En medio de críticas y mensajes de apoyo. Así recibieron los diputados el informe de medidas que presentó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, para la contención del gasto público.
Tras la presentación fracciones legislativas se dedicarán a realizar consultas a la jerarca y a analizar con lupa las soluciones que se presentaron para tratar de reducir el impacto que tiene el déficit fiscal sobre la economía nacional.
Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), comentó que la bancada analizará el plan de Hacienda y alegó que las medidas se quedaron cortas.
“Creo que se queda corto para lo que tiene que darse verdaderamente, no creemos que con lo que plantea la Ministra se pueda llegar a 1,6% que se requiere. Me preocupa que mucho está (enfocado) en el salario del sector público y eso me preocupa pero vamos analizarlo”, afirmó Avendaño.
La bancada esperaba recortes más sustantivos en publicidad, asesorías y viajes, ya que es ahí donde se gastan “rubros fuertísimos” según comentó el jefe de fracción.
Por su parte el Partido Liberación Nacional (PLN), que exigió al Poder Ejecutivo un paquete de medidas sustantivas para el control del gasto público, considera que la ministra presentó un plan serio y con medidas que pueden ser cuantificables.
“Doña Rocío ha hecho una puntualización de cuáles son los impuestos que el gobierno quiere pedir, creo que eso es importante. Tenemos claro que el Gobierno ha escogido cuáles son los aspectos de orden impositivo que deben de estar en el proyecto 20.580 y tomamos nota de eso”, indicó Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción verdiblanca.
En cuanto al apoyo que la Ministra solicitó al Poder Legislativo para aplicar cambios a la ley de empleo público, Benavides aseguró que la fracción se la tomará con la mayor seriedad del caso.
Los aumentos de salario por debajo de la inflación es una de las principales preocupaciones para José María Villalta diputado del Frente Amplio.
“Donde queda debiendo la señora Ministra es con medidas para el combate del fraude fiscal y la evasión en el país. Las medidas que tienen que ver con afectar los salarios o los ingresos de los trabajadores son súper específicas y detalladas pero no vimos ninguna medida concreta para el combate del fraude fiscal y la evasión. De hecho la palabra impuesto sobre la renta no aparece en el discurso”, comentó Villalta.
Por su parte, la bancada socialcristiana considera que el Ejecutivo pudo hacer un esfuerzo mayor. Criticó el recorte de 30% en gastos de publicidad y considera que en ese aspecto puede haber un recorte mayor de hasta 70%.
“Me parece que tenemos que volver a revisar artículos que fueron eliminados, para poder llegar también a instituciones autónomas. El esfuerzo del Gobierno Central es importante, pero esto también hay que llevarlo a las instituciones autónomas, para que tenga un impacto en lo que el país requiere”, explicó Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El socialcristiano considera que si el Gobierno es responsable en exponer el gasto y pedir herramientas, el Poder Legislativo tiene la obligación de brindar el apoyo. Aunque considera que el éxito es que la carga esté justamente repartida.
Para la fracción oficialista la posición de la ministra de Hacienda fue contundente.
“La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) acompaña a la ministra y al Gobierno en estas medidas. Lo que toca ahora es que nosotros, en la Asamblea, hagamos nuestra parte y nos aboquemos, lo más pronto posible a trabajar en las leyes que correspondan”, afirmó Víctor Morales, jefe de la fracción rojiamarilla.
Según Mora, las medidas no implica afectar temas sociales, salariales o puestos de trabajos del sector público.
Algunas de las medidas que presentó la jerarca de Hacienda para el control del gasto público son: el crecimiento del 0% para el presupuesto del 2019, reducción del incentivo de dedicación exclusiva, fija la anualidad como un monto fijo y no como un porcentaje salarial, así como la implementación de un nuevo esquema salarial.
Con estas medidas se lograría reducir el déficit fiscal entre 1,6% y 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
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