El próximo 1.° de mayo un nuevo grupo de diputados asumirá las 57 curules de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. El 10% de esos escaños será ocupado por exministros (incluido un exvicepresidente) de la administración Chaves Robles, quienes darán el salto del Poder Ejecutivo al Legislativo.
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Para cinco de los seis legisladores vinculados al continuismo, y que previamente encabezaron un ministerio o ejercieron la vicepresidencia, el cambio implicará una mejora en sus ingresos mensuales. La única excepción será Marta Esquivel, exministra de Planificación (Mideplan), cuya remuneración mensual disminuirá en ¢173.036 respecto al último monto devengado en el Ejecutivo.
Actualmente todos los diputados reciben una remuneración máxima mensual de ¢4 millones. Quien experimentará la mayor variación salarial al ocupar la curul será el exvicepresidente Stephan Brunner, con un aumento del 52,2%.
El Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa aclaró que para obtener la remuneración máxima es necesario que los diputados “asistan a la totalidad de las sesiones de los órganos legislativos durante el mes”; de lo contrario, la remuneración disminuye.
La mayoría de exministros que ahora integrarán la bancada oficialista renunciaron a sus cargos en enero y julio de 2025 para competir por una curul, objetivo que finalmente concretaron en las urnas.

De ¢2,9 millones a ¢4 millones
Durante su paso por el Ejecutivo, los ahora diputados electos percibieron salarios distintos, determinados por el esquema remunerativo bajo el cual fueron nombrados. Algunos se mantuvieron en el régimen compuesto —que incorpora diversos pluses salariales— mientras que otros estuvieron sujetos al esquema global establecido por la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
Brunner, por ejemplo, recibía un salario compuesto que equivale a la mitad de lo que dicta el esquema global de la Ley 10.159. Ingresar a la vicepresidencia antes del ajuste de la ley le hizo ganar millones menos, pero como diputado dejará atrás los ¢2,6 millones para alcanzar los ¢4 millones desde la curul.
El régimen compuesto fue aplicado a quienes ingresaron a la función pública antes de marzo de 2023. Posteriormente, las nuevas designaciones se rigen por el esquema global, que fija un monto único por puesto dentro del sector público, el cual puede resultar superior o inferior al salario compuesto, según el caso.
El exministro de Deportes Royner Mora percibía ¢3,1 millones mensuales, correspondientes a la plaza de director nacional de una institución pública. Aunque fue designado como ministro, no existe formalmente una plaza de ministro de Deporte; en su lugar, funge como director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Por su parte, la exministra de Educación Anna Katharina Müller percibía ¢3,7 millones bajo el esquema compuesto. Le seguía el exjerarca de Hacienda, Nogui Acosta, con ¢3,9 millones mensuales.
En el caso de la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, al cierre de edición el Ministerio no había remitido información sobre el último monto salarial que percibió. No obstante, al haber asumido el cargo desde el inicio de la actual administración, su remuneración se encontraba bajo el esquema compuesto, superior a ¢2,9 millones, aunque fue destituida medio año antes de la salida de Müller y Acosta.
Marta Esquivel era quien percibía el salario más alto del grupo: ¢4,17 millones bajo el esquema global. Con su incorporación al Congreso, su remuneración se ajustará al tope legislativo de ¢4 millones. No obstante, la reducción más significativa para ella se produjo tras dejar la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puesto desde el cual llegó a percibir hasta ¢3 millones adicionales respecto a su nuevo ingreso parlamentario.
El caso de Esquivel fue particularmente polémico, ya que se le pagó un salario cercano a ¢7,16 millones mensuales, superior al tope legal de ¢5,56 millones fijado para jerarcas públicos por la Ley de Salarios de la Administración Pública, diferencia que la Contraloría y Mideplan calificaron como sobresueldos ilegales y que ordenaron ajustar y recuperar junto con aguinaldo, salario escolar y cargas sociales pagadas de más.
Tras esa orden, la Junta Directiva de la CCSS acordó bajar el salario y promover un proceso de lesividad para cobrarle los montos considerados indebidos, mientras que Esquivel, lejos de aceptar la devolución, presentó una contrademanda en la vía contencioso-administrativa en la que reclama al menos ¢119 millones por diferencias salariales y daño moral, alegando que su remuneración respondía a la naturaleza y responsabilidad del cargo y no a un pago irregular.
Actualmente ambas partes mantienen un litigio abierto para que los tribunales definan si hubo o no sobresueldo y quién le debe dinero a quién.
Posible aumento
Si bien el tope actual de remuneración mensual para los legisladores es de ¢4 millones, monto que consiste en dietas y gastos de representación, a partir de mayo los nuevos legisladores podrían recibir un incremento.
La Administración de la Asamblea Legislativa planea aumentar la remuneración de los nuevos diputados. De momento, la consulta se gestiona ante el Departamento de Asesoría Legal “para determinar si procede aplicar un aumento en la remuneración de las diputaciones en el mes de mayo del presente año”, indicó la Gerencia General de la Asamblea.
El monto definitivo aún no se conoce y dependerá del criterio jurídico que emita la instancia correspondiente.
Más allá del debate sobre montos y esquemas salariales, el traslado de estos exjerarcas al Congreso evidencia cómo la transición entre poderes no solo redefine funciones políticas, sino también condiciones económicas.
