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Los sistemas que conforman el primer pilar del sistema nacional de pensiones mantienen disparidades entre sí que impactan las edades de retiro y otros requisitos.

Pymes pueden implementar medidas para brindar seguridad al personal, a consumidores y a socios de negocios, obtener una auditoría y certificarse.

Algunas entidades como Ministerio de Hacienda, Banco Nacional, ICE, Contraloría General de la República y el Poder Judicial avanzan proyectos basados en esta tecnología.

Los dueños de las empresas constructoras deberán pasar al menos cuatro meses en prisión preventiva.

Esta será la primera vez en que la Corte Suprema de Justicia realice este tipo de consultas, afirmó el magistrado Fernando Cruz.

El incremento no se debe necesariamente a un acceso más amplio a la justicia por parte de la ciudadanía o de las empresas, sino más bien a una mayor judicialización de los conflictos por cobros de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros tipos de deudas.

Aunque a primera vista parece que el Poder Judicial se someterá a las acciones de ahorro en el pago de pluses salariales, existen dos caminos que podrían cambiar la aplicación de esta medida de ahorro.

Así, el futuro de esta disputa es de trascendental importancia para garantizar los efectos esperados de la reforma tributaria. Cualquier cambio que redefina que las acciones de ahorro en pluses se aplicarán únicamente –y como quiere la Corte– a los nuevos empleados, abriría la puerta para que otras instituciones tomen el mismo camino legal.

En su casa de habitación, con una vista panorámica de toda la Gran Área Metropolitana (GAM) y al calor de un café expreso; Aguilar conversó con EF sobre la pugna legal entre la Corte y la Contraloría General de la República (CGR) por el cumplimiento de las medidas de ahorro en salarios que impone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

Esta entidad recibió ¢39.614 millones para operar este año, que representan el 8,5% del total del presupuesto del Poder Judicial. Su tarea es defender a quienes no pueden pagar un abogado para enfrentar procesos penales o sociales.