normas BEPS?
"El plan de acción plantea muchos riesgos que las administraciones tributarias de la región no habían identificado nunca. Hace que los países se pregunten si existe realmente estos o aquellos riesgos en mi país y a qué nivel este riesgo me afecta. Estamos trabajando contra un descnocimiento en la región.
La etapa que le toca ahora a Costa Rica es una de evaluación, estudio y preparación, para luego implementar de una manera informada y responsable las normas", agregó Gonzalo Arias.
Las conversaciones con Costa Rica están avanzadas. Estamos trabajando con Costa Rica porque quiere implementar las medidas.
"Hay que entender que esto va más allá de la implementación. Podemos hablar que un país tiene necesidad de trabajar con su registro de contribuyentes, o trabajar con sus equipos de fiscalizació o hata hacer una reforma al impuesto sobre la venta. Ahí están las verdaderas trabas, más alla de la inclusión en el proyecto de Beps.
Yo lo defino como problemas no Beps que afectan la eficiencia de la implementacion Beps", concluyó Arias.
Cifras de BEPS estiman que la pérdida recaudatoria, solo en 2013, en el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, fue de entre un 4% y un 10% de la recaudación global por este impuesto, es decir, hasta $240.00 millones anuales en pérdidas. Provocadas por diversas causas, incluyendo las estrategias de planificación fiscal agresiva seguidas por algunas empresas multinacionales, la interacción entre las normas fiscales internas y la falta de transparencia y coordinación entre administraciones tributarias.
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