EscucharPresentar incapacidades médicas fraudulentas para justificar ausencias laborales no es una simple falta ética ni un acto menor: la ley costarricense lo castiga con consecuencias penales, laborales y administrativas.
Los trabajadores que recurren a esta práctica pueden enfrentar pérdida del empleo, la obligación de reintegrar cualquier subsidio recibido de manera indebida y hasta penas de prisión.
Consecuencias del engaño
Una incapacidad médica es un documento público que genera derechos económicos, como el pago de subsidios por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el salario por parte del patrono.
Óscar Corrales, socio de la firma BDS Asesores, explicó que las incapacidades obtenidas por medios engañosos u otorgadas por complacencia pueden ser anuladas si se prueba dolo en su procedimiento. Esto implica que el trabajador deberá reintegrar la totalidad de los subsidios que haya recibido por concepto de incapacidad.
Además, podría enfrentar sanciones disciplinarias, que en casos graves llegan hasta el despido sin responsabilidad patronal. Esto significa que la persona puede perder el empleo sin derecho a indemnización ni prestaciones adicionales.
Desde la última modificación del Reglamento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud, el patrono tiene sustento legal para pedirle al trabajador que se presente a una valoración con el equipo de salud ocupacional o médico de empresa, si tiene alguna sospecha de fraude.
Modificar un certificado legítimo también es delito
Guzmán añadió que el fraude no se limita a presentar un documento falso, sino que incluye modificar fechas, diagnósticos o nombres en uno original.
“El trabajador que utilice una incapacidad falsa para justificar ausencias o recibir salario puede ser acusado de uso de documento falso, según el artículo 372 del Código Penal que sanciona el tema con de uno a seis años de prisión”, afirmó.
Si además el trabajador obtiene un beneficio económico ilegítimo por ese documento, como el pago de subsidios de la Caja o salarios no merecidos, incurría en estafa, tipificada en el artículo 216 del mismo código, lo que puede agravar la sanción penal.
El reintegro de los pagos efectuados puede exigirse de acuerdo al Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades.
Consecuencias para los médicos
No solo los trabajadores se exponen a sanciones: los médicos que emitan incapacidades sin fundamento o con información falsa también se enfrentan consecuencias tanto en el sector público como en el privado.
“Si el médico emite la incapacidad a cambio de dinero o beneficio, incurre en cohecho propio o impropio, según los artículos 348 y 349 del Código Penal”, destacó Guzmán.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica considera dicha conducta como una falta gravísima, sancionable con suspensión o inhabilitación profesional pues compromete la fe pública médica.
Angie Portela, gerente legal de APriori Derecho Corporativo, explicó que en el ámbito administrativo, la CCSS puede abrir investigaciones internas por el uso indebido de formularios oficiales o de sus sistemas, como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).
Según la gravedad del caso, el médico puede ser suspendido o destituido, conforme a la Ley General de Administración Pública y al Reglamento de Régimen Disciplinario de la CCSS.
En el caso de médicos del sector privado que emitan certificados para presentar ante la Caja, estos pueden ser inhabilitados para emitir incapacidades en el futuro.
Asimismo, están sujetos a responsabilidad ética ante el Colegio. Por ello las sanciones pueden variar desde la amonestación privada o pública, hasta la suspensión temporal o incluso la expulsión indefinida del órgano.
También existe una responsabilidad civil: si un empleador o la CCSS paga subsidios, salarios o beneficios derivados de una incapacidad falsa, el médico puede ser obligado a indemnizar los perjuicios causados.
En el caso de doctores privados, los certificados o incapacidades tienen valor legal ante patronos, aseguradoras o tribunales. Por ello, si contienen información falsa, el médico se cometería el delito de falsedad ideológica.
