EscucharCosta Rica exportó $122 millones en oro durante 2025 sin que el Estado cobrara un solo colón de impuestos. Mientras tanto, en Crucitas de San Carlos, mineros ilegales han extraído más de 4.600 kilogramos del metal, contaminando suelos y aguas con mercurio y cianuro. Esta paradoja ilustra un problema más profundo: el país tiene oro valorado en millones de dólares, pero carece de la capacidad institucional para aprovecharlo sin destruirse en el proceso.
Países como Australia y Canadá, que generaron más de $20.000 millones en exportaciones de oro en 2025, tienen sistemas de monitoreo ambiental y cobros de impuestos con los que se robustece la economía de las zonas mineras. Canadá cuenta con 127 proyectos de extracción aurífera, mientras que Australia tiene 141 minas de oro activas.
En Costa Rica, estudios realizados por la empresa Infinito Gold determinaron la existencia de alrededor de 2 millones de onzas de oro en Botija y Fortuna, en depósitos de oro diseminado en roca dura. Sin embargo, a diferencia de los casos de éxito de países desarrollados, los intentos por extraer ese material y convertirlo en ganancias lícitas se han estrellado contra una combinación de conflictos socioambientales, decisiones judiciales y un Estado incapaz de definir y hacer cumplir reglas claras en el territorio.
A pesar de ello, en Costa Rica las exportaciones de oro crecieron un 559% comparando el 2015 con el 2025. El año pasado se exportaron $122 millones en oro, según datos de la Promotora de Comercio Exterior.
La exportación de oro no tiene ningún gravamen específico: de los $370 millones exportados en los últimos 10 años, no se recaudó impuesto alguno, más allá de tarifas administrativas.
“En Costa Rica no existe un impuesto de exportación aplicable al oro. El ordenamiento jurídico costarricense no aplica impuestos a la exportación de mercancías, salvo en los casos expresamente establecidos por ley”, mencionó el Ministerio de Hacienda, ante una consulta de El Financiero. En la práctica, esto implica que el oro sale del país sin aportar recursos proporcionales al impacto que deja su extracción en los territorios donde se encuentra.
Crucitas: tierra de nadie
La situación en Cutris de San Carlos es un fenómeno de larga data. En el 2000, la empresa canadiense Infinito Gold solicitó una concesión para la exploración y la explotación del oro a cielo abierto en la zona. En 2004, se suspendió por falta de estudios ambientales y la Sala Constitucional señaló que se violaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el 2008 el tema volvió y se declaró el proyecto de “interés público y conveniencia nacional”. Dos años después, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión y la Asamblea Legislativa declaró ilegal la minería metálica a cielo abierto.
Hoy, la zona tiene unos impactos ambientales notables que el Minae no ha podido controlar desde hace más de dos décadas y que día con día empeoran a causa de los coligalleros que extraen el oro de manera ilegal, generando contaminación ambiental, daños y sospechas de la vinculación del crimen organizado con estas actividades en toda la zona, incluyendo el Cerro Conchudita.
Mario Cambronero, líder comunitario que vive cerca de Crucitas, señala que la contaminación en la zona es notable, especialmente en las fuentes de agua.
Él formaba parte de la comunidad fronteriza de Chorreras que tenía más de 40 años de existir. Fue desalojada porque, según el Ministerio de Seguridad Pública “el caserío de Chorreras se ubica dentro de un área protegida invadida” y tiene una “importancia estratégica” para “las organizaciones criminales que practican la minería ilegal en Crucitas”.
Cambronero señala que los obligaron a abandonar la zona debido a una “mala investigación”. Al estar Chorreras a 10 kilómetros de Crucitas, ser un lugar de paso y tener acceso al río San Juan, los responsabilizan del desastre causado por la minería ilegal.
Para él, lo que hace falta es que el Estado tenga un verdadero dominio del terreno.
“Hace falta tomar el control. El Gobierno habla de gastar un montón en la zona, pero en realidad ahí no se está logrando el objetivo. Solamente se patrulla, se detiene a gente, pero hasta ahí, no hay un control, no hay nada que se resuelva”, enfatizó.
Él está a favor de la legalización de la minería a cielo abierto y pide que no exista ningún tipo de corrupción alrededor y que se vigilen todas las zonas aledañas donde hay minería ilegal.
“El Gobierno habla de concesionar la finca Vivoyet porque ahí está la veta madre de todo el enjambre minero alrededor, pero ¿qué va a pasar con esas otras partes donde hay oro? Si dan la concesión, se resuelve el problema ahí, pero en las demás fincas van a seguir sacando oro ilegalmente”, concluyó.
Nery Segura, representante de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Crucitas resalta que en la zona existe un sentimiento generalizado de preocupación y cansancio por el abandono estatal.
“La comunidad no quiere seguir viviendo en un territorio sin control del Estado, donde el diario vivir son las actividades ilícitas que ponen en riesgo la salud, el ambiente y la seguridad de las familias. Lastimosamente, la situación actual no solo ha deteriorado el entorno natural, sino también la tranquilidad social y la calidad de vida. Mientras no exista una solución estructural, Crucitas seguirá siendo un foco de ilegalidad y riesgo permanente”, reseñó.
ADI está a favor de la legalización de la minería a cielo abierto como solución.
“Nuestra posición siempre ha partido desde la realidad que vivimos aquí: la minería ya está ocurriendo en Crucitas, pero en su forma más destructiva e ilegal. Es hora de que se avance a un modelo regulado, fiscalizado y técnicamente supervisado por el Estado. La ausencia de una decisión del Estado ha sido el principal detonante del caos actual. Por ello, vemos con apertura cualquier propuesta seria que busque ordenar la situación con responsabilidad ambiental, legal y social, siempre que priorice la protección del ambiente y la seguridad de la comunidad”, recalcó.
Institucionalidad desarrollada
República Dominicana es un caso digno de analizar por las similitudes que tiene con Costa Rica en términos macroeconómicos. Ahí está la mina Pueblo Viejo, que produjo casi 18 toneladas de oro durante 2025. Eso equivale a unos $2.500 millones.
Ese es uno de los proyectos de saneamiento ambiental más grandes del mundo. Para que Barrick Gold, que tuvo la licitación de la extracción del oro, pudiese operar, tenía que comprometerse a la remediación de los daños ambientales dentro de la reserva y zonas aledañas. Esto porque se explotó la zona minera por casi 25 años ―hasta 1999― sin control ambiental.
La empresa pagó $75 millones para la descontaminación en 2016. Se realizó el saneamiento del Río Margajita, donde se instaló una planta de tratamiento de alta densidad para que el agua no fuese de color rojo y ácida, producto del drenaje ácido de la vieja mina.
También se tuvieron que encapsular toneladas de tierra que estaban impactadas con mercurio y sulfuros en Cañada Honda, Hondo Norte y Hondo Sur.
Las comunidades tienen un ingreso directo por la actividad minera. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 117, indica que en el municipio donde esté ubicada la explotación de los recursos no renovables recibirá el 5% de los beneficios netos generados. Es decir, el marco legal fija por adelantado una porción de la renta para el territorio que asume los impactos.
Proyecto de ley del oficialismo
Desde el 2024, el Poder Ejecutivo ha promocionado el expediente 24.717, que busca reformar el Código de Minería y propone que el Minae otorgue concesiones mediante subastas públicas.
Este busca crear un “régimen jurídico especial” solo para el distrito Cutris, sin derogar la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el resto del país.
Se plantea que las concesiones se otorguen a empresas que demuestren solvencia económica, un historial ambiental limpio y experiencia técnica en el tema.
Estas participarán dentro de una subasta pagando un mínimo del 5% sobre el valor bruto del mineral extraído. Ese porcentaje se distribuiría en un 72% para el Gobierno, 25% para las municipalidades y un 3% para las asociaciones de desarrollo.
El entonces ministro de Hacienda y hoy diputado, Nogui Acosta, dijo que el país podría recibir hasta ¢35.000 millones por la venta del oro en la zona, basándose en los informes que hizo la empresa Infinito Gold en el 2008 cuando iban a recibir la concesión en el cantón de San Carlos.
Sin embargo, el proyecto del oficialismo ha tenido críticas por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR). En un análisis integral solicitado por la Asamblea, la institución mencionó que el texto presenta una “ausencia de diagnóstico serio y contextual” porque ignora antecedentes históricos de minería en el país, como Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, “todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”.
Si Costa Rica no controla Crucitas, ¿cómo manejará concesiones multimillonarias?
Costa Rica se vende al mundo como un país “verde” y “ecoturístico”. Se han realizado compromisos internacionales como el Plan Nacional de Descarbonización para el 2050 firmado en el Acuerdo de París.
Sin embargo, ese discurso de “sostenibilidad ambiental” no siempre está respaldado con acciones reales y la situación en Crucitas es ejemplo de esa disonancia.
El Financiero consultó al diputado oficialista Nogui Acosta sobre cómo se explotará el oro en una zona donde el Estado no ha tenido control ambiental ni de seguridad durante más de dos décadas.
“La diferencia es que dejamos atrás un modelo que demostró su incapacidad para resolver el problema. La prohibición no eliminó la minería ilegal, no protegió adecuadamente el ambiente y no logró recuperar el control del territorio. Seguir haciendo lo mismo solo garantizaría los mismos resultados”, señaló.
Acosta indicó que en el periodo para la reglamentación de la ley, se reforzarían los operativos y controles para combatir la minería ilegal y el Minae deberá “identificar los daños ambientales, elaborar el plan de recuperación y coordinar las acciones necesarias para enfrentar la actividad ilegal”. El legislador no especificó si se le brindará un mayor presupuesto al Minae para la realización de estas tareas.
“Además, el proyecto establece una moratoria para nuevas concesiones o permisos, evitando cualquier desarrollo desordenado mientras se implementa el nuevo marco regulatorio”, mencionó.
¿Puede el oro ser un dinamizador de la economía?
Arnoldo Rudin, expresidente del Colegio de Geólogos, señaló que los recursos que se pueden generar a partir de una posible extracción legal de oro en Crucitas podrían considerarse como un dinamizador de la economía en la Zona Norte.
Explica que, si el concesionario paga un impuesto o una regalía comunal, aumentan los fondos en la región y a nivel nacional se cancelarían otros pagos asociados como el seguro social, combustible, maquinaria, etc.
“Posiblemente ese impuesto sea de entre $500.000 a $800.000 al mes, eso quedaría en la comunidad. La onza de oro vale $4.700, pero los costos asociados son cercanos a un 60%-70% del valor de la onza. Eso significa que al menos $3.000 quedarían en los costos y eso dinamiza la economía”, añadió Rudin.
También indica que en Crucitas no hay una cantidad de oro tan significativa en comparación con las minas más grandes de la región. Eso implica que el país tenga que dar ciertas ventajas a las empresas que quieran formar parte de la concesión para que sea una oportunidad atractiva para ellas.
Añade que con un proyecto que otorgue una concesión en Crucitas se puede responsabilizar a una empresa en específico, que cumpla con el monitoreo ambiental, para que se realicen los análisis químicos necesarios para una posible descontaminación en la zona.
“La minería es una ciencia, lo que hay ahí (Crucitas) es un saqueo ilegal y se está dando una gran contaminación ambiental. Si no hay un cambio en la legislación, el saqueo va a continuar. Con la ley ganamos un punto porque ya podemos responsabilizar a alguien. Se ordena la actividad minera en la zona y eso implica que hay una inspección del Minae, Setena y otras instituciones”, resaltó.
En contraste, para el geólogo ambiental Allan Astorga, la extracción de oro no es necesariamente un dinamizador significativo de la economía costarricense en comparación con otros sectores como el turismo.
“En un escenario hipotético donde se exploten 2 millones de onzas de oro en un periodo de 10 años, con un valor total cercano a $10.000 millones, la producción anual rondaría los $1.000 millones. Sin embargo, si se considera un canon del 10%, un escenario alto en términos internacionales, el país recibiría aproximadamente $100 millones anuales, mientras que el resto correspondería a la empresa minera”, resaltó Astorga.
Menciona que el país asumiría los costos ambientales y territoriales, mientras que la mayor parte de la renta económica se transferiría al exterior. En otras palabras, aunque el oro puede mover cifras millonarias en papel, su peso real en la economía costarricense podría ser acotado, mientras que los costos ambientales y sociales se quedarían en los territorios donde se ubican los yacimientos. El aporte económico no sería tan significativo en comparación con sectores clave para el país como el turismo, donde solo en 2024 se ingresaron más de $5.461 millones.
El debate sobre Crucitas enfrenta a Costa Rica con una pregunta incómoda: si en dos décadas el Estado no pudo controlar la minería ilegal en una zona específica, remediar la contaminación ni capturar rentas fiscales de los $370 millones exportados, ¿qué sugiere eso sobre su capacidad para regular concesiones multimillonarias?
La experiencia internacional muestra que el oro no es maldición ni bendición automática: países como Australia y Canadá lo aprovechan porque desarrollaron su institucionalidad primero, mientras que aquellos que intentaron el camino inverso enfrentan décadas de conflictos ambientales y sociales.
La Asamblea Legislativa deberá votar en los próximos meses si Costa Rica apuesta por legalizar la minería a cielo abierto en Cutris bajo un régimen especial. La forma en que se resuelva Crucitas será una prueba de la madurez institucional del país y de hasta qué punto es capaz de poner el interés público por encima del atractivo económico del metal.
Se le solicitó al Minae desde el 11 de mayo, vía correo electrónico, que brindara su posición sobre el tema; al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
