EscucharTres tendencias coinciden hoy sobre las finanzas públicas de Costa Rica: la recaudación de impuestos pierde dinamismo, el pago de la deuda gana peso en el presupuesto y la inversión en campos como educación y obra pública retrocede. Ese cruce plantea una pregunta central para el Estado costarricense: ¿de dónde pueden salir nuevos recursos si existe un rechazo casi generalizado entre la población y los actores políticos a la idea de nuevos impuestos?
En este artículo, exploramos las principales opciones.
El ‘menú’
Cuando se habla de opciones para elevar los ingresos del Estado sin crear nuevos tributos, usualmente se mencionan las siguientes cinco propuestas:
— Exoneraciones
Para el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, un primer espacio de acción sería recortar exoneraciones que se consideren injustas o poco productivas.
La administración de Rodrigo Chaves ya presentó un proyecto para eliminar algunos beneficios tributarios que consideraba obsoletos, pero el Congreso lo rechazó y ahora —con una nueva mayoría legislativa— el gobierno de Laura Fernández podría retomarlo.
Entre los cambios planteados estaban eliminar las tarifas reducidas del IVA sobre los boletos aéreos y la comercialización de madera, así como establecer una tasa del 2% para la importación y venta de equipo médico y suprimir los beneficios para la importación de vehículos destinados al alquiler turístico.
La eliminación de exoneraciones, sin embargo, podría ser mayor. Lücke cree que también se podría revisar la tarifa reducida del 1% que hoy se aplica sobre la canasta básica de forma generalizada, llevando la tarifa de todos esos productos hasta el 13% general y compensando a los hogares más vulnerables mediante devoluciones.
“El arroz tiene hoy una tarifa del 1% del IVA, pero esa misma tarifa la paga una cadena hotelera para todos sus desayunos”, señaló. “¿Por qué un restaurante de lujo recibe el mismo trato que un hogar de bajos ingresos?”, cuestionó.
El planteamiento que hace el ministro ya había surgido durante el trámite de la reforma fiscal del 2018; sin embargo, había sido desechado por los legisladores de aquel entonces. Según las estimaciones más recientes del Ministerio de Hacienda, con corte al 2024, la tarifa reducida del IVA a la canasta básica le resta un aproximado de ¢500.000 millones anuales al fisco: casi el presupuesto completo del Poder Judicial en este 2026.
En años recientes también se ha planteado recortar otras muchas exoneraciones de gran alcance; sin embargo, ninguna idea se ha concretado hasta el momento. Entre otras opciones, se han mencionado los beneficios de los que gozan las rentas de las cooperativas, los premios de lotería, componentes salariales como el aguinaldo o el salario escolar, o hasta las empresas de zona franca.
“Ahí hay un montón de ingresos que están”, había dicho el viceministro Luis Molina en una audiencia legislativa a finales de 2025; pero reconoció que “son discusiones muy serias”.
— Control tributario
Otra vía para incrementar los recursos estatales es reducir la evasión fiscal y el incumplimiento tributario, que Hacienda estima en un 5,66% del PIB con datos hasta el 2021.
Para el ministro Lücke hay margen para mejorar, pero en gran parte se necesitan cambios legales.
En esa línea, el gobierno insiste en retomar el proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, que tampoco avanzó en la actual administración. La iniciativa planteaba varias reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; entre ellas, ampliar la responsabilidad de socios y administradores de personas jurídicas involucradas en esquemas de evasión, simplificar fiscalizaciones, endurecer sanciones y permitir el cobro administrativo de deudas.
“Es una reforma que los actuales diputados casi que ni vieron y que le daría mayores capacidades a la administración tributaria”, afirmó el ministro. “No puede ser que una empresa haga una importación en seis meses, después no pague impuestos y luego desaparezca; y que tampoco podamos conocer sus representantes legales o si la entidad era parte de otra empresa, por poner un ejemplo”, subrayó.
El 5,66% del PIB representa más de ¢2 billones anuales y cerca de un 40% de la recaudación total, por lo que incluso una mejora parcial puede ser significativa en las cuentas globales.
— Sinpe
Otro foco de evasión comúnmente mencionado es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), específicamente Sinpe Móvil, por donde se movieron ¢12,5 billones en 2025.
Hacienda no sabe cuánto de ese dinero corresponde a transacciones comerciales no declaradas.
Resolver esta situación es esencial, según el criterio de Fernando Rodríguez, quien fue viceministro de Ingresos entre 2014 y 2018, y actualmente trabaja en la Universidad Nacional (UNA).
“Se podría crear una declaración informativa, como ya existe para tarjetas, donde los bancos entreguen información que permita darle seguimiento a quienes mueven grandes volúmenes de dinero”, señaló en una reciente entrevista con EF; en la cual advirtió que la existencia de transferencias no declaradas “es obvia”.
Lücke coincide en el diagnóstico, pero advierte que el tema es sensible.
Según explica, se requiere acceso a información para identificar la magnitud del problema y explicarlo correctamente a la población, de modo que el asunto no se perciba como un nuevo impuesto generalizado sobre el Sinpe, sino como el cobro de una tasa que hoy es evadida solo por algunos de sus usuarios.
Otros exministros de Hacienda como Elian Villegas y Nogui Acosta también han reconocido la relevancia del asunto; sin embargo, los avances para su resolución han sido exiguos.
— Renta global
Los últimos dos gobiernos también plantearon reformar el pago de renta a un sistema global, con el fin de unificar los ingresos de cada contribuyente para calcular su impuesto de renta en un solo paso.
Este cambio podía provocar que algunas personas con ganancias múltiples tuviesen que pagar más impuestos por ellas; sin embargo, la iniciativa siempre se planteó con un impacto fiscal limitado y nunca logró reunir el apoyo político suficiente.
El nuevo gobierno de la presidenta electa Laura Fernández podría retomar la propuesta, pero todavía no se compromete con ella. Consultada en una conferencia de prensa, señaló que primero querría revisar la iniciativa antes de dar cualquier otro paso.
— Economía local
Más allá de los cambios tributarios, algunos economistas también apuntan a un problema de fondo más complejo: la debilidad de la economía local, sobre la que recaen la mayoría de los impuestos.
Sectores como comercio y agricultura son claves para la recaudación, pero han perdido dinamismo frente a las zonas francas, que lideran el crecimiento económico pero gozan de amplias exoneraciones. Según las estimaciones de Hacienda, los beneficios de las empresas en regímenes especiales superan los ¢700.000 millones anuales,
Según señaló el expresidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, en una reciente conversación con EF, el desafío es relativamente claro: “la economía doméstica es la base de la recaudación” y debe reactivarse.
Esa tarea podría requerir políticas más agresivas, financiamiento y otros incentivos, según añadió Rodríguez; pero sería esencial para sostener los ingresos fiscales en el largo plazo.
El dilema político y temporal
A pesar de que son múltiples, las vías para mejorar la recaudación fiscal son todas relativamente complejas de impulsar o de aplicar.
Recortar exoneraciones e incrementar el control tributario podría tener costos políticos, técnicos y económicos; mientras que la tarea de reactivar la economía local es un proceso que podría tardar años y cuyos efectos fiscales no tendrían por qué ser inmediatos.
En tanto, la estrechez presupuestaria es la única respuesta ante la falta de nuevos ingresos para un Estado grande y se traduce en servicios públicos con menor espacio para generar eficiencia.
