Por: Agencia AFP.   10 abril

La Habana. La Asamblea Nacional de Cuba proclamó este miércoles su nueva Constitución, que sustenta un socialismo “irrevocable” aunque con aperturas al mercado, en momentos de creciente hostilidad de Estados Unidos por el apoyo de La Habana a Venezuela.

La Constitución se proyecta en la ruta de las reformas económicas que se aplican en la isla desde 2011, y reconoce el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera en la economía cubana. Foto: AP.
La Constitución se proyecta en la ruta de las reformas económicas que se aplican en la isla desde 2011, y reconoce el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera en la economía cubana. Foto: AP.

"Solo a ella y a Cuba nos debemos. Ella es nuestra voluntad", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en Twitter, muy temprano.

La Asamblea Nacional (Parlamento) fue convocada a una sesión extraordinaria para este acto símbólico, cuando se cumplen 150 años de la primera constitución de los movimientos independentistas contra la corona española.

"La Nueva Constitución es hija de su tiempo y refleja la diversidad de la sociedad. Deviene en un legado para las nuevas generaciones de cubanos", dijo el líder histórico Raúl Castro, primer secretario del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), en la apertura de la sesión, según la oficial Agencia Cubana de Noticias.

La sesión parlamentaria será transmitida en forma diferida por la televisión estatal, dos horas después de su comienzo. La prensa internacional no tuvo acceso al Palacio de las Convenciones, sede del acto.

La nueva carta magna, que sustituye a la de 1976, es el resultado de proyecto legislativo sometido a referendo popular y aprobado por el 78,3% del padrón electoral, cifra que el gobierno consideró una victoria, aunque lejos de la casi unanimidad lograda para aprobar a su antecesora.

La Constitución se proyecta en la ruta de las reformas económicas que se aplican en la isla desde 2011, y reconoce el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera en la economía cubana.

Actualmente unos 591.000 cubanos trabajan en forma privada, lo que representa el 13% de la fuerza laboral del país.

Pero mantiene al PCC como "fuerza superior" del Estado y la sociedad y le otorga un carácter "irrevocable" al sistema socialista que vive Cuba desde 1961.

Tras la proclamación, la nueva Constitución entrará en vigor después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República y abre un período legislativo de dos años, para emitir y adecuar las leyes complementarias.

La nueva ley fundamental de 229 artículos, prevé también un cambio de la estructura del gobierno.

Se restituyen los cargos de presidente de la República y primer ministro, ambos desaparecidos en 1976, cuando el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, se instituyó como primera figura del país.

En su discurso, Castro criticó el tono "cada vez más agresivo" de Estados Unidos pero advirtió que Cuba no dará marcha atrás: "no renunciaremos ni a uno solo de nuestros principios".

"Hemos hecho saber a la administración estadounidense que Cuba no tiene miedo y seguirá construyendo el futuro de la nación sin injerencia extranjera", dijo, citado por la prensa oficial.

Cuba mantiene su apoyo a su aliado Nicolás Maduro, presionado por Estados Unidos para que renuncie o sea derrocado. Washington ha sancionado a una treintena de embarcaciones que habitualmente transportan crudo venezolano a la isla.

Tras el histórico acercamiento entre Barack Obama y Castro en 2016, el gobierno de Donald Trump ha dado marcha atrás, arreciando las hostilidades contra la isla, y el mandatario estadounidense ha dicho que los días del socialismo "están contados" en Venezuela, pero también en Cuba y Nicaragua.

Su administración descalificó de inmediato el referendo cubano del 24 de febrero, que aprobó la Constitución. "Nadie debe ser engañado por este ejercicio, que no hace más que perpetuar el pretexto para la dictadura de un partido único del régimen", dijo el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en aquella ocasión.

Estados Unidos, que aplica un embargo contra la isla desde 1962, amenaza con activar desde mayo el capítulo III de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales federales de su territorio a compañías que se benefician de activos nacionalizados en Cuba después de la revolución de 1959.

Ya tiene en una lista negra a una serie de empresas cubanas, la mayoría de ellas vinculadas al comercio y turismo, administradas por las Fuerzas Armadas. Esta situación ha alarmado a los inversionistas, aunque Cuba garantiza estabilidad.

La administración Trump también canceló un acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, que habría permitido la migración legal de peloteros cubanos. Y tiene entre sus opciones la posibilidad de reincorporar a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo, lo que sería un duro golpe para la isla, que busca inversiones para estimular su economía.