Tres magistradas y un magistrado se postularon para ocupar la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia: Damaris Vargas Vásquez, de la Sala Primera, y Patricia Solano Castro, Patricia Vargas González y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de la Sala de Casación Penal.
El Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial confirmó que las cuatro candidaturas se presentaron ante la Secretaría General de la Corte antes del cierre del plazo, a las 4:30 p. m. del lunes 12 de octubre.
La elección se realizará el 26 de octubre, en una sesión de Corte Plena que comenzará a las 8:30 a. m. Quien resulte electo necesitará al menos 12 votos y ocupará el cargo por cuatro años. Antes de la votación, las personas aspirantes expondrán sus ideas y propuestas de gestión institucional en un debate público.
Los perfiles publicados por el Poder Judicial muestran trayectorias distintas: experiencia en administración judicial y finanzas, dirección de la jurisdicción penal, formación académica y justicia restaurativa. Tres de las cuatro candidaturas provienen de la Sala Tercera; la de Damaris Vargas es la única de la Sala Primera.
Damaris Vargas Vásquez: vicepresidenta de la Corte y formación en finanzas
Damaris Vargas es magistrada de la Sala Primera desde enero de 2020. Su trayectoria judicial comenzó en 1990 como jueza de primera instancia y se desarrolló principalmente en la jurisdicción agraria, incluido el Tribunal Agrario, antes de llegar a la magistratura.
Asumió la Vicepresidencia de la Corte en enero de 2023. El 27 de enero de 2025 fue reelecta por unanimidad para un nuevo período de dos años. Sus antecedentes administrativos incluyen una década como integrante suplente del Consejo Superior y la dirección interina del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.
Es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en Derecho Agrario y posee una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su currículo también registra formación en administración y dirección de proyectos.
En el ámbito institucional, ha participado en la implementación de la reforma procesal agraria y en la coordinación de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental. Su perfil combina experiencia jurisdiccional con responsabilidades de gestión y preparación financiera.
Patricia Solano Castro: experiencia al frente de la Sala Tercera
Patricia Solano llegó a la magistratura en noviembre de 2018 y asumió la Presidencia de la Sala de Casación Penal el 22 de junio de 2020. También ocupó la Vicepresidencia de la Corte a partir de enero de 2019.
Su carrera judicial comenzó en 1988 y comprende labores en despachos de San Ramón, Cañas, Puriscal, Puntarenas y Alajuela. Entre 1998 y 2017 fue jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Es licenciada en Derecho y Notaria por la UCR. La reseña institucional de su nombramiento registra estudios de posgrado en Administración de Justicia en Derecho Penal, con enfoque sociojurídico, en la Universidad Nacional.
Según la integración oficial de la Sala Tercera, coordina la Comisión de la Jurisdicción Penal y la Subcomisión Nacional de Flagrancia. También integra la Subcomisión de Delincuencia Organizada y las comisiones de Construcciones y Emergencias. Su trayectoria reúne experiencia en el juzgamiento de causas penales y en la coordinación de esa jurisdicción.
Patricia Vargas González: especialización penal y formación judicial
Patricia Vargas González es magistrada propietaria de la Sala de Casación Penal. Antes de ocupar ese puesto trabajó como defensora pública, letrada de la Sala Tercera, jueza de juicio y jueza de apelación de sentencia penal.
Es licenciada en Derecho, Notaria y máster en Ciencias Penales por la UCR. Además, obtuvo un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España.
Su experiencia académica incluye docencia en la Facultad de Derecho y la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, así como en la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR y autora de publicaciones sobre derecho penal, procesal penal, constitucional y penitenciario.
Entre sus responsabilidades institucionales figuran la Presidencia del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y la coordinación de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil. También coordina el Grupo Especializado de Trabajo de Combate al Delito del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Su perfil combina experiencia en distintas etapas del proceso penal con funciones de formación judicial.
Gerardo Rubén Alfaro Vargas: justicia restaurativa, seguridad y tecnología
Gerardo Rubén Alfaro integra la Sala de Casación Penal desde 2019. Su reseña institucional lo identifica como abogado, máster en Derechos Humanos y egresado del doctorado en Derecho. También ha ejercido la docencia en universidades públicas y privadas.
Desde 2019 ocupa la rectoría de Justicia Restaurativa. En esa función ha dirigido la implementación de la Ley de Justicia Restaurativa en materia penal y penal juvenil, así como programas de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa.
Preside la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y coordina la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos. Su trayectoria incluye proyectos de cooperación internacional, mentoría judicial y mecanismos para promover la inserción social de personas jóvenes sujetas a sanciones penales.
También coordina las comisiones de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia, Seguridad y Enlace Corte-OIJ, e integra las comisiones de Tecnologías de Información y Empleo Público, entre otras. Sus responsabilidades abarcan mecanismos de resolución de conflictos, seguridad institucional y asuntos tecnológicos.
Cómo se elegirá a la nueva presidencia
Según el comunicado del Poder Judicial, la sesión del 26 de octubre incluirá un debate público y, una vez concluido, la votación comenzará inmediatamente. Todo el proceso podrá observarse en vivo mediante el Canal Judicial en YouTube.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia se realiza mediante votación pública. Los períodos son de cuatro y dos años, respectivamente, y ambas autoridades pueden ser reelegidas por períodos iguales. La disposición fue reformada mediante la Ley 10325, del 9 de noviembre de 2022.
La sesión normalmente corresponde dirigirla a quien ocupe la Vicepresidencia. Sin embargo, como Damaris Vargas es candidata, deberá presidirla la persona magistrada no postulante con mayor tiempo de servicio titular en la Corte. Si existe igualdad de tiempo, se utilizará como criterio el título más antiguo en el catálogo del Colegio de Abogados.
Las reglas del debate deberán acordarse entre las personas candidatas y quien lo dirija. Si no alcanzan un acuerdo, Corte Plena las definirá.
El procedimiento contempla hasta cinco votaciones en la primera sesión:
- Primero se realizarán tres.
- Si ninguna candidatura alcanza los votos necesarios, habrá un receso de al menos 20 minutos.
- Después del receso se efectuarán las dos votaciones restantes.
Podrán votar las personas magistradas titulares o suplentes que estén nombradas el día de la elección.
¿Qué ocurrirá si nadie obtiene 12 votos?
Si las primeras cinco votaciones no producen una elección, se convocará otra sesión una semana después, bajo el mismo procedimiento de debate y votación.
Durante esa semana, o incluso el día de la segunda sesión, podrán proponerse nuevas candidaturas. Quienes hayan participado en el primer debate no estarán obligados a repetirlo.
Si tampoco se logra elegir en esa segunda sesión, se convocará una tercera dentro de la semana siguiente. El procedimiento continuará de esa manera hasta que una candidatura alcance el respaldo requerido.
Por tanto, las cuatro postulaciones confirmadas constituyen la lista inicial de aspirantes, pero no necesariamente la definitiva si la elección se prolonga. El debate del 26 de octubre permitirá contrastar sus propuestas de gestión, más allá de los cargos y antecedentes que registran sus perfiles institucionales.
