El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.

La OEA pidió al gobierno nicaragüense que “cese toda violación a los derechos humanos” y libere a los presos políticos, en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington, Estados Unidos.

Opinión de Constantino Urcuyo | “La crueldad despótica resurge en Nicaragua. La pareja sanguinaria se adueña del estado y las municipalidades, destruye la sociedad civil y persigue a la Iglesia Católica”.