El alcance de las autoridades financieras de Estados Unidos traspasó las fronteras marítimas y terrestres para fijar su objetivo en una estructura económica radicada en el Caribe costarricense. La mañana de este martes 20 de enero de 2026, la dinámica comercial de un grupo familiar y sus socios cambió radicalmente tras una orden emitida desde Washington.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense oficializó la inclusión de nueve objetivos costarricenses en su lista de sancionados. Esta designación no es un simple señalamiento administrativo; implica la muerte financiera de los involucrados dentro del sistema bancario internacional que tenga vínculos con EE. UU.
Las sanciones se dirigen específicamente contra una red liderada por Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como alias “Shock”, y su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, alias “Noni”.
Junto a ellos, el gobierno estadounidense designó a Tonny Alexander Peña Russell, alias “La T”, un nombre que ha resonado en los expedientes judiciales por su presunta vinculación con estructuras de sicariato y operaciones de narcotráfico en la provincia de Limón.
Según el documento oficial emitido por la OFAC, esta organización es señalada como “responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarla en Costa Rica y, posteriormente, transportarla hacia Estados Unidos y Europa”.
La medida del Tesoro también alcanzó al círculo familiar más cercano de alias “Shock”. Estefanía McDonald Rodríguez, esposa del líder, y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, su suegra, fueron incluidas en la lista negra por su participación en el esquema financiero del grupo.
De acuerdo con el Ministerio Público, ambas mujeres “utilizaron sus negocios para lavar dinero a favor de Shock”. Las autoridades estadounidenses identificaron una serie de empresas fachada que operaban bajo apariencia de legalidad en el sector comercial limonense.
A las cinco personas sancionadas se les suman cuatro empresas. Entre las entidades sancionadas figuran la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A.
Bloqueo total de activos
Las sanciones impuestas activan un protocolo inmediato de congelamiento de bienes. La Fiscalía informó que “todos los bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses, quedan bloqueados”.
El alcance de la medida aplica la regla del 50%, la cual dicta que también “se bloquean las entidades que sean propiedad, directa o indirecta, individual o conjunta, en un 50% o más de las personas designadas”.
En el caso específico de Tony Peña Russell, la agencia federal justificó su sanción al determinar que fue designado por “haber proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en respaldo de las actividades de Picado Grijalba”.
La investigación norteamericana profundizó en los roles individuales de los familiares. Sobre Anita Yorleny McDonald Rodríguez, madre de la esposa de “Shock”, la OFAC señaló puntualmente que se encargaba de “notarizar transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno”.
Esta acción es el resultado de una operación conjunta entre agencias de ambos países. La OFAC destacó que la medida “refleja la culminación de una investigación coordinada dirigida por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”.
En el operativo participaron la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en San José y Dallas, junto con la Fiscalía General de Costa Rica, la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, reaccionó al anuncio validando la cooperación transnacional. “Estas sanciones confirman la solidez del trabajo articulado que realizan la DEA, la Fiscalía y la policía judicial en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó el jerarca.
Díaz agregó que las “acciones proactivas de nuestras autoridades han sido determinantes para desarticular estructuras criminales” que operan con alcance internacional desde suelo costarricense.
La designación de la OFAC obliga a los ciudadanos y empresas estadounidenses a reportar cualquier bien relacionado con estos individuos, cerrando el cerco económico sobre la organización delictiva.
