La economía centroamericana, golpeada durante años por males crónicos, recibió en el 2020 el inesperado embate de la COVID-19. Enfermedad que en poco tiempo agravó la crisis fiscal, el desempleo y el crecimiento de una región donde habitan 22 millones de personas en condición de pobreza.
La pandemia desnudó las carencias del istmo: evidenció la insuficiente infraestructura hospitalaria (con excepción de Costa Rica y Panamá), los bajos ingresos tributarios y el súbito aumento en el gasto público para poder enfrentar la crisis.
Aunque aún es prematuro conocer el impacto total del nuevo coronavirus lo que sí es evidente son los pronunciados efectos sobre las remesas e importantes actividades económicas como el turismo y las exportaciones. Industrias que hasta hace pocas semanas movían el motor de la economía regional.
COVID-19 exacerbó problemas estructurales
La pandemia por COVID-19 agudizó la fragilidad de las finanzas públicas centroamericanas, mismas que experimentaron un incremento en el déficit y la deuda en los últimos dos años.
Al cierre del 2018 el déficit regional era del 2,8% como porción del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2019 este indicador cerraba en 3,1%. La deuda del istmo tampoco daba tregua y en el 2019 llegaba al 47,5% para un crecimiento de 2,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, reseña un informe del Instituto Centramericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El COVID-19 debutó en este escenario y en pocas semanas disparó el gasto público de cinco naciones, a excepción de Nicaragua que aún sigue sin implementar acciones económicas ni sanitarias para mitigar la pandemia.
Por ejemplo, el estudio de Perfiles Macrofiscales de Centroamérica elaborado por el Icefi y con cálculos al al 27 de abril, estima que El Salvador aumentó el gasto público entre el 11,11% y 11,70% del PIB . Esta es una nación con un deficiente sistema de salud que debió recurrir a fuentes de financiamiento externas y además tuvo que solicitar las letras del tesoro para mitigar la crisis.
Honduras fue el segundo país que más elevó su gasto público, se estima que lo hizo entre un 9,64% y un 10,16% como porción de la producción. Le sigue Panamá que lo incrementó entre 6,35% y 6,78%.
Por su parte Guatemala incurrió en un aumento entre 2,26% y 2,39% y Costa Rica que tuvo un gasto estimado entre 0,36% y 0,38% de la producción nacional.
Costa Rica continúa con necesidades económicas para atender la pandemia pues el sábado 16 de mayo aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $380 millones y una transferencia de ¢75.000 millones provenientes del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Estos acelerados endeudamientos podrían ser la crónica de una crisis de larga duración.
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“Los seis países tienen políticas fiscales en muy malas condiciones y con esfuerzo podrán enfrentar la crisis este año, pero esta no es una crisis coyuntural, o de tres meses, podría durar tres o cuatro años si se maneja con algún grado de efectividad”, explicó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.
La deuda pública de los países centroamericanos podría llegar hasta un máximo del 59,7% del PIB si la economía se contrae 4%, se aplican todas las ampliaciones presupuestarias y las cargas tributarias se reducen como producto de la caída económica.
Esto significaría un aumento de 10,6 puntos porcentuales pues a inicios del 2020 la deuda se estimaba en 49,1%, según el Icefi.
En este contexto también hay que considerar que la mayoría de países centroamericanos tienen una baja recaudación o esta es muy volátil pues depende de los ingresos que las personas obtienen en el corto plazo, afirmó Abelardo Medina, coordinador del Área de Análisis Macrofiscal del Icefi. Lo que agravaría la situación del istmo.
Otro de los problemas que se podría profundizar con la recesión por el COVID-19 es el empleo informal.
En la región el 50% de los trabajadores perciben sus ingresos en el sector informal y el acceso a la seguridad social, a contratos de trabajo ni a prestaciones es limitado.
La pobreza es otro de los problemas medulares en Centroamérica y 45 de cada 100 centroamericanos viven en estas condiciones. De 22,5 millones de personas pobres, 18,4 millones habitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que significa que el COVID-19 podría presionar con mayor fuerza al triángulo norte.
Impacto a remesas, turismo y exportaciones
El golpe económico que recibirán las naciones centroamericanas está altamente relacionado con el nivel de dependencia que tienen hacia diversas actividades económicas, como por ejemplo las remesas.
La caída de estos ingresos afectan en mayor proporción a los cuatro países del triángulo norte. En el 2019 en El Salvador y Honduras las remesas tuvieron un peso del 21,2% y del 21,8% del PIB respectivamente.
Mientras que para Nicaragua las remesas representaron el 14,2% de la producción nacional y en Honduras tuvieron un peso del 13,8% durante el año anterior.
La reducción en el flujo de estos ingresos producirían que el crecimiento regional caiga 1,4%, situación que afectaría en mayor medida a los cuatro países del norte de la región, de acuerdo al Icefi.
“En el caso de los cuatro países del norte las remesas constituyen una fuente importante para el crecimiento económico, con estos escenarios un país como El Salvador podría perder hasta 2,1% de crecimiento como resultado de las caídas en las remesas”, según Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.
Una caída en el 20% de las remesas familiares a nivel regional podría disminuir hasta 452.000 empleos.
Las exportaciones también resienten los efectos del nuevo coronavirus y podrían tener una contracción del 20% por el impacto que sufren los socios comerciales de Centroamérica. En caso de que esto ocurra tal y como lo plantea el Icefi la economía regional podría tener una contracción del 1,8%.
Costa Rica podría tener ventaja en este aspecto gracias a su diversificada cartera de clientes internacionales y a los 16 tratados de libre comercio que garantizan el acceso a distintos mercados. Esto marca una diferencia con las demás naciones centroamericanas que mayoritariamente concentran sus ventas en el mercado estadounidense.
Una disminución del 20% de las exportaciones podría producir una sustantiva pérdida de hasta 1,2 millones de empleos.
Por otro lado, Panamá, Costa Rica y Guatemala podrían ser las naciones más afectadas con el impacto de la industria turística ya que son los países que reciben mayor volumen de turistas al año. La afectación estimada en este caso es la caída de un tercio del turismo en la región, lo que llevaría a una contracción del 2,2%.
En cuanto a la pérdida de empleos el Icefi estima unos 367.000 trabajos menos por el impacto a esta industria.
Honduras es un país que está en medio de una encrucijada pues cerca del 60% de su producción depende de las exportaciones, las remesas y el turismo.
