EscucharEl gobierno de Laura Fernández proyecta una Costa Rica con menos pobreza, desempleo y homicidios, mayor escolaridad y una economía creciendo cerca del 4% para final de esta década. Sin embargo, alcanzar estos objetivos requerirá esfuerzos muy diferentes dependiendo de cada indicador.
Mientras el país ya está a menos de un punto porcentual de las metas de pobreza y desempleo, el Ejecutivo pretende elevar 16 puntos porcentuales la escolaridad en educación diversificada, después de tres años prácticamente estancada.
En seguridad aparece otra particularidad: cumplir la meta implicaría reducir la violencia homicida frente a los niveles actuales, pero todavía dejaría a Costa Rica con una tasa superior a cualquiera registrada antes del pico de 2023.
En crecimiento, por otra parte, el 3,9% planteado como objetivo para 2030 no sería extraordinario frente al desempeño histórico reciente, pero sí requeriría recuperar velocidad frente a la desaceleración que proyecta el Banco Central (BCCR) para los próximos años y frente al comportamiento reciente de la economía.
EF contrastó cinco de las principales metas nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 con las series históricas disponibles y las perspectivas de organismos nacionales e internacionales. ¿Cuán ambicioso es el Ejecutivo?
Las metas
— Crecimiento económico: recuperar velocidad
Costa Rica ya creció recientemente por encima del nivel que el Ejecutivo pretende alcanzar en 2030. La producción avanzó un 4,6% durante el 2025, mientras que la meta del Gobierno plantea cerrar la década en un 3,9%.
El propio PNDIP califica el crecimiento esperado en los próximos años como “moderado”. Con base en las proyecciones macroeconómicas disponibles cuando elaboró el documento, el Ministerio de Planificación (Mideplán) estima tasas de entre 3,6% y 3,9% durante el período 2027-2030.
El desafío aparece cuando se observa el punto de partida. El BCCR proyectó en su última actualización del Informe de Política Monetaria, publicada en julio, crecimientos de solo 3,4% y de 3,5% para 2026 y 2027: ligeramente por debajo de las que esperaba hace solo tres meses.
Los indicadores mensuales también muestran una pérdida de impulso. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) pasó de crecer un 4,85% interanual en enero de 2026 a un 2,51% en julio, pero el régimen especial —donde se concentra buena parte de las empresas de zona franca que impulsaron el crecimiento de los últimos años— apenas avanzó un 1,4%.
En ese contexto, alcanzar un 3,9% en 2030 no supondría llevar a Costa Rica a un ritmo de crecimiento desconocido, pero sí recuperar dinamismo frente al escenario que se anticipa.
Una auditoría técnica divulgada este mismo mes de septiembre por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA) plantea cautela sobre cómo evaluar el objetivo de crecimiento económico establecido por el Gobierno. Según señaló, el crecimiento económico depende de condiciones internas, pero también externas, las cuales exceden el control directo del Poder Ejecutivo.
Por eso, la entidad recomienda no evaluar este tipo de metas únicamente mediante una lógica binaria —si se cumple o no se cumple el número en concreto— sino considerar también cuánto contribuyeron o dejaron de contribuir las acciones gubernamentales.
— Pobreza: afianzar la caída
En materia de pobreza, el Gobierno plantea estabilizar y profundizar, aunque muy ligeramente, la pronunciada reducción de los últimos años.
Un 15,2% de los hogares costarricenses estaba debajo de la línea de pobreza en 2025, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); mientras que el Ejecutivo pretende dejar el dato en 14,4% para el 2030.
Costa Rica redujo 7,8 puntos porcentuales su tasa de pobreza entre 2022 y 2025, y el PNDIP plantea una disminución adicional de solo 0,8 puntos en los próximos cuatro años.
Andrés Fernández, economista en jefe del Consejo de la Promoción de la Competitividad (CPC), estimó en un reciente artículo de opinión que la meta equivaldría a unos 15.000 hogares menos en condición de pobreza: mucho menos que las 113.000 familias registradas entre 2022 y 2025.
Especialistas han advertido que en esa caída reciente influyó el aumento de los ingresos de algunos hogares, pero también factores más volátiles como la baja inflación o el tamaño de los hogares. El objetivo del Gobierno, entonces, plantea consolidar buena parte de la reducción alcanzada, aun si cambian algunas de las condiciones que contribuyeron a ella.
La auditoría de la UNA también llamó la atención sobre esta meta. Según señaló, cumplir con este tipo de indicadores no permite determinar, por sí solo, cuánto contribuyen las intervenciones de la administración pública.
— Desempleo: medio punto
El desempleo también se encuentra actualmente muy cerca del objetivo planteado por el Gobierno para el final de la década. La tasa fue de 6,7% durante el trimestre móvil de mayo a julio de 2026, mientras que el PNDIP pretende llevarla a 6,2% en 2030: una diferencia de solo 0,5 puntos porcentuales.
En este campo también se registró una caída considerable en los últimos años, por lo que la meta puede leerse como una estabilización. El desempleo alcanzó un 24,4% en julio de 2020, durante la pandemia; bajó a 17,5% en 2021, 11,9% en 2022, 9,6% en 2023, 7,8% en 2024 y 6,7% en 2025: el mismo indicador que en este 2026.
El Gobierno, sin embargo, no se planteó una mejora de la tasa de ocupación —la proporción de la población efectivamente empleada—, que descendió de 55,7% a 50,7% desde la prepandemia.
La caída reciente del desempleo ha coincidido con una fuerte reducción de la participación en el mercado laboral, más que con una creación acelerada de puestos de trabajo. Hasta julio de 2019, un 63% de la población en edad de trabajar tenía trabajo o buscaba uno, pero ahora esa proporción apenas llega al 54,3%.
Por eso, alcanzar el 6,2% que se propone el Ejecutivo no implicaría, por sí mismo, recuperar los niveles de participación o de ocupación anteriores a la crisis sanitaria.
De hecho, la tasa de desempleo ya cayó por debajo del 6,2% entre agosto y octubre de 2025 pasados, con cifras de ocupación similares a las actuales.
El informe de la UNA llegó a una advertencia similar. La meta de desempleo, indicó, se debería complementar con otros indicadores que permitan determinar si efectivamente mejoró el mercado laboral en generación de empleo o transición a la formalidad.
— Seguridad: mejora parcial
En seguridad, el Gobierno plantea revertir una parte del fuerte deterioro ocurrido desde 2023, pero no todo. Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios dolosos y una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes; mientras que la meta del PNDIP es llevar el indicador a 15,3 en 2030.
El resultado significaría una mejora frente a la situación actual, pero no devolvería a Costa Rica a los niveles de violencia homicida que tuvo antes del salto de los últimos años.
Entre 2010 y 2022, la tasa nunca llegó siquiera a 15 homicidios por cada 100.000 habitantes y su punto más bajo fue 8,7 en 2012 y 2013. En 2019 y 2020 apenas se encontraba en 11,2.
Andrés Fernández también tradujo el objetivo a números absolutos y lo caracterizó como una meta de “contención”. Según sus cálculos, una tasa de 15,3 en 2030 todavía equivaldría a poco más de 800 homicidios anuales e, incluso cumpliendo el objetivo, Costa Rica registraría 220 homicidios más que en 2021, cuando todavía eran menos de 600 por año.
Las autoridades reconocen que el país enfrenta una nueva fase de crimen organizado. Por años, el país funcionó como una bodega de almacenamiento de drogas en su camino hacia otras regiones del planeta; sin embargo, el país se consolidó en la última década como un hub de distribución, con disputas internas por el dominio de la actividad criminal.
En el propio PNDIP, el Gobierno señaló que un escenario positivo podría conllevar una tasa inferior a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la meta finalmente fijada quedó muy por encima de ese umbral.
La auditoría de la UNA también llamó la atención sobre ese punto. Aunque el objetivo supone una reducción respecto a los niveles actuales, una tasa de 15,3 homicidios por cada 100.000 habitantes todavía mantendría al país en niveles elevados.
— Educación: salto en escolaridad
La última de las cinco metas presenta el contraste más marcado entre la trayectoria actual y la que el Ejecutivo proyecta hacia 2030.
La tasa neta de escolaridad en educación diversificada tradicional aumentó de 45,6% a 59,4% entre 2018 y 2022, y después prácticamente dejó de avanzar hasta alcanzar un 60% en 2025.
El Gobierno espera una trayectoria totalmente distinta en los próximos años. El Mideplán redactó que espera un aumento de 16 puntos porcentuales, hasta un 76% en 2030.
En términos absolutos, el cálculo permite dimensionar mejor el esfuerzo. Fernández estima que, con una población de 15 y 16 años cercana a 151.000 personas, el 60% registrado en 2025 representa aproximadamente 91.000 jóvenes. Por tanto, alcanzar un 76% implicaría incorporar y mantener dentro del sistema educativo a unos 24.000 estudiantes adicionales.
Según señaló, “es una meta que exige ampliar de manera efectiva la cobertura y reducir la exclusión escolar después de los primeros años de secundaria”.
El desafío que se impone el Ejecutivo, sin embargo, coincide con múltiples barreras identificadas en los últimos años. El Programa Estado de la Nación ha advertido sobre problemas de cobertura, brechas educativas y recortes al financiamiento de los principales programas de asistencia socioeducativa.
Objetivos ‘alcanzables’
Durante la presentación del PNDIP, la presidenta Laura Fernández afirmó que el Ejecutivo se fijó metas que “desafían” a los jerarcas públicos, pero que al mismo tiempo considera “materializables, con los recursos, con la capacidad instalada y con lo que tenemos a disposición”.
Fernández incluso planteó el cumplimiento como el criterio con el que deberá juzgarse posteriormente el Plan e indicó que le dará un “seguimiento feroz”, para alcanzar el “100% del cumplimiento”.
La presidenta, sin embargo, también reconoció que no todos los resultados dependen exclusivamente de Casa Presidencial. Al hablar de crecimiento, señaló la incertidumbre geopolítica y las decisiones externas que escapan al control del Gobierno; mientras que, en seguridad, condicionó el cumplimiento de la meta de homicidios a que otras instituciones como el Poder Judicial y sus dependencias también actúen con responsabilidad.
A pesar de todo eso, Fernández presentó los objetivos como compromisos que van más allá de simples aspiraciones.
“El más grave pecado capital que se le puede realizar a un país como el nuestro”, aseguró, “es ofrecer promesas vacías que no se cumplen”.
