El Ministerio de Hacienda planea contratar una póliza de responsabilidad civil en el Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢248 millones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para cubrir al presidente de la República, Rodrigo Chaves, los vicepresidentes, ministros y viceministros.
La noticia la dio a conocer este viernes 25 de octubre el medio digital Crhoy.com y ha sido replicada por diversos medios.
El fin de esta póliza es evitar que esos jerarcas tengan que gastar sus recursos propios para enfrentar litigios o pagar sanciones por negligencia. Por ejemplo, con esta protección, financiada con fondos públicos, se podrán cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, entre otros rubros.
¿Cuál es la justificación?
El Gobierno respalda la intención de adquirir esta póliza con el argumento de que es necesaria para resguardar las decisiones o acciones de los jerarcas y para que el Estado cuente con herramientas para defender las mismas, proteger su imagen y el erario público, según publicó Crhoy.
“Es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no sólo el interés público sino a la ciudadanía”, indica el expediente en Sicop.
Según publicó el diario La Nación, esta contratación inició a mediados de julio, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes. El proceso aparece como “completado” y solo falta que el contrato quede en firme para su entrada en vigor.
¿Qué incluye?
La prima anual del seguro tiene un costo para el Estado de ¢248.391.706. Este cubre la responsabilidad civil del presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros hasta por $500.000. Los fondos para financiar la póliza provienen directamente del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
La vigencia de la póliza es anual con posibilidad de prórroga por 48 meses.
En total se cubren 65 puestos del Poder Ejecutivo, pero también protege a los jerarcas retirados por pensión o cambio de puesto.
Incluye varios rubros como costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas, gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos de enjuiciamiento, multas, sanciones civiles y más.
Se excluyen casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o materiales.
Reacciones
En Costa Rica es legal que funcionarios públicos acudan a pólizas de responsabilidad civil a título personal, según explicó a La Nación el abogado penalista Alfonso Ruiz. Sin embargo, en estos casos la póliza es costeada por fondos propios de cada funcionario.
En el caso de la póliza que pretende adquirir Hacienda, los recursos para sufragarla vendrían del propio presupuesto, es decir, de dinero público. Ruiz advirtió que usar recursos públicos para ese fin podría generar un beneficio indebido y hasta constituir los delitos de peculado o malversación de fondos, dependiendo de donde provengan los fondos.
Cuatro abogados consultados por el medio Crhoy coincidieron en que esta póliza debería ser cubierta por cada funcionario.
Los especialistas refieren al artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública (6.227),el cual indica que “será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”.
No obstante, el debate está abierto pues el artículo 201 de la misma ley establece que “la Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley”.
El tema empieza a generar cuestionamientos en la Asamblea Legislativa. El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, mencionó dicha ley como argumento para defender que cada jerarca debe cubrir su propia póliza y aseguró que la compra de la póliza de la forma planteada podría ser ilegal, en declaraciones dadas al Semanario Universidad.
Crhoy agregó que los diputados preparan una investigación por este caso.
El presidente Chaves acumula 60 investigaciones abiertas en el Ministerio Público. De ellas, siete ya tienen solicitud de desestimación y nueve se acumularon a expedientes que ya estaban activos, porque trataban cuestiones similares. En otras palabras, existen 44 casos activos.
