La crisis política que estalló en Nicaragua en abril del 2018 no solo dejó repercusiones sobre la economía nacional, también modificó el perfil del migrante y produjo la llegada de profesionales, estudiantes universitarios, personas con formación política y emprendedores.

No obstante, arribar a suelo nacional no es garantía de mayores ingresos económicos y ahora el mayor reto que enfrentan los extranjeros es el acceso al empleo.

Así lo demostró el Estudio Preliminar de Flujos Mixtos Nicaragüenses que realizó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que encuestó a 491 personas entre abril del 2018 hasta junio del 2019. El análisis contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Antes de venir a Costa Rica el 74% de los encuestados trabajaba en Nicaragua pero ahora solo lo hace el 42%, y de esa porción, el 49% percibe un salario inferior al mínimo.

Uno de los desafíos que enfrentan para insertarse en el mercado laboral es la incapacidad para convalidar títulos, en algunos casos los documentos no están apostillados y el migrante no puede regresar a su país por los requisitos faltantes.

“La mano de obra calificada de Nicaragua está aquí (en Costa Rica), estudiantes de secundaria, estudiantes de universidad, profesionales, empresarios, finqueros. La mano de obra de Nicaragua está aquí en el exilio”, aseguró Moisés Silva, migrante que solicitó refugio por persecución política en su país natal.

Gran parte de la población migrante salió del suroeste nicaragüense principalmente de los departamentos Carazo, Managua y Chontales, de acuerdo al estudio. Muchos salieron con el fin de resguardar su vida tras oponerse al gobierno de Daniel Ortega.

Situación que generó una explosión de solicitudes de refugio a partir del segundo semestre del 2018; en junio las peticiones crecieron 3.727% al pasar de 87 diligencias en mayo a 5.255 al mes siguiente, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los desafíos

Jorge Pastora, es un joven nicaragüense de 27 años que llegó a Costa Rica en octubre, es mercadólogo, administrador de empresas y cuenta con una especialidad en negocios. Al igual que muchos migrantes que salieron del país del norte después de que estalló la crisis, está desempleado y se dedica a ser activista político.

Cuando llegó a suelo nacional a solicitar refugio debió esperar entre siete y ocho meses para obtener el carné laboral.

“El carné laboral no te garantiza que las empresas te abran las puertas para poder trabajar en algo relacionado a tu profesión. La homologación de los títulos no es tarea fácil, ya que eso implicaría retornar a Nicaragua y hacer la gestión personalmente. Básicamente eso ha limitado que pueda insertarme en un trabajo formal”, comentó Pastora a EF.

Pagar Internet o servicios de transporte público –dos servicios esenciales en la búsqueda de empleo– se convierten en gastos adicionales para este joven que día a día debe de cuidar el dinero para subsistir.

Moisés Silva tiene 33 años, es administrador de empresas y llegó al país en compañía de 12 parientes, quienes se vieron obligados a regresar a Nicaragua en los últimos meses porque no contaban con ingresos para sobrevivir. Al igual que Pastora, él tiene inconvenientes para convalidar su título.

“Los profesionales hemos subsistido con los recursos que ahorramos por años y con trabajos informales de lo que salga, como carpintería, fontanería o construcción que es lo más básico”, comentó Silva.

Precisamente el 8% de los encuestados manifestaron que trabajan en construcción y en la industria inmobiliaria, mientras que el 10% laboran en actividades agrícolas, forestales, pesca, silvicultura o ganadería. Estos dos sectores son los que brindan más empleo a los migrantes que fueron encuestados.

Ahora bien si se analizan las personas empleadas el 49,5% manifestó que tiene un salario inferior al mínimo, el 48% dijo que percibe ingresos entre el salario mínimo y el doble del salario mínimo y el 2,4% gana más del doble del salario mínimo, mientras que el restante no respondió a la consulta del análisis.

Situación migratoria

Desde junio del 2018 la Dirección de Migración y Extranjería recibió una avalancha de solicitudes de refugio. Entre 2015 y 2017 la institución recibía menos de 100 peticiones por año, de acuerdo a Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería.

No obstante, entre abril del 2018 y hasta el 12 de setiembre la entidad recibió 44.945, según los datos brindados por Migración y analizados por EF.

Llegar a Costa Rica a la espera de algún cambio en la situación interna de Nicaragua, es lo que hace este nuevo perfil de migrantes, comentó la directora de Migración y Extranjería. El estudio del IFAM indica que el 88% de los encuestados afirma que desea regresar en el momento en que exista mayor seguridad u oportunidades laborales.

Del total de solicitudes, Vargas estima que cerca del 80% no calificarán como peticiones de refugio, debido a que el migrante debe cumplir con varios requisitos.

Entre ellos están ser extranjero; tener un temor fundado –por su vida o la de su familia–; debe existir persecución por motivos de género, políticos o de raza, los cuales se fundamentan en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados; y que además demuestre que no tuvo protección en su país de origen.

“Yo salí de allá por una cuestión política, por ser protestante del Gobierno, por participar en protestas. Al Gobierno no le pareció que las personas tuviéramos criterio de decir lo que está bien y lo que está mal”, aseguró Moisés Silva.

En Costa Rica un migrante que desee solicitar refugio lo puede hacer en cualquier puesto migratorio o frontera, o bien, llamando al servicio de call center. A partir de ese momento la persona cuenta con protección internacional y se le garantiza que no será devuelto a su país natal.

Para obtener el estatus de refugiado el migrante debe hacer una entrevista para demostrar que cumple con los requisitos, no obstante, debido a la capacidad que tiene Migración y Extranjería el proceso tarda cerca de dos años, según indicó la directora de la institución.

El estudio también demostró que el 63% de las personas encuestadas ingresaron al país por un puesto fronterizo no oficial –debido a que la frontera es muy permeable– y el 37% lo hizo por uno oficial. De ese grupo el 22% entró por Peñas Blancas, el 13% por Los Chiles y el 2% por vía aérea.

San José es la provincia donde vive la mayoría de migrantes encuestados, el 64% indicó que habita en los distritos Catedral, Carmen y Hatillo, así como en los cantones de La Uruca, Alajuelita y Desamparados.